La Justicia de Lomas de Zamora archivó "una causa armada" contra una funcionaria judicial que había sido víctima de un "acta de procedimiento trucha" redactada por efectivos de la Policía Bonaerense que trabajaban en Monte Grande, y que dio origen a una verdadera pesadilla.

Emiliana Casiraghi, secretaria de los Tribunales de Lomas, se decidió contar su historia luego de más de dos años de mantenerse en silencio, al ser injustamente imputada por graves delitos que se fueron desestimados gracias a las pruebas que demostraron su inocencia. En el medio, sufrió varias amenazas, con mensajes mafiosos que recibía en su vivienda, de parte de agresores anónimos, y que le quitaron el sueño a ella y a su familia.

Todo comenzó el 23 de agosto del 2022, cuando la mujer llamó al 911 para alertar a las autoridades sobre la presencia de un grupo de personas en estado de ebriedad, que provocaban disturbios en la cuadra de su casa y agredían a los vecinos, a quienes les orinaban la vereda, y les impedían el paso. Sin embargo, la llegada de los funcionarios policiales, lejos de brindar una solución, solo empeoró la situación.

"Ellos (los policías) estaban viendo que los tipos estaban agresivos, conmigo y con los vecinos, que me amenazaban con romperme el auto, y que incluso a uno le salía espuma de la boca", recordó la protagonista, en diálogo con Política del Sur.

Según consta en la falsa denuncia, por la que se imputó a Casiraghi de "usurpación de autoridad", "incumplimiento de sus deberes de funcionario público" y "coacción", la mujer habría actuado de manera violenta, ordenado y discutido con los uniformados. No obstante, esto fue desestimado por la UFI 8 de Lomas, que intervino en el caso y descartó cualquier actitud inapropiada, y que se haya extralimitado en su rol.

"Dos meses después me llega una notificación para que me presentara en febrero en una fecha a notificarme el artículo 60, y una semana después me llaman a indagatoria a mí. En ese momento se me vino el mundo abajo, porque me di cuenta de qué se trataba, y de lo que me había hecho la policía", remarcó.

La actitud de los funcionarios policiales de negarse a identificar a los sospechosos y llevarlos a la comisaría por una evidente contravención en la vía pública, respondería a un conflicto previo con la vecina, comprometida con exponer los constantes hechos de inseguridad y la ausencia de presencia policial en los lugares más problemáticos.

A pesar de que la funcionaria judicial se vio involucrada en un hecho delictivo que no había cometido, eso no fue lo peor que tuvo que soportar en los últimos años, donde, además de episodios delictivos sufridos por su entorno familiar, también reportó mensajes amenazantes de personas desconocidas, pero que por su modus operandi, respondía a prácticas mafiosas.

Casiraghi también denunció a efectivos de la Policía Bonaerense que trabajan en Esteban Echeverría por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". La denuncia fue realizada en el área de Asuntos Internos, aunque hasta ahora, no se habrían tomado medidas contra los acusados, que siguen inmunes, y cumpliendo funciones en otra jurisdicción, a pesar de la grave acción que cometieron.

"Tuve ataques de pánico, ansiedad, mi mamá también la pasó muy mal, tuvo picos de presión. Esta situación me costó mucha salud mental, y recién ahora respiro un poco, pero igual siento que tampoco se hizo justicia", señaló Casiraghi a este medio. "El incumplimiento de los deberes de funcionario público fue de ellos, pero me imputaron a mí", agregó.

"Me ensuciaron a mí, y ellos no están viendo las consecuencias, y el hecho de que archivaran el expediente, me dejó más tranquila, pero también me shockeó. Yo seguí trabajando y dando todo de mí, pero le hicieron muy mal a mi familia", concluyó.