Por: Diego Lanese

La semana pasada, la dirigencia de ATE Capital salió al cruce de una nota del diario Clarín, donde usando datos del 2022 afirmaba que en dependencias como AFIP y el PAMI se pagaban salarios de cerca de un millón de pesos, el hecho fue considerado una “fake news” por parte del gremio, que alertó que desde los grandes medios de comunicación se intenta imponer un clima “anti Estado” para justificar despidos y el achicamiento de la administración pública. Por estas horas, otras dos entidades sindicales se pronunciaron al respecto, y se sumaron a las quejas de los estatales. Se trata de una organización de abogados estatales, que también desmintieron los montos publicados por el matutino porteño, y uno de los gremios que actúa en el PAMI, que en su caso rechazó las versiones que vinculan a La Cámpora con el ingreso masivo de personal a la obra social nacional. En medio de la carrera electoral, las entidades que representan a los trabajadores se alinean contra los “intentos de estigmatización” desde la oposición y sus voceros mediáticos.

En el primero de los casos, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) salió al cruce de una nota realizada en el canal La Nación+, donde se habló los salarios que se cobran en distintas entidades de la administración pública. “Repudiamos enérgicamente y exigimos derecho a réplica sobre la información falsa en relación a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, que divulgaron, entre otros, los periodistas Luis Majul, Luis Novaresio y Marina Calabró”, dijeron desde la entidad. En un documento, el gremio se quejó que “de manera irresponsable y tendenciosa intentaron instalar en la agenda pública un debate falso basado en información sesgada”. En ese programa televisivo, los periodistas reprodujeron los datos dados por los diarios, a partir de información de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP). “Nuevamente quienes desarrollamos con orgullo nuestro trabajo y profesión en el Estado nos vemos siendo blanco de un ataque que tiene como finalidad estigmatizarnos y responsabilizarnos de los problemas de nuestra sociedad, ocultando de esta forma las verdaderas responsabilidades de los sectores de poder concentrados”, se quejó la entidad liderada por Rubén Ramos, según un documento al que tuvo acceso Política del Sur.  

En rigor de verdad, y en base a la información oficial de acceso público que cualquiera puede encontrar en el SINEP, la AGAE recalcó que “los salarios promedio de nuestro sector no logan alcanzar ni el 20 por ciento de lo publicado en los medios de comunicación”. “La diferencia entre su relato y la realidad es directamente proporcional a la falta de ética periodística con la que se manejan”, concluyó la entidad sindical.  De la misma forma, la semana pasada ATE Capital había repudiado una nota de Clarín donde se hablaba de salarios de un millón de pesos. “La realidad es que aún en nuestros mejores escalafones, los salarios no cubren la canasta básica. Quedamos miles por debajo de la línea de pobreza”, alertó en sus redes sociales, donde se recordó que el año pasado “publicaron la misma nota y la desmentimos rápidamente. ¿Podrán, aunque sea hacer una nota nueva?”, se preguntaron desde el gremio estatal.

Casi al mismo tiempo, una tercera entidad sindical rechazó dichos periodísticos, en este caso del diario la Nación. Se trata de la Unión de Trabajadores del PAMI (UTI), que calificó de “mentira” una nota de tapa del pasado 14 de mayo, donde se expresa que “La Cámpora busca sumar al PAMI más empleados”. “El plantel de trabajadores no solo no subió, sino que “bajó de 16 mil empleados a 12.800 en la actualidad”, destacó la entidad gremial de la obra social nacional. Mediante un comunicado, explicó que “de todos modos no forman parte del Estado Nacional”. “El PAMI no es del Estado, los empleados nos regimos por la Ley de Contrato de Trabajo, los fondos del Instituto son provistos por todos los trabajadores en actividad y por los Jubilados y Pensionados. Por lo que no forman parte del Estado Nacional”, señaló la UTI.

El sindicato que encabeza Osvaldo Barreñada señaló que “en la actualidad hay déficit de personal, sobre todo en las agencias del interior del país y en los efectores propios”, y recalcó: “Repudiamos enérgicamente la maliciosa desinformación a la opinión pública vertida por estos medios periodísticos”. Añadió que “el plantel del Instituto bajó de un tope de 16 mil empleados a 12.800 en la actualidad” y sostuvo que “aproximadamente 5 mil de estos empleados de PAMI, pertenecen a efectores propios, como Policlínicos PAMI I y II de Rosario, Hospital Milstein (ex Francés), Hospital Houssey (Mar del Plata), guardia propia (ambulancias, residencias propias (geriátricos)”. En este sentido ratificaron que “no hubo nombramientos en los últimos tres años”. Para las organizaciones, se está creando “un clima anti Estado” para intentar despedir trabajadores. Uno de los que explicitó esto fue el diputado José Luis Espert, que en varios reportajes dijo que es necesario “echar dos millones de empleados públicos” de las distintas jurisdicciones. De igual forma se expresó en varias oportunidades Javier Milei. En tanto, desde Juntos por el Cambio si bien no explicitaron estas intenciones, su prédica de achicar el gasto público tiene como consecuencia los despidos. Hay que recordar que durante la gestión de Mauricio Macri, según estimaciones de ATE, se cesantearon unos 35 mil empleados de la administración nacional.