Por: Diego Lanese

Desde la semana pasada, rigen en el país distintas restricciones para intentar frenar la segunda ola de coronavirus, que se hace sentir fuerte en especial en la zona metropolitana, donde los casos siguen subiendo desde hace unos días. Ante esto, si bien la prioridad del gobierno nacional es no cerrar actividades que puedan afectar la economía, de por si golpeada por la situación que lleva más de un año, se tomaron algunas medidas para restringir la circulación.

 

Una de ellas es fomentar el teletrabajo, una decisión que tomó el Estado nacional y el de la provincia de Buenos Aires, y desde el oficialismo buscan que el sector privado se sume. Pero sorpresivamente, el viernes pasado una resolución conjunta decidió que los empleados que hayan recibido la vacuna contra el coronavirus podrán ser convocados al trabajo presencial. Entre los estatales hay dudas sobre el impacto que tendrán, mientras algunos sectores sindicales criticaron con dureza la decisión.

 

La Resolución Conjunta 4/2021, que lleva la firma de los ministros de Salud y de Trabajo, Carla Vizzotti y Claudio Moroni, respectivamente, determinó que los trabajadores que fueron vacunados “podrán ser convocados independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación.

 

En su articulado, la norma publicada este viernes en el Boletín Oficial aclara que quienes “tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar a los empleadores o empleadoras”. La Resolución Conjunta incluye al segmento considerado “grupos de riesgo”, entre los que se encuentran trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, trabajadoras embarazadas, trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo.

 

? Empleadoras podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores. Resolución Conjunta 4/2021 ➡️ https://t.co/loSOavdyB7 pic.twitter.com/hOy7hzHmyd

— Contadores en Red (@Contadoresenred) April 9, 2021

Ante esto, en el Estado comenzaron a discutir si esta medida pone fin al teletrabajo, por lo menos entre quienes recibieron alguna de las dosis de la vacuna contra el Covid-19. En la actualidad, rige el trabajo a distancia en el Estado, y se sugiere en el sector privado, pero esta resolución podría atentar contra su cumplimiento.

 

Según analizaron desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), la medida no es una orden para volver a los lugares de trabajo. “El Estado sigue trabajando de forma remota, y para volver a la presencialidad tiene que estar dadas las condiciones en cada uno de los organismos estatales para cumplir la mejor función posible”, sostuvo el titular de la AGAE, Rubén Ramos. Ante la consulta de Política del Sur, el dirigente recalcó que “da la sensación que lo que intenta el gobierno haciendo volver a trabajar a quienes están vacunados tiene que ver con mantener los servicios esenciales”.

 

En los considerandos de la norma, las autoridades tienen en cuenta que, “con los resultados disponibles al momento, las vacunas utilizadas en la Argentina demostraron una adecuada eficacia para la prevención de las formas graves y de la muerte por la enfermedad, lo cual disminuye el riesgo y posibilita el retorno de los trabajadores y las trabajadoras a sus lugares de trabajo”.

 

El gran problema es que las vacunas no llegan en los números que se necesitan, y son escasas, por lo cual pese a los pedidos pocos grupos de trabajadores fueron convocados. En este sentido, Ramos explicó que en la actualidad, existe en la administración pública nacional “un sistema de rotación para mantener el sistema estable, que está funcionando”. “La realidad que no hay vacunas para todos, hasta que eso no suceda debe haber un tipo de planificación para evitar que lugares esenciales se queden sin atención esencial”, recalcó.

 

En el sector privado todavía no tienen mayores precisiones del impacto de la decisión, que comenzó a regir esta semana. Para la CTA Autónoma, es “una mala señal”, y apuntaron a un supuesto “guiño” al sector empresarial. Así se lo dijeron desde la central obrera a Política del Sur, que vieron “una contradicción entre decir que se cuida la vida de los trabajadores y luego se toma una medida así”.

 

Además, recordaron que el caso del propio presidente Alberto Fernández marca que la vacuna no evita los contagios, por lo cual la medida “parece innecesaria”.