Un nuevo escándalo con un gremio municipal salpica la vieja federación bonaerense, que vuelve a quedar en medio de sospechas de corrupción y desvío de fondos.

En este caso, la nueva polémica se generó en la localidad de 25 de Mayo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde la justicia ordenó suspender el código de descuentos del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y la mutual del gremio, por sospechas de desvío de fondo.

A partir de un fallo conocido esta semana, se obligó al intendente local Hernán Ralinqueo a la “inmediata suspensión de las retenciones de dinero que practica a sus empleados en concepto de cuota sindical y cuota de la mutual” en beneficio de esa entidad. Además, se ordenó que se presente una denuncia ante la Policía Federal, por posibles hechos de corrupción con estos recursos.

El STM pertenece a la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSMPBA), que se ve nuevamente envuelta en este tipo de noticias.

La decisión del juez Elpidio Portocarrero se dio luego de una denuncia contra el gremio, presentada en junio de 2021, que incluyó a la Asociación Mutual de Trabajadores Municipales, que pese a que en 2013 se le retiró la autorización, seguía recibiendo fondos de los municipales locales.

En el fallo, al que tuvo acceso Política del Sur, se constató que el Sindicato de Trabajadores Municipales de 25 de Mayo, a cargo de Jorge "Fino" Lapuente, al no encontrarse inscripto ante la respectiva autoridad administrativa, esto es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y tampoco poseer personería gremial, no se encuentra habilitado para que a los empleados municipales de la ciudad de 25 de Mayo, se les practiquen en favor de dicho sindicato, los descuentos correspondientes a la cuota sindical”.

Por eso, el Juzgado Federal de Mercedes ordenó suspender los descuentos para ambas entidades, algo que decidió cumplir desde este lunes el Ejecutivo local, que incluye a los empleados de la Municipalidad y del hospital “Saturnino E. Unzué”.

 

La sospecha que existe en este caso apunta al “desvío de fondos” que se pueda hacer desde el gremio y la mutual hacia directamente los bolsillos de Jorge Lapuente, que al parecer tenía algún acuerdo con el jefe Comunal, que finalmente aceptó la medida cautelar y decidió terminar con los descuentos.

En el fallo el juez Portocarrero anunció que la medida permite que los municipales puedan hacer los aportes de forma voluntaria, a través del pago en la sede sindical. Pero el descuento compulsivo que las entidades recibían, de 1,5 por ciento y 5 por ciento de los salarios según el caso, no debe hacerse más.

Además, el Municipio no está autorizado a retener los importes por chequeras, préstamos y demás descuentos que hacía el STM de forma ilegítima porque no estaba autorizado para funcionar, según el fallo.

El caso golpea a la dirigencia de la vieja federación, que no es la primera vez que tiene a algunos de sus gremios con denuncias de este tipo. 

 

 

 

 

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Como informó Política del Sur en junio del año pasado, el secretario de los trabajadores municipales de Hurlingham, Humberto “Nito” Bertinat, está imputado por hacer negocios con los fondos del sindicato.

El propio titular de la FSMPBA fue denunciado por varios manejos de este tipo. Un particular damnificado, Sandro Silva, contó que hace algunos años vendió una casa muy importante localizada en el centro de Hurlingham, en el Boulevard O’Brien, a 50 metros de la Secretaría de Seguridad de la municipalidad que conduce el camporista Damián Selci.

Según este hombre, se la vendió a una persona que conocía y entre las formas de pago el comprador le entregó un documento porque tenía “un dinero trabajando” en una mesa de dinero que manejaba el mismísimo el Sindicato de Trabajadores Municipales, que le daba un interés mensual.

Vale recordar que el sindicato de Hurlingham pertenece a la vieja y polémica Federación de Trabajadores Municipales comandada por Oscar Ruggiero, federación fuertemente objetada por FESIMUBO por ser cómplice de la nefasta ley anti trabajadora 11.757, que atentó contra la estabilidad laboral, norma conocida como “la maldita Ley Atanasof”.