La fiscalía pidió este miércoles que siete ex policías bonaerenses, acusados de ser coautores de la denominada "Masacre de Wilde", sean condenados a prisión perpetua e inmediatamente detenidos por el emblemático caso de "gatillo fácil" cometido en 1994 en esa localidad del partido de Avellaneda, donde cuatro personas fueron asesinadas por efectivos policiales vestidos de civil que presuntamente los confundieron con delincuentes.

El pedido fue formulado por la fiscal Viviana Simón durante su alegato ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora, integrado por los jueces Marcelo Hugo Dellature, Luis Miguel Gabián y Claudio Fernández, a cargo del debate.

Los acusados son los ex comisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez; el ex oficial Osvaldo Lorenzón; los ex subtenientes Marciano González y Pablo Dudek; y los ex oficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, quienes llegaron al debate en libertad y acusados de asesinar a Edgardo Cicutín, Roberto Corbo, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa y de intentar matar al único sobreviviente Claudio Díaz.

En su planteamiento, la fiscal manifestó que en base a todos los elementos mencionados, analizados y valorados en el juicio, se puede "tener por acreditado no solo el hecho sino también la coautoría penalmente responsable en el mismo de todos los procesados”.

Para Simón existió entre los imputados un "acuerdo previo para matar entre todos", ya que la prueba demuestra que "se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas", a las que emboscaron en la zona de Wilde.

"La acción de cada imputado no es de un mero participe sino de los que mantienen dominio sobre el hecho", aseveró la representante del Ministerio Público al calificar el hecho como "un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado".

Por tal motivo, Simón pidió que los siete ex policías que son sometidos a juicio sean declarados "coautores penalmente responsables del delito de ‘homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado, cuatro hechos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas un hecho en grado en tentativa todos en concurso real entre sí”.

La "Masacre de Wilde"

El juicio empezó el 17 de octubre y continuará este jueves a las 9 con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando sea el turno del alegato del abogado Ciro Annicchiarico, quien representa a Raquel Gazzanego, esposa del librero asesinado Edgardo Cicutín, y al sobreviviente Claudio Díaz.

La "Masacre de Wilde" ocurrió el 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Norberto Corbo y a sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Eduardo Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Díaz, el único que sobrevivió al ataque.

Los cinco fueron atacados a tiros por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que al parecer los confundieron con delincuentes y les dispararon cerca de 200 veces con pistolas calibre 9 milímetros y al menos un subfusil Uzi.

Todos los ex efectivos afrontan cargos por los delitos de "cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa", por la única víctima del ataque que sobrevivió.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.

El resto de los implicados

Además de quienes llegaron a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba, Carlos Saladino y Hugo Reyes, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos por la misma medida.

No obstante, la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente y anular los sobreseimientos al sostener que "aún cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos".