La investigación sobre la red de médicos truchos que operaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires sumó un elemento que compromete a profesionales de la salud matriculados, sospechados de prestar sus sellos a cambio de dinero.

Las autoridades judiciales no descartan que algunos habrían facilitado sus nombres, números de matrícula y sellos a cambio de pagos periódicos, recursos que luego eran utilizados para dar apariencia de legalidad a prestaciones realizadas por personas que no contaban con la habilitación correspondiente.

El mecanismo habría permitido respaldar historias clínicas, validar diagnósticos y firmar recetas como si hubieran intervenido profesionales habilitados. De esta manera, la estructura investigada no solo habría recurrido a personas que simulaban ser médicos y enfermeros, sino que también habría contado con credenciales profesionales para sostener documentalmente la actividad.

El caso se encuentra bajo investigación de la UFI 1 descentralizada de Florencio Varela, a cargo del fiscal Darío Provisionato, con intervención del Juzgado de Garantías 8 del Departamento Judicial Quilmes. La causa contempla presuntos delitos de ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre, usurpación de títulos u honores, asociación ilícita y estafa al Estado nacional.

Según los investigadores, la organización utilizaba como fachada una empresa privada de asistencia médica y traslados. A través de esa estructura habría conseguido prestar servicios vinculados con obras sociales como PAMI, IOMA y OSUTHGRA.

Sin embargo, parte de las atenciones investigadas habrían sido realizadas por choferes y acompañantes que se presentaban como médicos o enfermeros sin contar con las condiciones legales necesarias para ejercer esas funciones.

En ese contexto, las matrículas y los sellos de profesionales habilitados habrían servido para completar la documentación vinculada con las prestaciones. La Justicia busca establecer quiénes habrían participado de ese mecanismo, qué documentación se confeccionó y cuál fue el alcance de las maniobras investigadas.

Escuchas y ambulancias bajo sospecha

La investigación reunió más de 30 mil horas de escuchas telefónicas, obtenidas mediante la intervención de 13 líneas. Ese material fue analizado junto con información de antenas, geolocalizaciones y tareas de seguimiento para reconstruir el funcionamiento de la organización.

De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, algunas conversaciones registraron instrucciones telefónicas para realizar procedimientos médicos, incluso suturas de heridas abiertas, durante asistencias en ambulancias. Los investigadores sospechan que esas tareas eran efectuadas por personas que no tenían los conocimientos ni la habilitación profesional necesarios.

La estructura contaba con siete vehículos identificados como ambulancias. Durante los allanamientos también fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, medicamentos, instrumental médico, recetarios y decenas de sellos profesionales e institucionales, elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Investigan el circuito de facturación

Además de la presunta falsificación de la apariencia profesional de las atenciones, la Justicia investiga posibles maniobras de facturación fraudulenta y sobreprecios por prestaciones médicas que no se habrían realizado o que habrían sido brindadas por personal sin la calificación correspondiente.

El expediente también apunta a la posible utilización de documentación contable y sociedades para encubrir el circuito del dinero. Los investigadores deberán determinar cómo se facturaban los servicios, qué montos se cobraron y qué participación habría tenido cada uno de los involucrados.

El megaoperativo realizado en distintos puntos del AMBA terminó con nueve detenidos y otras 20 personas aprehendidas, según los reportes oficiales difundidos. La investigación continúa para establecer las responsabilidades individuales y el alcance de la presunta maniobra.