Por: Diego Lanese

A comienzos de agosto, un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria denunció que en dos años el gobierno de María Eugenia Vidal subejecutó unos 3.000 millones de pesos de IOMA, que eran parte del presupuesto asignado pero que no se usaron, y no se conoce su destino. Esto se contrapone, dice la entidad, con los problemas de atención que se vive en la obra social de los estatales bonaerenses, que debe garantizar la salud de más de dos millones de empleados públicos.

Esta semana, los reclamos de los gremios volvieron a ser noticia, esta vez vinculados a los medicamentos. Por un lado, exigieron una suba del porcentaje de la cobertura de los tratamientos, desfasado por el incremento de los tratamientos, mientras que las farmacias afirman que desde mayo no reciben el pago de las recetas.

En una conferencia de prensa, los gremios estatales apuntaron a la realidad de la obra social estatal. ATE, CICOP, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Asociación del Personal Legislativo (APL) denunciaron el mal funcionamiento de la entidad. Desde hace un tiempo, el IOMA comenzó a cubrir menos porcentaje de medicamentos, según el informe de Soberanía Sanitaria.

La entidad tiene un sistema de cobertura de medicamentos distinto al del PAMI y las obras sociales nacionales, que cubren un porcentaje fijo del Precio de Venta al Público (PVP). “Esto implica que cuando aumenta el precio de un medicamento, el reconocimiento aumenta de manera proporcional y automática. El IOMA cubre un monto fijo en pesos del PVP (no un porcentaje) y cuando éste aumenta el Instituto debe actualizar mediante resolución el monto de cobertura, algo que no está sucediendo”, explica el trabajo. Por eso, los gremios insisten en que se actualice ese valor que los afiliados no pagan.

La contracara de esta realidad -de pacientes que pagan más por su salud- no se refleja en las farmacias, que están en alerta por el retraso de los pagos. Según fuentes del sector consultadas por Política del Sur, la deuda que mantiene IOMA con el sector minorista se remonta a mayo de este año y no hay “fecha de cancelación”. Por eso, pidieron que se suba ese monto para salvar la suba de los fármacos, que con la devaluación se dispararon en pocos días hasta un 15 por ciento.

Además de estas cuestiones, los gremios estatales rechazan un convenio con Provincia Net, un holding que depende del Banco Provincia y que dirige Jorge Macri. “Por medio de ese convenio se pretende gerenciar la obra social y avanzar sobre la información de 2 millones de afiliados, intervenir en la autorización de afiliaciones, entre otras reformas que afectan a los afiliados”, detalló un documento firmado por los sindicatos.

En este sentido, en conferencia de prensa, el titular de ATE, Oscar de Isasi, consideró que “este gerenciamiento lo hacen antes de apagar la luz, porque aceleraron medidas tras los resultados de las PASO cuando los bonaerenses rechazamos las políticas de ajuste y de vaciamiento del Estado”.

“Si IOMA está financiada por los trabajadores exigimos que el Directorio esté representado mayoritariamente por el voto directo y secreto de los afiliados. Por eso convocamos el día miércoles a una asamblea general del IOMA con el objetivo de decidir los pasos a seguir”, reiteró De Isasi.

En la actualidad hay tres representantes de los gremios, que se dividen los supuestamente mayoritarios. Así, están en la toma de decisiones un referente de UPCN, de Suteba y de los municipales. Además, hay un representante de las fuerzas de seguridad. Estos están cuestionados, y en su momento generaron una dura interna, ya que los sindicatos denunciantes dicen que esos vocales “son cómplices por acción o por omisión” de los problemas que hay en la atención de los afiliados.