viernes 26 de abril de 2024 - Edición Nº1969

Lomas de Zamora | 6 ago 2021

Continúan las repercusiones

La oposición local coincidió en manifestar su repudió a los violentos incidentes en el intento de toma de Municipio

Tanto Juntos como la UCR han cuestionado la violencia que se desencadenó en el edifico municipal. El espacio que responde a Diego Santilli denominó a lo sucedió como “violencia política a las instituciones de la democracia”, mientras que los radicales focalizaron en que esto se generó por “la forma inequitativa con la que se distribuye la ayuda social desde el Estado y el Gobierno de Martín Insuarralde”.


Por: Candela Toledo

Todo el arco político, sobre todo a nivel local, ha manifestado su visión respecto al intento de toma del palacio municipal de Lomas de Zamora. Por un lado, los radicales que responden a la lista de Facundo Manes, han publicado un comunicado donde se solidarizan con los trabajadores municipales que se vieron afectados y consideraron que los incidentes “reflejan una realidad que por años se ha mantenido en el municipio”.

“La situación se generó por la forma inequitativa en que se distribuye la ayuda social desde el Estado y la gestión de Martín Insaurralde. Esto provocó la insatisfacción de los movimientos sociales”, explicaron en el comunicado.

Esto va en consonancia con lo que la presidenta de la UCR de Lomas, Selva Valdez, expresó a Política del Sur quien también consideró que “lo que pasó fue producto del manejo inequitativo que se haca desde el Municipio respecto a los planes sociales”. Asimismo, señaló que “hay una situación real y es que la gente en general está padeciendo la crisis económica y con ello, en la mayoría de los casos, el desempleo”.

“Hay barrios que están viviendo muy mal, esto también se combina con la mala distribución de los planes sociales que el oficialismo municipal hace a aquellos sectores amigos”, apuntó y remarcó que como partido repudian “todo tipo de violencia”. En esta línea, sostuvo que el reclamo de los manifestantes “es genuino porque las necesidades están” y señaló a Política del Sur que “esto demuestra la realidad de los municipios del conurbano, no solo en términos de necesidades sino también de violencia”.

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Por su parte, Graciela Andrada volvió a solidarizarse con los trabajadores municipales. A su vez, remarcó que no comparte las declaraciones del jefe de Gabinete, Martín Choren, y calificó al accionar de la policía como una “brutal represión”.

Entiendo la posición del jefe de Gabinete, es una persona de dialogo y me llama la atención de que no hayan podido detener a este grupo de personas antes de salir a reprimir de forma violenta. Hubo balas de gomas. Hubieran accionado como corresponde, evitar este conflicto y poder llegar al diálogo con los representantes sin necesidad de terminar así”, explicó a PDSur.

En este sentido, Andrada señaló que “no todos los que estaban movilizando fueron a violentar, en parte fueron a pedir, en un momento de crisis como el que estamos viviendo, más recursos”.

 

“Juntos” repudió los hechos

Gustavo Ganchegui, actual edil y precandidato a concejal, le manifestó a Política del Sur que personalmente “repudia los hechos de violencia acontecidos en la Municipalidad”. En este sentido, consideró que si bien “hay una situación de fondo que es legítima, la violencia nunca debe ser el medio para plantearlo”.

“Estos hechos no son aislados, vienen sucediendo en distintos municipios a la par del deterioro de la situación económica y social. Espero que a futuro tanto del Estado municipal como desde las organizaciones sociales prime el diálogo”, manifestó el edil a PDS.

Su bloque que responde a la lista de Diego Santilli manifestaron su repudio a “la violencia política de las instituciones de la democracia” y resaltaron que “la política debe ser el puente de encuentro entre la sociedad y el Estado”. Sin embargo, remarcaron que “la ausencia de diálogo de la Municipalidad de Lomas de Zamora ha provocado estos lamentables incidentes”.

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Y al finalizar, solicitaron la intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la provincia de Buenos Aires “a que convoque a las autoridades municipales y a los representantes de quienes legítimamente reclaman ser esucchados”.

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