Esta semana, Ministerio de Trabajo firmó una resolución que establece la vuelta de los estatales nacionales a las tareas presenciales, una vez que hayan recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus. La medida iguala lo dispuesto para el sector privado, que está en vigencia hace unos meses. Ante esto, los gremios del sector pidieron que se garanticen las condiciones sanitarias para dar este paso. En este sentido, tanto ATE como UPCN pidieron que se implementen “estrictos protocolos a través de mesas” para organizar el retorno de estos empleados.

 

Una vez conocida la resolución del gobierno, la dirigencia sindical apunto a que se cumplan las medidas sanitarias que eviten contagios en el Estado nacional y sus organismos. “Decimos presencialidad sí, pero con protocolos de cuidado y dejando exentas a las personas que tienen enfermedades preexistentes”, señaló Daniel Catalano, titular de la seccional Capital Federal de ATE. “Para los que vuelven se tienen que adaptar los lugares de trabajo: armarse burbujas, garantizar el distanciamiento y la higiene. El Estado hoy no está preparado para recibir a miles de trabajadores y trabajadores; deberían formarse rápidamente las mesas de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo para ver de qué manera los protocolos van garantizando que la gente no enferme”, planteó el dirigente.

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En UPCN, que conduce Andrés Rodríguez, hay coincidencias. Dirigentes del gremio afirman que no tienen problemas en acompañar la medida del Gobierno pero entienden que se deben ajustar los protocolos en las diferentes reparticiones del Estado. Advierten además que ese regreso "no puede ser inmediato y debe aplicarse de manera progresiva" porque consideran prematuro el poder retornar a las actividades como antes de la pandemia. En UPCN miran con atención el proceso. Por un lado consideran como "muy positivo" el avance del plan de vacunación, pero destacan como una contradicción el hecho de que se promueva el retorno al trabajo presencial cuando se están tomando medidas para evitar que llegue la variante Delta. Es por eso que reclaman además una reunión con el Ministerio de Transporte para revisar qué recaudos se tomarán porque un regreso al trabajo presencial implicará una mayor movilización de personas. 

 

Detalles

 

La Resolución fue firmada el viernes pasado por la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Ana Castellani. Dispuso que titulares de los organismos del Estado “podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a las y los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el covid-19, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos catorce (14) días de la inoculación”.

 

Castellani informó que la resolución “regula el retorno de aquellos que trabajan en áreas en donde la autoridad superior del organismo determinó la necesidad de la presencialidad. Si estaban exceptuados de ir presencial por ser de grupo de riesgo a pesar de desempeñarse en áreas esenciales y ahora están vacunados, pueden ser convocados tal como sucede en el resto de los trabajos”.

 

Según la estimación que manejan en ATE, hay 10 mil trabajadores que ya están cumpliendo tareas esenciales presenciales en la administración pública central --es decir en los ministerios nacionales--, sin contar los trabajadores de PAMI y ANSES. En el caso de los menores de 40 años sin preexistencias, vienen teniendo presencialidad sin haber sido vacunados. En las notas enviadas al Poder Ejecutivo, el gremio insistió en el reclamo de que no se demore más en su inmunización.

 

Paritarias

 

En tanto, Castellani confirmó que se adelantará, en fecha a determinar, la cláusula de revisión paritaria de los empleados del sector público, prevista inicialmente para noviembre próximo. Luego de participar en Casa Rosada de una actividad por el Día del Trabajador del Estado, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, Castellani dijo en rueda de prensa que el Gobierno viene trabajando con los distintos gremios en "comunicación permanente" para "establecer cual va a ser la fecha de la revisión paritaria".

 

"En mayo pasado quedó prevista para noviembre, pero con los gremios pensamos hacerla antes", indicó la funcionaria, "a raíz de evolución de los precios en estos meses", y sostuvo que "sobre eso no hay ninguna discusión, porque hay que actuar acorde al contexto y volver a discutirla". En ese contexto, Castellani aclaró que el sector nacional de Salud "tuvo una suba superior al 35 por ciento" que se acordó con el resto de la administración pública. Además, subrayó que "nunca se restringió la posibilidad de ingreso" a esa área, sino que hubo "un problema en determinadas áreas en las cuales no hay profesionales" para sumar, aunque aclaró que "de hecho uno de los lugares donde se incrementó con pandemia, de un año a otro, fue en el sector de salud".