Una serie de escuchas telefónicas incorporadas a una investigación judicial expuso la gravedad de las presuntas irregularidades cometidas por una organización que brindaba servicios de emergencias médicas con personal sin la habilitación profesional correspondiente.

La red, que tenía su base operativa en Florencio Varela, pero que operaba en distintos puntos del AMBA, habría utilizado ambulancias privadas como fachada para atender pacientes y facturar prestaciones a obras sociales como PAMI, IOMA y OSUTHGRA.

Uno de los aspectos más delicados del expediente es el contenido de las comunicaciones entre integrantes de la estructura. Según información publicada sobre la causa, en algunas conversaciones se consultaba qué medicamentos administrar a pacientes y se daban instrucciones para realizar procedimientos médicos, pese a que quienes debían atenderlos no contarían con la formación necesaria.

La investigación derivó en un operativo con casi 40 allanamientos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el procedimiento inicial se informó que hubo nueve detenidos y otras 20 personas aprehendidas, mientras la Justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Consultas por medicamentos y pacientes con cuadros graves

Entre los diálogos que trascendieron aparece la consulta de una persona que le pide a un interlocutor que averigüe qué medicamento podía indicarle una supuesta médica a un paciente: “Fijate qué medicamento le puede dar”.

La conversación refleja las dudas que habría dentro de la propia estructura respecto de las decisiones que debían tomarse durante algunas atenciones.

Otro de los episodios mencionados en la investigación está relacionado con un paciente que presentaba una saturación de oxígeno del 66%, un registro que motivó una discusión sobre la necesidad de trasladarlo. También se describieron comunicaciones sobre una persona con una herida que podía requerir sutura.

En ese caso, las conversaciones habrían incluido indicaciones para realizar puntos en una lesión. Las autoridades investigan si estas prácticas se llevaron adelante sin los conocimientos, los recursos y las condiciones de seguridad necesarias.

Los investigadores analizaron miles de horas de comunicaciones y cruzaron esos datos con información de antenas telefónicas y geolocalización para reconstruir los movimientos y la organización interna de la red.

Ambulancias privadas y personal que simulaba ser profesional

Según la pesquisa, la organización habría montado una empresa de asistencia médica y traslados para conseguir contratos vinculados con obras sociales. La estructura contaba con siete vehículos ploteados como ambulancias, cuyos choferes y acompañantes presuntamente simulaban desempeñarse como médicos o enfermeros.

Los investigadores sospechan que algunos integrantes cubrían turnos de 12 y hasta 24 horas, pese a no contar con la preparación requerida. También señalaron que profesionales matriculados habrían facilitado sus nombres, números de matrícula y sellos a cambio de pagos, elementos que luego se habrían utilizado para respaldar historias clínicas, diagnósticos y recetas.

La investigación también apunta a las condiciones de los vehículos y al equipamiento disponible para las emergencias. De acuerdo con los reportes del caso, las ambulancias no habrían contado con los elementos correspondientes a las prestaciones que supuestamente ofrecían.

Estafas a obras sociales

Además de las sospechas por el ejercicio ilegal de la medicina, la causa investiga posibles maniobras de fraude mediante la facturación de servicios que no se habrían realizado o que habrían sido prestados por personal sin la calificación correspondiente.

Los investigadores también analizan la presunta emisión de facturas apócrifas, el cobro de sobreprecios y el uso de sociedades pantalla, contratos simulados y documentación contable para disimular el origen de los fondos.

La causa está a cargo de la UFI 1 descentralizada de Florencio Varela, con intervención del fiscal Darío Provisionato y del Juzgado de Garantías N.º 8 del Departamento Judicial Quilmes. La causa investiga presuntos delitos de ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre, usurpación de títulos u honores, asociación ilícita y estafa al Estado nacional.