Por: Diego Lanese

La semana pasada, el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla ratificó los procesamientos de los responsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Además de aportar más pruebas sobre el accionar del espionaje ilegal, el magistrado informó que cerca de 50 gremios de la provincia de Buenos Aires figuran entre los objetivos de la AFI, lo que generó un fuerte repudio de la dirigencia sindical. En la provincia de Buenos Aires, se conoció que varias seccionales de los principales gremios estatales fueron objetivo de seguimiento, informes y otras acciones. Ante esto, consideraron “proceder tan vil y antidemocrático” el manejo que se hizo en la anterior gestión del organismo. Hace unos meses, en otro fallo de Ramos Padilla, se había conocido el seguimiento al responsable de ATE-Esteban Echeverría y Ezeiza.

Los nuevos datos sobre el accionar ilegal de la AFI durante el macrismo se dieron a conocer la semana pasada, en una causa que procesó a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, responsables de la agencia en la presidencia de Macri. Entre los objetivos se encontraron cerca de 50 gremios nacionales, y varios de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, figuran ATE, CICOP, SUTEBA, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), y varios más. Estas tareas, afirma el fallo de esta semana, estaban a cargo de las delegaciones provinciales dependientes de la Dirección de Reunión provincia de Buenos Aires, buscaron “la identificación de sus referentes, los principales conflictos a nivel local y provincial y las medidas de fuerza gremial que llevaban adelante”. “De la lectura de los documentos surge de manera cristalina la ausencia de ‘alertas’ de eventos que pusieran en peligro la seguridad interior o la defensa nacional.

Una vez conocida la noticia, los gremios expresaron su bronca. “Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense repudiamos este proceder tan vil y antidemocrático llevado adelante por el gobierno que encabezaba el entonces presidente, Mauricio Macri, donde utilizando métodos propios de una dictadura, persiguieron y trataron de amedrentar a las y los trabajadores de la Educación y a sus legítimos representantes gremiales”, remarcaron en un comunicado los integrantes de este espacio, que además exigieron que “se esclarezca lo sucedido y que se penalice a los culpables”. La mayoría de las organizaciones adelantó que pedirán ser querellantes en la causa, para conocer los detalles de las tareas realizadas.

Por su parte, desde CICOP se hicieron eco de las denuncias y recordaron que durante el gobierno de Macri denunciaron tareas similares en el hospital Posadas de El palomar, en Morón, en el marco de los despidos masivos que ordenó la dirección de ese nosocomio. Esta semana, en el lugar, se realizó una conferencia de prensa virtual donde los trabajadores damnificados dieron detalles sobre el “espionaje, persecución represión y despidos” que padecieron durante la gestión anterior. En este sentido, apuntaron a la AFI macrista, que designó en el hospital al ex director Pablo Bertoldi Hepburm en diciembre de 2016. El funcionario se consideró hombre de confianza de la procesada Majdalani.

En septiembre de este año, Ramos Padilla informó sobre acciones detalladas del trabajo político gremial y social de ATE Esteban Echeverría-Ezeiza, a través de la figura de su titular Jorge Ravetti, que realizó a AFI durante el macrismo. Según explicó la seccional, las tareas de espionaje ilegal tuvieron “especial énfasis en el trabajo en los comedores nucleados en la Asociación Comunitaria Sur”. “Con total impunidad espiaban lugares donde niños y niñas periódicamente concurren a buscar un plato de comida, en el contexto de la necesidad más absoluta”, denunciaron.

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Según el fallo de Ramos Padilla, el espionaje incluyó relevamiento de sus locales, fotos y datos personales de sus referentes, infiltración en reuniones, instalación de cámaras, todo volcado en informes que luego se elevaban a las máximas autoridades del espionaje durante el gobierno de Macri. En concreto, la AFI hizo seguimiento de al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores.  Las organizaciones sindicales espiadas incluyen a la CTA, SUTEBA, la CTEP, gremios aeronáuticos, la UOM e incluso los trabajadores de Cresta Roja, reprimidos en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri.