El colectivo de discapacidad realizó el miércoles una movilización en las afueras del Congreso de la Nación para reclamar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, mientras dentro del recinto la Cámara de Diputados debatía la prórroga de la ley para regularizar la situación de las pensiones y prestaciones.

En diálogo con Política del Sur, Daniel Ramos, miembro de la organización del Foro Permanente de Discapacidad, dio más detalles sobre la situación actual de las personas con discapacidad y sus familias. Explicó que la ley incluye tres puntos fundamentales que el Gobierno no estaba cumpliendo: la actualización de los valores prestacionales para aquellas personas que requieren prestaciones permanentes por su discapacidad, la actualización de las pensiones y la posibilidad de entregar nuevas y por último, la situación de los trabajadores con discapacidad que están en talleres protegidos y deben cobrar el 70% de un salario mínimo como un apoyo del Gobierno. 

“El argumento siempre es que no había dinero para pagar discapacidad”, señaló Ramos. En ese marco, la Ley de Emergencia le permite al Ejecutivo que reasigne partidas y destine los fondos correspondientes a cada uno de los puntos mencionados. “En este caso el Legislativo consideraba que no se debía poner en ajuste a las políticas de discapacidad. Las leyes ya estaban, no es que no están. Lo que pasa es que dicen que no hay recursos para esto”, cuestionó el referente.

Asimismo, sostuvo que aún con la emergencia en discapacidad vigente, la situación del sector está “peor” que en el 2025, sobre todo para quienes necesitan mayor atención. Recordó que en la provincia de Buenos Aires se retiró la entrega de medicación a las personas del programa Incluir Salud de los hogares. “Se juntan fondos por donde sea para poder darles alimentación, medicación, compra de pañales. Las pensiones se acumulan, no se están entregando prácticamente”, detalló Ramos, la tiempo que mencionó que cuestiones como los aranceles de los prestadores sí se están actualizando por IPC a partir de este año.

Siguiendo con lo anterior, comentó que además las obras sociales también están retrasadas en los pagos a los prestadores. “Sabemos que muchas están con una situación muy endeble y no vemos que vaya para mejor”, lamentó. Del mismo modo, sostuvo que las obras sociales aportan a un fondo solidario de redistribución que permite que algunas prestaciones de alto costo sean cubiertas por ese fondo. “Lo que estamos viendo desde distintas organizaciones es que ese fondo está desfinanciado porque se han bajado los aportes”. Sumado a esto, destacó que “hay menos trabajadores que hacen aportes” debido a los despidos y el trabajo autónomo.

Por último, destacó que se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que se determine cuál es la canasta básica de una familia que tiene algún miembro con discapacidad. “Uno toma el IPC, toma ciertos indicadores, pero para las personas con discapacidad los costos son mayores. Son cuestiones a considerar, el tema es si hay una mirada que atienda las necesidades de la gente con un criterio inclusive de justicia y de posibilidad”, sostuvo Ramos.