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Con un bloqueo y denuncias de lock-out, vuelve el conflicto a Cresta Roja de Echeverría PDF Imprimir E-mail
Escrito por Redacción   
Viernes, 21 de Abril de 2017 03:36

Trabajadores de la empresa avícola están apostados desde el miércoles frente a la planta de Echeverría, luego de que no se les permitiera el ingreso a sus puestos laborales. Afirman que se trata de “una nueva extorsión” de la patronal para no pagar las indemnizaciones adeudadas y alertan que desde allí “agitan el fantasma del cierre”. Los lazos de la nueva empresa gerenciadora con el gobierno nacional.

 

Por varios motivos, el conflicto en Cresta Roja, la empresa avícola con dos importantes plantas en Esteban Echeverría y Ezeiza, es un símbolo de las dificultades laborales que vive el país durante la presidencia de Mauricio Macri.


Apenas asumió, el Jefe de Estado se acercó a la firma, luego de una larga pelea que incluyó represión policial. La puesta en funcionamiento de las sedes fue vista como un triunfo del oficialismo, pero el nuevo gerenciamiento no termina de arrancar. En ese marco, esta semana otra vez los trabajadores protestan frente a una de las sedes, en esta oportunidad denunciando lock-out patronal.


El conflicto comenzó el miércoles pasado, cuando en la planta 2, ubicada en Esteban Echeverría, los trabajadores no pudieron ingresar. Según su relato, el cierre abrupto se dio en medio de los reclamos por el pago de lo adeudado por Cresta Roja. Es que, actualmente, la firma está gerenciada por un grupo de empresas cuyo control fue entregado por la Justicia, que determinó la quiebra de los viejos dueños.


“Esto es un lock-out patronal, una nueva extorsión de los empresarios para no pagar lo que se le debe a los trabajadores”, aseguró uno de los delegados, consultado por Política del Sur. Según narró, los nuevos dueños “agitan el fantasma del cierre, para intentar evitar pagar las indemnizaciones y salarios caídos, que fue un compromiso asumido ante la Justicia para poder operar las plantas”.


En estos momentos, la planta 2 está bajo administración de Proteinsa, una firma que ganó en octubre pasado la licitación, bajo el compromiso de pagar unos 121 millones de dólares. Lo que parecía ser el final de un largo proceso, volvió a quedar en el camino, ya que el nuevo conflicto siembra dudas respecto del futuro de la compañía y sus empleados.


“Después de incumplir las instancias formales, la empresa sigue sin pagar la indemnización. Ya con fechas vencidas y postergadas muchas veces, los empleados de Cresta Roja decidimos trabajar a reglamento”, informó un delegado. La medida comenzó el lunes pasado, hasta que el miércoles se cerraron las puertas de la planta.


Según acusan los delegados, la empresa argumenta que “no le sirve la mitad de la producción y tomó esa decisión”. Por su parte, los obreros decidieron mantener el bloqueo del lugar.


Los lazos de los nuevos gerenciadores con el gobierno de Mauricio Macri salieron a la luz en medio de la nueva polémica. Según pudo saber Política del Sur, Proteinsa S.A. está conformada por tres empresas. Una de ellas, el grupo Lacau, está dirigida por Julio Prat Gay, primo hermano de Alfonso, ex ministro de Economía, quien estaba en ese cargo cuando se entregó la licitación. Otra de las firmas que forma el consorcio es Ovoprot, la cual está dirigida por dos compañeros de colegio del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Y la tercera firma es Tanacorsa.


Por el momento, los trabajadores resisten en la puerta de la planta y prometen “seguir con la medida de fuerza a la espera de respuesta” por el cobro de la indemnización adeudada. “Queremos trabajar y que cumplan con lo pactado en los pagos y que abran el turno tarde para que entren los compañeros no reincorporados “, finalizaron.