Por: Diego Lanese

Con el aval de UPCN y ATE, el gobierno firmó esta semana la paritaria de los trabajadores del Estado nacional, un convenio que se cerró con una suba salarial del 35 por ciento a pagarse en seis veces, además de una serie de medidas que incluye el compromiso de revisar el impacto de la inflación antes que cierre el año. Luego de varios encuentros informales entre la dirigencia sindical y funcionarios del oficialismo, se terminó de confirmar el acuerdo, que suele servir como termómetro de la discusión den el sector público. La firma de la paritaria es la segunda consecutiva donde los sindicatos coinciden y acuerdan con la Casa Rosada, luego de que históricamente ATE rechazara acordar, o lo hiciera “bajo protesta”. Esta coincidencia sumó una nueva situación: las críticas internas al accionar de las conducciones. Así se pudo saber horas después del convenio, que marcan el descontento de las bases de los estatales.

 

En la previa a que se formalizara el convenio, versiones extraoficiales ya habían adelantado que el acuerdo salarial estaría en torno del 35 por ciento, y lo que se estaba ajustando era las cuotas. Finalmente, se cerró con un plan de pagos en seis tramos: 10 en junio, 5 en agosto, 5 en septiembre, 4 en diciembre, 6 en enero de 2022 y 5 en febrero de 2022. Además, se acordó reabrir la discusión salarial antes de fin de año, cuando se analice el impacto de la inflación, y se ajuste el número del incremento. La firma de ambos gremios marca el grado de consenso que se logró, afirmaron desde el Ministerio de Trabajo, que buscará capitalizar la firma.

 

Pero hubo descontento en algunas dependencias, a pocas horas de anunciarse el acuerdo. La mayor interna se generó en ATE, donde suelen tener una postura más dura respecto de las negociaciones salariales, pero que ahora coincidieron con UPCN en la firma. Y eso no gustó. “En muchos organismos hay malestar, delegados y juntas internas están descontentas porque el valor acordado está muy lejos de las necesidades de los trabajadores estatales”, le dijo a Política del Sur una fuente de esta organización. Las discrepancias aparecen porque el valor acordado “se termina de pagar en marzo del 2022, además de no recuperar nada de lo perdido en estos años”.

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Ese punto es central en el descontento en el estado nacional. En campaña, Alberto Fernández logró el respaldo de ATE cuando luego de un encuentro hubo un compromiso de recuperar el poder adquisitivo que los estatales cedieron durante el macrismo, además de la revisión de los despidos masivos que hubo entre el 2015 y el 2019. Si lo segundo se consiguió en cuentagotas, lo primero es una verdadera utopía. Desde el INDEC, le pusieron números a ese número: 42 por ciento. La Junta Interna de ese organismo realiza un seguimiento de los datos de la inflación cada vez, y concluyo que un salario estatal promedio perdió desde noviembre del 2015 a abril del 2021 un 42 por ciento. “Pedimos que se dé un aumento de emergencia de ese valor, antes de acordar el aumento salarial de este año”, recordó Raúl Llaneza, delegado de ATE en el INDEC, que junto a otros dirigentes de entidades como el SENASA, el CONICET, el INCAA y otros pedían esta “suba de emergencia”, que la paritaria no tiene.

 

Piso salarial

 

El dato surge de la inflación acumulada en los últimos cinco años, que alcanza el 557 por ciento. Este grupo de juntas internas respaldaron su pedido en los datos aportados por los empleados del INDEC, que miden el sueldo necesario para una familia tipo para acceder a una canasta básica de alimentos y servicios, que no es la tradicional línea de pobreza que mide el organismo, sino que busca marcar un piso de ingresos imprescindible para cualquier trabajador, del Estado y del sector privado. En su último trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, se estableció que “un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar necesitó, en abril de 2021, de 96.800,91 pesos para satisfacer sus necesidades”. Este valor, agregan, “se compone de 32.739,27 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 64.061,64 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”.

 

Con estos números, el aumento de la paritaria queda muy lejos del deterioro salarial en el último tiempo. “Cuando conocimos la variación de precios del mes de abril 2021, volvió a visibilizarse la grave situación socioeconómica del país, que desgraciadamente golpea a los sectores vulnerables de la sociedad, los jubilados y los trabajadores”, afirmaron desde el INDEC. “El primer cuatrimestre del año tiene un acumulado del 17,6 por ciento, salvo un milagro, hace difícil el cumplimiento de la meta inflacionaria del 29 por ciento prevista en el presupuesto redactado por el gobierno”, destacó el informe de los trabajadores. “Queremos decir que, como está planteado, no garantiza la recomposición de nuestro poder adquisitivo ni le va a empatar a la inflación”, insistió la junta interna de ATE en la entidad de estadísticas, marcando abiertamente el malestar por la paritaria alcanzada.

 

Desde el lado de UPCN, la situación no es distinta, aunque la dirigencia evitó expresarse. Se sabe que la relación de Andrés Rodríguez, líder del gremio, es fluida con la Casa Rosada. Como integrante de la mesa chica de la CGT, el “centauro” –como se lo conoce por su afición a los caballos y la equitación –es el encargado de mantener con el gobierno la relación de la central obrera, y suele definírselo como “el jefe de Gabinete cegetista”. Además, a lo largo de los años siempre tuvo una relación aceitada con los mandatarios. “Oficialista de todo oficialismo”, se lo suele definir en el mundo sindical. En este momento, el gremio negocia con el Ministerio de Seguridad un traspaso masivo de 250 afiliados, integrantes de Gendarmería y Prefectura, a UP, la obra social del sindicato, lo que puede explicar la buena predisposición a firmar una paritaria que dejó más enojados que conformes.