El sector de la discapacidad fue golpeado con dureza por la administración libertaria y frente al retiro del Estado nacional, reclaman que los gobiernos locales tomen el guante y acompañen. Juan Cruz San Martín, abogado especializado en discapacidad, habló puntualmente de Esteban Echeverría.

En diálogo con el streaming de Polítca del Sur, el letrado destacó que es una “minoría muy grande vulnerable y vulnerada de manera permanente”. “En materia de discapacidad, como en muchos otros sectores, venimos retrocediendo bastante hace unos tres años”, aseguró, al tiempo que alertó sobre “golpes permanentes y cada vez más duros”.

“Ante el retiro del Estado nacional del cumplimiento de los derechos, la Superintendencia, que no funciona, y el Fondo, que ralentiza las cosas, hay muchos municipios que entienden la situación tan difícil que atraviesan las familias, que en general son monomarentales. Tenemos que ver si podemos traccionar que los municipios acompañen a las personas con discapacidad, en serio”, reflexionó.

Recordó que en un reciente contacto con el área de Desarrollo Social de Moreno, distrito que es gobernado por Mariel Fernández, pudo averiguar que hay un “sector intersecorial “que reúnen todos los rincones que trabajan con la discapacidad”. “Cuando empezaron el tema (de revisión) de las pensiones, fue una masacre. Pusieron a disposición toda la Junta Evaluadora e incrementaron la cantidad de profesionales. En 10 días tenían todo renovado”, apuntó.

Asimismo, el referente social y militante de los derechos de las personas con discapacidad remarcó que Lomas de Zamora tiene Agencia de Discapacidad, cuyo referente es Mauro Stefanizzi, impulsor de la Ley de Electrodependientes, que plantea un servicio gratuito para las personas que dependen de la electrividad para vivir a partir de un registro, que también sintió el paso de la motosierra.

“En Esteban Echeverría no tenemos nada de eso”, aseguró, al tiempo que valoró el trabajo de la directora de la Coordinación de Discapacidad. “Ella de verdad da todo lo que tiene, con su equipo, pero es insuficiente. El problema no es de la persona que está a cargo de la coordinación, hace falta otra estructura para acompañar de verdad a las familias de las personas con discapacidad”, consideró.

Explicó, asimismo, que los turnos para renovar certificados de discapacidad demandan entre cinco y seis meses. En ese lapso, se vencen y las obras sociales dejan de pagarle a los centros, con lo cual se resiente la calidad de vida de la persona. “Antes, cuando el Estado nacional no se había retirado, decía mientras esté el turno pedido, no había problema y la cobertura se extendía porque la discapacidad no desaparece por una cuestión administrativa”, remarcó.

Sobre la problemática a nivel local, el letrado aseguró haber conversado a comienzos del año pasado con el intendente Fernando Gray. “Necesitamos que la Junta Evaluadora se descentralice aún más para que no pasen estas cosas. Esto se resuelve con un par de profesionales que ya están bajo la órbita local y si no están, que los incorporen”, reclamó.

Finalmente, hizo referencia a un proyecto que estaba delineándose pero se desarmó con la llegada de Milei. “La Junta Evaluadora pertenece a los gobiernos locales, la Provincia no tiene facultades vinculantes. No significa que no lo hayamos propuesto, creo que tiene haber una suerte de servicio local, provincial, en cada distrito”, sostuvo.