Por: Diego Lanese

La semana pasada, el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, anunció que la prepaga Avalian ganó la licitación abierta y será la prepaga que preste servicios médicos para los municipales de ese distrito. De esta forma, completó la maniobra iniciada en el Concejo Deliberante que dejó de hacer obligatoria la cobertura de IOMA, una medida que viene ganando adeptos entre los jefes comunales opositores en la provincia de Buenos Aires. Como Capital Sarmiento, pionero en esta iniciativa, esa comuna permitirá quedarse con la obra social bonaerense, pero tendrá esta alternativa habilitada. Esto es repudiado por el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Nicolás, que anunció que en una encuesta la mayoría de los empleados rechazó este cambio. Ante esta resistencia, la Municipalidad sancionó a su secretario general, Rodolfo Cecchi, trasladándolo a una nueva ubicación laboral, a 40 kilómetros de su domicilio. Esto generó la denuncia de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) ante el Ministerio de Trabajo provincial, que llamó para este jueves a una audiencia.

El traslado de Cecchi luego que resistiera la maniobra para quitar la cobertura de IOMA en San Nicolás fue considerada por la FESIMUBO como una acción “de persecución”. El dirigente fue enviado a una locación comunal en Conesa, a 40 kilómetros de su domicilio. La medida además fue una respuesta a la tarea realizada, que incluyó un reporte que circuló por la comuna, y que afirma que la gran mayoría de los trabajadores no quiere dejar la obra social provincial. Así se lo confirmó a Política del Sur el representante de la FESIMUBO en el Consejo Consultivo Gremial del IOMA, Omar Arce, que afirmó que la medida “se hizo para castigar al compañero, una forma clara de persecución”.

Por esto, la entidad que lidera Rubén “Cholo” García hizo la presentación ante el Ministerio de Trabajo, mediante un documento que asegura que la decisión tomada por el jefe comunal es “una práctica persecutoria, discriminatoria y antisindical”. Con la firma del abogado de la entidad Rodolfo Bradley, se le reclamó al ministro Walter Correa que “intervenga en su carácter de autoridad de aplicación, haciendo cesar en forma inmediata semejante arbitrariedad, cuya finalidad es hacer callar la única voz que se levanta en defensa de los trabajadores de San Nicolás”. En el mismo documento, la FESIMUBO se declaró en “estado de alerta y movilización” hasta que se resuelva la situación y responsabiliza a Passaglia por “cualquier intimidación o acto de violencia”. Ante esto, la cartera laboral ordenó “fijar audiencia de conciliación para este jueves 11 de mayo a las 11 horas para tratar la denuncia sindical”.

La medida de Passaglia además fue cuestionada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada, el propio titular del IOMA, Homero Giles, estuvo en San Nicolás, y dijo que presentará ante la Justicia una medida contra la decisión. Lo hará luego que la Asesoría General de Gobierno emitiera un dictamen en contra de la ordenanza, por una serie de irregularidades. El documento, al que tuvo acceso Política del Sur, destacó que “conforme surge de la normativa sancionada, la decisión por parte del municipio ha sido adoptada sin más, con argumentos genéricos, sin sustento fáctico y/o sin intervención previa del Instituto de Obra Médica Asistencial y/o de los trabajadores municipales y/o sus representantes”. “La medida inconsulta pone en evidencia un actuar intempestivo que no solo provoca alteraciones en el sistema solidario de cobertura médica que brinda IOMA, sino que impacta consecuentemente en el trabajador y su grupo familiar”, agregó el texto.

Hoy en #SanNicolas escuchamos a las y los trabajadores municipales preocupados por la situación y con el deseo de continuar afiliados al @IOMAgba. Junto a ellos y representantes de más de 30 gremios, le pedimos al Intendente que no ponga en juego la salud y revea su postura. https://t.co/qadR9XhN11 pic.twitter.com/NiE1sG8PS1

— Homero Giles (@homerogiles) May 5, 2023

Además, la asesoría marcó que “la ley 6982, al preceptuar la potestad de las municipalidades de adherir al régimen del IOMA, otorga una prerrogativa a la administración, empero el texto no permite la adhesión parcial ni alude a la viabilidad de que los agentes realizaran elección alguna (y más aún como se dijo ante la vigencia del nuevo estatuto en que predomina la negociación colectiva)”. Ante esto, recomienda al gobierno provincial que “judicialice la decisión de la Municipalidad de San Nicolás”. Otro de los argumentos es que una medida municipal no puede imponerse ante una norma provincial.

Por último, la entidad provincial señala en el acta que la medida adoptada “trae consecuencias inmediatas y repercute en la salud de las trabajadoras y los trabajadores requiriendo que se arbitren las medidas para garantizar la continuidad de tratamientos y prestaciones médicas para no causar perjuicio a la salud de los trabajadores que el Estado Nacional, Provincial y Municipal deben garantizar”.