Por: Diego Lanese

Luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal anunciara en un spot de campaña la entrega de medicamentos gratuitos para pacientes oncológicos, la mamá de un chico que falleció por una leucemia  que no recibió los tratamientos necesarios por parte del IOMA salió al cruce de la mandataria. Mirna Romagnoli, mamá de Mariano, afirmó que llevan contabilizadas “20 muertes” por este problema.

 

El drama apunta a la obra social bonaerense que atiende a más de dos millones de empleados estatales, que desde hace tiempo es cuestionada por las deficiencias en la cobertura. La semana pasada, un informe denunció que los problemas de la entidad nacen de una millonaria subejecución de recursos: según los datos, en dos años la gestión de Vidal no utilizó los 3 mil millones de pesos presupuestados. Para colmo, no hay registro del destino final de los recursos.

 

Esto hace que haya problemas no sólo con la cobertura de medicamentos: en los últimos meses aumentaron los copagos que deben abonar los afiliados y hay atraso en el pago a prestadores. Los gremios de la administración pública vienen pidiendo más transparencia y afirman que las quejas crecen cada vez más.

 

El informe de la Fundación Soberanía Sanitaria afirma que, al revisar los últimos presupuestos y ejecuciones del IOMA, “se observa una situación que llama la atención: una importante sub-ejecución de sus recursos, sobre todo en los años 2016 y 2017, de más de 1.900 millones y 1.147 millones respectivamente”. Sumando -remarcó el trabajo al que tuvo acceso Política del Sur- se detectó una subejecución “superior a los 3 mil millones de pesos durante la gestión de María Eugenia Vidal”.

 

Lo peor de este dato es el destino de los fondos, que no figuran en ningún registro conocido. “Este excedente financiero no se explica en una institución con más de 2 millones de afiliados, múltiples denuncias por falta de cobertura en servicios y de pagos a prestadores”, agrega Soberanía Sanitaria.

 

La entidad sanitaria recordó que la composición del crédito del presupuesto de IOMA “está dada por el aporte de los afiliados directos de 4,8 por ciento de los sueldos y la contribución del Estado empleador con otro 4,8 por ciento”. Es decir, “el Estado provincial debe transferir esos porcentajes al Instituto pero en el último tiempo, y a pesar de tener conocimiento de lo que recaudaría y de concretar dicha recaudación, decidió no transferir esos recursos a IOMA”.

 

Esto generó el millonario superávit denunciado por Soberanía Sanitaria, recurso que “debería utilizarse para mejorar el sistema de salud bonaerense, lo cual no ha ocurrido en estos tres años”.

 

Retrasos y menos cobertura

 

Las consecuencias del uso de estos recursos por fuera del IOMA son problemas en la atención, que se vienen denunciando en reiteradas ocasiones, y retraso en los pagos a los prestadores médicos, como clínicas y farmacias.

 

En este sentido, los gremios estatales afirman que cada vez hay más pedidos sobre falta de cobertura de insumos o en la cobertura médica. Casos como el de Mariano Romagnoli son extremos, pero no únicos. El año pasado, la docente de Lomas de Zamora Gabriela Ciuffarella falleció luego de que la obra social se retrasara en la entrega de medicación oncológica, por lo que sus familiares y amigos denunciaron al personal de la sede regional de IOMA.

 

“Los casos aparecen todos los días, rechazan trámites, no entregan la medicación. En los últimos años esto aumentó notablemente”, le dijo a Política del Sur una fuente sindical, que afirmó que los afiliados -incluidos los integrantes de la Policía Bonaerense- están “rehenes” de la atención, ya que no pueden abandonar la entidad.

 

En este tiempo, de la mano de la acumulación de superávit, el IOMA comenzó a cubrir menos medicamentos, según el informe de Soberanía Sanitaria. IOMA tiene un sistema de cobertura de medicamentos distinto al del PAMI y las obras sociales nacionales, que cubren un porcentaje fijo del Precio de Venta al Público (PVP).

 

“Esto implica que cuando aumenta el precio de un medicamento, el reconocimiento aumenta de manera proporcional y automática. El IOMA cubre un monto fijo en pesos del PVP (no un porcentaje) y cuando éste aumenta el Instituto debe actualizar mediante resolución el monto de cobertura, algo que no está sucediendo”, explica el trabajo.

 

El Grupo Argentino para el Uso Racional de los Medicamentos (Gapurmed), que analizó diez medicamentos cuyos PVP aumentaron siete veces, mientras que la cobertura de IOMA “bajó del 63 al 47 por ciento”. Además, en el período tomado por ese estudio (2018), el gasto en medicamentos “creció un 33 por ciento más que el salario para beneficiarios de IOMA”.

 

Además de los problemas de cobertura, los copagos (bonos que deben pagar los afiliados cuando se atienden con distintos especialistas) aumentaron notablemente. En la capital La Plata, los copagos por consultas médicas “aumentaron un 90 por ciento para la categoría intermedia (pasaron de 73 en 2017 a 140 pesos en 2018) y más de un 50 por ciento para la categoría superior (pasaron de 145 pesos en 2017 a 220 pesos en 2018)”.

 

Más transparencia

 

El IOMA fue creado el 20 de febrero de 1957 por el decreto 2452, con el objetivo de “proveer cobertura médico asistencial”. En la actualidad, cuenta con 2.640.000 afiliados, una de las entidades de la seguridad social más numerosa. Además de los trabajadores de la administración pública bonaerense (estatales, judiciales, médicos y docentes, entre otros), atiende a empleados de las municipalidades adheridas, fuerzas de seguridad y otros sectores. Cuenta con un directorio conformado por un presidente, un vicepresidente y dos vocales, designados por la Provincia de Buenos Aires. También forman parte tres representantes de los afiliados: uno de Suteba, uno de UPCN y uno por la Policía y el Servicio Penitenciario.

 

Desde que estallaron diversos hechos de corrupción, los gremios piden mayor transparencia. En su momento, desde ATE pidieron la renovación de las autoridades, incluyendo los referentes gremiales, porque consideraron que “no pudieron prevenir la desviación de fondos”.

 

Asimismo, los proveedores y prestadores médicos piden que se mejoren los pagos, que en muchos casos llegan a los 90 o 120 días, como pasa con las farmacias. La semana pasada, desde el Colegio de Farmacéuticos reclamaron una deuda de 220 millones de pesos que el IOMA tiene por la dispensa de tratamientos a beneficiarios del plan Incluir Salud, que atiende las demandas sanitarias de personas que tienen pensiones no contributivas.

 

Según fuentes del sector consultadas por Política del Sur, la falta de pago se debe en parte a que la gobernadora Vidal “incluyó al plan en la órbita del IOMA, que no tiene recursos para afrontar los pagos”. Los farmacéuticos bonaerenses aseguran que si no hay una respuesta a sus reclamos, cortarán la atención del programa, antes denominado PROFE.