Mientras sigue la tensión en el predio de Ingeniero Budge donde permanecen los vecinos estafados en la compra de terrenos, ahora se inició una instancia de diálogo para solucionar el conflicto a casi tres semanas del operativo que incluyó la demolición de varias casas por supuesto riesgo de derrumbe.

 

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Desde la parte damnificada hablan de “un barrio militarizado” y de la falta de propuestas del Municipio de Lomas de Zamora para llegar a un acuerdo, al cual criticaron por “la falta de empatía”.

 

“Hasta que no haya una propuesta seria para irse de allí a otro lugar con una casa, no hay otra variable para que se vayan de ahí”, aseguró Carlos Pousa, el abogado que representa a las cerca de 237 familias que habrian sido víctimas de un proceso de compra y venta fraudulento por el cual se encuentran detenidos los acusados.

En diálogo con el programa Politica del Sur, el letrado consideró que se trata de “una estafa inmobiliaria” y afirmó que sus asistidos “no tienen a donde ir” y que en caso de que se les acerque una propuesta de ser reubicados, “será bien recibida y evaluada”.

Por ahora, permanecen com imputados en la causa llevada adelante por el juez federal Federico Villena, a la espera de ser sobreseídos para ser considerados las víctimas del caso.

Al igual que lo habían manifestado los damnificados durante varias entrevistas al aire de este medio, Pousa remarcó que sus defendidos compraron los terrenos “de buena fe” y que invirtieron el dinero “no solo en la compra de los terrenos, si no en la construcción de sus casas”.

Mientras se evalúa realzar un censo en la zona para determinar la cantidad de gente afectada, entre personas mayores, niños y mujeres, señaló que “hasta ahora no han habido propuestas al respecto, solo topadoras demoliendo propiedades”.

“Dejaron dos puestos, uno de Gendarmería dentro y otro de la Policía Local afuera, generando un barrio militarizado que parecería ser un gueto más que un lugar donde se garantizan los derechos civiles”, agregó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de algún “transfondo político” detrás del conflicto, el hombre indicó que desconoce esa cuestión, aunque aclaró que “hay distintos protagonistas políticos”.

“Los que trataron a mis asistidos de delincuentes, y por otro lado los que han ejercido cargos políticos de altisimos rangos municipal diciendo que mis asistidos eran víctimas y que el municipio no soloo conocía de su existencia hace mas de cinco años sino que se habían iniciado gestiones para urbainizar e iluminar la zona”, precisó.

Además, se refirió a los episodios de discriminación que habrían padecido sus clientes por parte de las autoridades municipales.

“No hay dudas de que tiene tintes xenofobos, los factores de este procedimiento no han meguado en cada manifestación para aclarar la nacionalidad de mis asistidos, como si eso habilitara un trato preferencial, olvidandose de que, por lo menos, la mitad son argentinos”, criticó.

 

El operativo que originó el conflicto

La mañana del jueves 8 de julio, la zona del predio ubicado sobre el Camino de la Ribera Sur, en la localidad de Ingeniero Budge, se vio teñida por el drama y la tensión a raíz de un operativo donde residían 237 familias que habían sido estafadas en la compra de esos lotes, que pertenecen al Estado nacional y habían sido vendidas de forma irregular por personas que se encuentran detenidas.

La orden de avanzar con el desalojo, que incluyó topadoras, el despliegue de la Gendarmería y la resistencia de las personas que residían allí, partió desde la Secretaría 2 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1, a cargo de Jorge Leonardo D´amore. En tanto, la causa quedó a cargo del juez Villena junto con el fiscal Sergio Mola.

Según señalaron desde el Ejecutivo local que comanda el intendente Martín Insaurralde, el desalojo lo dispuso el Juez y el municipio solo funciona como auxiliar de la Justica.