jueves 30 de mayo de 2024 - Edición Nº2003

Gremiales | 8 sep 2023

ANÁLISIS

Avaricia empresarial: No quieren pagar el bono salarial pero ganaron millones

Según un estudio del Centro CIFRA, deben usar el 1,2 por ciento de la transferencia de ingresos que lograron en estos años. Pese a esto, se alinean con discursos opositores, que prometen más beneficios. Sergio Massa toma nota y busca sumar a los gremios a su campaña.


Por: Diego Lanese

El bono salarial de 60 mil pesos generó una insólita interna en el oficialismo, ya que muchos gobernadores e intendentes se negaron a sumarse al refuerzo salarial, argumentando que tienen las paritarias abiertas o no poseen los recursos. Esto último, especialmente sensible en los distritos de la provincia de Buenos Aires, se saldó con la creación de un fondo compensador, pero los ruidos internos se mantienen. Además, la disputa se trasladó al sector empresarial, que también rechaza la ayuda. La Unión Industrial Argentina (UIA) se puso a la cabeza del rechazo de las grandes y medianas firmas, que no recibirán parte de las dos cuotas que deben afrontar. Lo mismo hizo la CAME, que nuclea a la mediana empresa, que rechazó la iniciativa. Ante esto, en el oficialismo salieron a confrontar, y el propio presidente Alberto Fernández enfatizó que se debe cumplir con el pago, y amagó con sanciones, que luego no se sumaron al decreto reglamentario. Entonces, la estrategia pasó a justificar el gasto, que suma muy poco del porcentaje de las ganancias logradas durante la actual gestión. Según la CTA de los Trabajadores, el sector empresarial apenas necesita “el 1,2 por ciento de la transferencia de ingresos” que el trabajo generó a favor del capital en estos años para afrontar el gasto. Los datos apoyan el esfuerzo fiscal estatal, y enfrenta al Gobierno y la patronal privada, que se acerca a posturas opositoras.

 

El informe del Centro CIFRA de la CTA de los Trabajadores analizó el impacto financiero de la medida anunciada por Massa para las empresas que no reciben ayuda del Estado para pagarlo. Según destacaron, las medianas y grandes firmas del país deberán destinar 218.640 millones de pesos para pagar la suma fija de 60 mil pesos, “drásticamente menores a la abultada transferencia de ingresos del trabajo al capital que tuvo lugar en los últimos años”. Según el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, “entre 2017 y el primer trimestre de 2023, la transferencia de ingresos del trabajo al capital alcanzó a 101.400 millones de dólares al tipo de cambio oficial”, mientras que al tipo de cambio paralelo esa transferencia “fue de 54.100 millones de dólares”. El porcentaje que las empresas deben afrontar para el bono apenas es el 1,2 por ciento de esa cantidad. Para los responsables del estudio, “la elevación de las ganancias empresarias en la post pandemia se corroboran al examinar los balances de cinco grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio, muchas de ellas integrantes de la Unión Industrial Argentina que es una de las cámaras que rechazó la implementación de la suma fija”. 

La otra cara de la moneda es el impacto de esta suba tendrá en la realidad de los trabajadores, en especial por la devaluación posterior a las PASO, que se estima elevará la inflación en agosto y septiembre a dos dígitos. “El impacto para los trabajadores registrados en el sector privado es reducido ya que la medida no apunta a inducir un shock distributivo que revierta la crisis de ingresos heredada del gobierno anterior sino a limitar los efectos de la devaluación del 14 de agosto”, alertaron desde CIFRA. Prueba de ello, agregaron es que “si se parte del supuesto de una inflación mensual del 10 por ciento en agosto y septiembre y una variación nominal del salario en función del promedio mensual del segundo trimestre, con la suma fija el salario promedio real de los trabajadores registrados en el sector privado sería, en septiembre, 4 por ciento superior al de junio pero 13 por ciento inferior al de noviembre de 2015”.

 

Al rechazo empresarial a la suma fija o bono salarial se suman algunas versiones que indican que el sector se comenzó a acercar a la oposición, que promete reformas en el sector laboral que puede beneficiarlo. Pero no todas son buenas. El abogado laboralista de empresas Julián de Diego, vocero de la UIA en estas cuestiones, cuestionó el plan de Javier Milei para replicar el esquema del fondo de desempleo de la construcción en la Ley de Contrato de Trabajo, y argumentó que podría no solo congelar la creación de las oportunidades laborales, sino también generar más desempleo, por el alto costo que tiene el sistema. El pedido es casi una declaración de principios: reclama que las empresas puedan “despedir barato”. “El problema del fondo de desempleo de la Ley 22.250, es decir de la ley de la construcción, es que tiene un costo de financiamiento muy alto”, dijo respecto de una de las propuestas del libertario. El fundador del estudio De Diego y Asociados explicó el sistema del fondo de desempleo en el sector de la construcción. “Durante el primer año hay que pagar el 12 por ciento del salario y depositarlo en una cuenta y a partir del segundo año hay que depositar el 8 por ciento. Eso significa que la persona tiene un sueldo por año acumulado en el fondo”, sostuvo.

Ante esto, Massa buscará alinear a los gremios, dividiendo aguas entre sindicalistas y empresarios. Para eso, tomó dos decisiones: una sumar a muchos a su relanzamiento en la provincia de Tucumán, donde se espera un acto con mucha impronta peronista; y lanzó la discusión legislativa por el fin del Impuesto a las Ganancias, que busca seducir a los grandes gremios. La respuesta no se hizo esperar, y se sumaron a agrupaciones políticas y sociales a la propuesta “1.000 asambleas”, que busca reunir “a los vecinos y trabajadores en las plazas, lugares de trabajo, comedores, unidades básicas, centros vecinales u otras entidades, para leer un texto de análisis de la situación política y social, a la vez que escuchar a los vecinos y las vecinas, recogiendo sus opiniones y expectativas”, indicaron. “Temas como el trabajo, los salarios y los precios de los principales productos de consumo masivo son las principales preocupaciones. En las reuniones también se leerán los 12 puntos del Peronismo de la Soberanía, que dicen los convocantes “son el programa estratégico, la guía de nuestras acciones y expresan lo que creemos tiene que resolverse en el próximo gobierno”, agregaron.

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