El fin de semana estuvo marcada por la interna política entre el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, por la gestión de los incrementos tarifarios.

En ese plano, luego de que comenzara a regir un aumento del 9% para usuarios de Edenor y Edesur, desde las organizaciones que nuclean a los consumidores rechazaron de plano cualquier tipo de incremento en las facturas.

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“Lo que nosotros pensamos es que no está dada la situación económica ni sanitaria para ningún aumento; consideramos que no debe caer el peso sobre los flacos bolsillos de los usuarios y pretendemos que se discuta cuánto aumento necesitan las empresas sino cuánto pueden pagar los usuarios, ya que el 50% está por debajo de la línea de pobreza”, dijo a Política del Sur el presidente del Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Juan Diego González Morales.

Tanto Edenor como Edesur son las compañías que llevan el servicio a gran parte de los distritos del Conurbano bonaerense, y ante la discusión, fue el propio gobernador provincial, Axel Kicillof, quien señaló que haber logrado "un incremento menor a dos cifras es importante" y es "una forma de salir de este problema".

Desde las ONGs señalaron que en los últimos años, específicamente durante la gestión de Cambiemos, unos 3 millones de usuarios y sus respectivas familias sufrieron el “empobrecimiento energético”, es decir, que elegían entre pagar las tarifas o utilizar el dinero para otras necesidades básicas.

“Hubo 4 años con aumentos desmedidos de las tarifas entonces hoy es tiempo de que las empresas esperen, no es tiempo de que el Estado o los usuarios salgan a bancar esa situación. Para que la mayoría de los usuarios se recuperen va a llevar tiempo, necesitamos alinear las tarifas con los salarios y los precios de los alimentos. Si seguimos empujando las tarifas para arriba todo se va a desalinear”, marcó González Morales.

En ese plano, y con la autorizaron a las distribuidoras provinciales de energía eléctrica de poder plantear incrementos de un 7% por parte de la administración bonaerense sin mediar audiencias públicas, desde las organizaciones consideraron que son las empresas las que deberían afrontar los gastos que se presenten.

“Hubo aumentos del 2000% en la tarifa eléctrica y de gas, pero no hubo salario ni jubilación que haya crecido así, nosotros venimos planteando qué tipo de empresas queremos, la idea de pasar a empresas de formato comunitario que no sean de condición privada sino que se piense en una fuerte participación del Estado y la comunidad”, marcó el especialista.

En ese sentido, las organizaciones plantearon un punto medio entre las posiciones de ambos funcionarios que representaron la disputa política de la semana. Y coincidieron con lo que plantea Basualdo de no aumentar tarifas, pero a la vez, apoyaron la posición de Guzmán en la idea de segmentar a los consumidores.

“Hoy no se puede aumentar y tampoco caer en que el Estado tenga que salir a subsidiar, hay que discutirlas cuando pase la pandemia y cuando sepamos por qué hubo tamaños aumentos. También creemos que es importante hablar de la segmentación de los usuarios, no puede ser el subsidio igual para quienes tienen trabajo y los que no, lo que tiene propiedades y los que alquilan”, marcó González Morales.

Cabe recordar que durante el mes de marzo se desarrollaron en el país las audiencias públicas para avanzar en una posible readecuación tarifaria en el servicio del gas, donde cientos de expositores manifestaron diferentes puntos a considerar.

“Se tiene que pensar qué tarifa justa y razonable pueden pagar los usuarios, hablamos de Derechos Humanos fundamentales, hay que partir de la base de cuáles fueron las inversiones de las empresas y si no las hicieron no habilitarles aumentos de tarifas”, concluyó el especialista.