Por: Diego Lanese

La semana pasada, el Ministerio de Trabajo anunció la incorporación de los trabajadores de Garbarino, que desde mediados del año pasado están en conflicto con la firma y no cobran sus salarios, a un plan para reincorporarlos al mundo laboral. Con la firma del convenio, se busca que unos 1.800 empleados puedan conseguir trabajo en el mercado formal, a través de beneficios adicionales que recibirán las potenciales empresas que los contraten. La firma del mismo estuvo a cargo del titular de la cartera, Claudio Moroni, y Armando Cavalieri, secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS). La noticia fue recibida con cautela entre los trabajadores, y algunos pusieron en duda su cumplimiento. Si bien afirman que “toda medida ayuda”, el reclamo apunta al pago de sueldos adeudados. Crecen los grupos autoconvocados que se despegan de la tutela del gremio mercantil.

Vencida la conciliación obligatoria, y ante la amenaza de nuevos despidos, la cartera laboral decidió hacer su jugada y convocar a la federación mercantil para firmar un convenio para intentar devolver a los empleados de Garbarino al mercado laboral. Para eso, se acordó que las empresas que contraten cesanteados de la firma tendrán beneficios, incluidos en el denominado Programa de Inserción Laboral (PIL), que articula el gobierno. El objetivo, informaron desde el ministerio, “es implementar acciones integradas en materia de empleo para lograr promover la inserción laboral de las personas que fueron cesanteadas pese a la prohibición de desvincular trabajadores que rige hasta fin de año”. Este beneficio alcanza a 1.800 de los casi 4 mil empleados de la firma, según se pudo saber.

Junto a la #FAECyS realizamos la firma de un Convenio Marco de Cooperación para la implementación de acciones integradas en materia de empleo y proteger a las y los trabajadores despedidos de #Garbarino pic.twitter.com/QO5ad8dFnd

— Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (@MinTrabajoAR) December 28, 2021

“Ayuda, no vamos a negarlo, pero no soluciona el problema de fondo”, le dijo a Política del Sur una fuente cercana al conflicto, que afirmó que para los empleados “no termina de cerrar”. “En Garbarino hay gente de más de 50 años, con mucha antigüedad, que no es fácil que vuelva al mercado laboral”, agregó la misma fuente. Además, se dijo, “muchos temen que no se pague la indemnización si se van a otro lado, porque hasta ahora la empresa no está cumpliendo ni una de sus promesas”. Para ser parte de este plan, los interesados deben anotarse en un portal del Ministerio de Trabajo, cargar sus datos y esperar ser llamados. “Mientras seguimos sin cobrar los sueldos, nos dieron un Repro de 20 mil pesos en seis meses, estamos a la deriva”, recalcó. En estos momentos, El Ministerio de Desarrollo Social entrega mercadería al personal, “que ni alcanza para todos”.

El acuerdo es una de las jugadas de Cavalieri para buscar terminar con un conflicto que lo involucra directamente. En estos meses, las críticas a la gestión de la federación mercantil fueron aumentando, al punto que se armó un grupo de “autoconvocados”, que comenzó a gestionar la crisis por su parte. La semana pasada, este grupo, denominado “Trabajadores de Garbarino en Lucha”, se movilizaron al Puente Pueyrredón, donde reclamaron el pago de los salarios y una solución final a su situación. “Ante el abandono del sindicato de comercio y el gobierno, las y los trabajadores de Garbarino se disponen a llevar está acción para visibilizar y que se dé una solución a su desesperada situación. Para llevar dicha acción llamamos a organizaciones sindicales, sociales y políticas que van a estar acompañando”, afirmaron mediante un documento difundido ese día.

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Incluso en algunas seccionales mercantiles el manejo de la crisis fue FAECyS fue bastante criticado, aunque se lo hizo en voz baja. Lo cierto es que en cada zona la dirigencia asumió el control del conflicto, con medidas propias. Pero a las audiencias era la dirigencia nacional la que acudía. Por eso las diferencias, que a medida que corrieron los meses se hicieron más notables. Los trabajadores apuntan al rol de Carlos Rosales, dueño de la empresa, que la compró a fines del 2020 con la promesa de reactivarla, pero no pudo salir de la situación financiera complicada. De hecho, en estos momentos está en concurso preventivo de acreedores. En este tiempo, se buscaron varias alternativas, como la venta de la firma, o la liquidación de algunos bienes. En ningún caso se comenzó a pagar lo que se les adeuda a los empleados, y muchos de los que optaron por retirarse de la empresa, con retiros voluntarios, denunciaron que no se cumplieron los planes de pago acordados.