Por: Diego Lanese

La decisión de varios intendentes del PRO de intentar sacar a sus trabajadores de la cobertura del IOMA tiene una clara intencionalidad política. Esta semana, la sanción al dirigente Rodolfo Cecchi, del gremio comunal de San Nicolás, mostró que el tema está más vinculado a diferenciarse a la gestión de Axel Kicillof que a una real preocupación por las prestaciones de la obra social de la provincia de Buenos Ares. Esto no significa que tanto el IOMA como el resto de las obras sociales de los estados provinciales no tengan enormes dificultades para dar servicios de calidad a sus afiliados, en especial por los problemas de financiamiento. Desde hace años, la fragmentación del sistema sanitario argentino impacta de lleno en la seguridad social, que debe hacerse cargo muchas veces de estas dificultades sin mayores recursos. Esto se potenció en la pandemia, donde se habló de reformas que quedaron truncas, e incluso ni se debatieron. Un informe del sector privado alerta sobre estos temas, y lo vincula a una cuestión que impacta de lleno en todo el sistema: la falta de creación de empleo formal en la última década.

La crisis del sistema sanitario en general y la seguridad social en particular fue un tema de debate en plena emergencia por el coronavirus. El impacto del Covid-19 en la salud financiera de obras sociales y prepagas puso en jaque la atención, y fue el Estado nacional el que respondió con recursos extraordinarios. Esto hizo que muchos hablaran de la necesidad de una reforma, que pase de los actuales tres subsistemas (público, privado y seguridad social) a uno unificado bajo la tutela estatal. Más allá que el tema de enfrió, la crisis de financiamiento sigue viva, y emergió nuevamente con las críticas a la atención del IOMA. “Los recursos de las obras sociales provinciales no van a crecer considerablemente y habrá cada vez más gente que atender con recursos públicos provinciales limitados, que no crecerán en consonancia con lo que está aumentando la demanda de la población sin cobertura médica o con cobertura desfinanciada que se atiende en el hospital público”, alertó al respecto un informe de ADECRA+CEDIM, cámara nacional que nuclea a más de 400 instituciones de salud privada. El trabajo puso de manifiesto cómo muchas entidades como el IOMA tienen problemas para llegar a todos sus afiliados, y que deben ser “salvados” por los Estados. Retirar el aporte de trabajadores, como pretenden hacer los intendentes opositores, lo que hace es profundizar este esquema.

ADECRA+CEDIM hizo estas consideraciones en su trabajo “La construcción de un verdadero sistema de salud argentino”, al que tuvo acceso Política del Sur. En el mismo, se estableció que “las obras sociales provinciales cubren al 10 por ciento de los adultos con el 1 por ciento del PBI, mientras las nacionales abarcan al 30 por ciento de los adultos con el 1,5 por ciento del PBI. Lo que las provincias asignan al financiamiento público no es poco, pero se gestiona centralizadamente y sin padrones de gente sin cobertura”. Esto se debe en parte porque la seguridad social toda sufre por problemas de financiamiento, por los problemas de registración de los empleados, que no crece desde hace una década. “En la Argentina, el empleo asalariado privado está estancado en seis millones de personas desde 2012 y, desde entonces, el PBI no creció, mientras la población sigue aumentando”, explicaron. De acuerdo con un gráfico elaborado por el Instituto Idesa, que mide la evolución de 2012 a 2022 de la situación laboral de las personas mayores de 20 años en la Argentina, “de 12 millones de trabajadores registrados, sólo la mitad es asalariada en el sector privado, que es la que más aporta al financiamiento de la seguridad social”. Además, el informe indicó que el empleo en relación de dependencia del sector público y el monotributo crecieron, pero “no constituyen una fuente de financiamiento genuino”.

Estos datos explican de alguna manera los problemas que IOMA y otros organismos similares tengan grandes dificultades para cumplir con las prestaciones. Además, en situación de alta inflación, el sistema de pagos y financiamiento se ve alterado. En este sentido, fuentes de la seguridad social le dijeron a Política del Sur que “los pagos a 60 o 90 días que se hacen habitualmente en este tipo de operaciones no hace más que profundizar el desfinanciamiento”. Por eso, muchos prestadores como farmacias o especialistas “reclaman un sistema de copagos, donde el paciente abona en el momento y luego la obra social le reintegra ese pago”. “Como las entidades prefieren que ese tiempo lo soporten los prestadores, en muchos casos se deja de atender a esas entidades”. Eso es lo que sucede en el IOMA, que esta semana tuvo que suspender operaciones programadas en la zona de La Plata por una medida de fuerza de los anestesistas, que dejaron de prestar servicios en reclamo de aumento de honorarios y menores tiempos de pago de los mismos. Que los jefes comunales opositores saquen a sus trabajadores “no hace más que empeorar el tema”.

Tras visibilizar las condiciones que sufren afiliados de @aterionegro en el @Iprossrionegro, Alejandro Marenco confirmó el pago adeudado de reintegros en un plazo de 60 días y el aumento en un 15% de la cobertura en medicamentos. pic.twitter.com/fGVvcpS58T

— Rodrigo Vicente (@rodovicente) May 10, 2023

Otra de las distorsiones del sistema que detectó la entidad de clínicas y sanatorios está dada por la “diferencia en la agenda de políticas públicas” de los centros de salud en función de la provincia en la que estén radicados. Desde la cámara explicaron que “las instituciones privadas de la Ciudad de Buenos Aires tienen casi como tema monopólico de agenda la relación con las prepagas, al tiempo que en el resto de las provincias (exceptuando al conurbano, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza) las organizaciones privadas se enfocan centralmente en la obra social provincial y PAMI”.

Otro ejemplo de estas situaciones se dio en estos días en Río Negro, cuando la obra social IPROSS anunció el pago en 60 días de reintegros adeudados y el aumento del 15 por ciento en la cobertura de medicamentos, una medida reclamada por los dos gremios estatales más fuertes en esa provincia patagónica, ATE y UNTER. Durante las reuniones de esta semana con representantes de los gremios se analizaron también los mecanismos a implementar para mejorar los turnos de los prestadores. Algo que ocurre en esta y otras provincias es que ante los atrasos de las obras sociales del Estado, hay prestadores que “acotan los cupos mensuales de atención”, y esa manera, no cortan los servicios, pero ofrecen atención en plazos más largos.