Por: Federico Cedarri

Finalmente, el Senado bonaerense avanzó en la sesión ordinaria del jueves 5 de noviembre con la media sanción de uno los expedientes que pedían con insistencia el gobernador Axel Kicillof y el titular de la cartera de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak: la creación de la industria de producción de medicamentos.

Sin embargo, el otro proyecto de ley que integraba el paquete original enviado por el Ejecutivo a la Cámara Alta provincial no logró el consenso esperado dentro del propio oficialismo y se tomó la decisión de derivarlo para un tratamiento complementario al ámbito de la comisión de Presupuesto e Impuestos.

En rigor, desde el Frente Renovador asomaron algunos cuestionamientos al articulado del expediente que propone la unificación del sistema integral de salud (SIPBA).

Si bien el proyecto contaba en principio con la anuencia de la comisión de Salud del Senado, en la cual el peronismo usó su mayoría en el Cuerpo para darle despacho de mayoría, de manera posterior el massismo deslizó dudas sobre las consecuencias de su implementación en los municipios.

En concreto, la propuesta del Ejecutivo de integración del sistema público y privado de salud, conjuntamente con las obras sociales, recalará finalmente en la comisión de Presupuesto e Impuestos que preside justamente una massista, la juninense Valeria Arata.

De hecho, el propio ministro de Salud, Nicolás Kreplak, ya sabía de la maniobra del oficialismo y se apresuró a anticipar en un twits que el expediente de SIPBA sería derivada a la comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado para continuar el camino de la construcción de una mejor propuesta.

La renuencia del massismo a aprobar la iniciativa, tal cuál  había sido despachada por la comisión de Salud, puso en alerta al oficialismo ya que sin esos tres votos la propuesta corría riesgo de no convalidarse: el arco opositor en la Cámara Alta se abroqueló para no avalar ninguna de las propuestas elevadas por la carteta sanitaria bonaerense.

Tomando como antecedente que el Ejecutivo tuvo que ceder ante el pedido del cristinismo en la comisión de salud para unificar el apoyo del oficialismo, ahora replica idéntica anuencia abriendo el camino a los cambios que solicita el massismo.

El cristinismo logró introducirle modificaciones a la propuesta en cuestión, entre las que se destaca la supresión de la facultad del Ejecutivo de determinar la necesidad sanitaria para la incorporación  de nuevos establecimientos  sobre la base de criterios geográficos, sanitarios, epidemiológicos y demográficos.

También se habilita a los establecimientos privados para que se incorporen voluntariamente a la Red Bonaerense dejando constancia que la no adhesión no afectará su habilitación.

De igual manera, se suprime la referencia a los programas nacionales, estableciendo que la prioridad en la asignación de fondos o bienes a las instituciones que integren la Red Bonaerense se limitará  a los programas provinciales.

Los legisladores renovadores cuestionan algunos puntos centrales del articulado, fundamentalmente aquellos aspectos relacionados con el desenvolvimiento práctico de la normativa en los municipios.

En primera instancia, objetan el artículo 43 que en su letra promueve la armonización laboral y salarial del subsector público al equiparar los sueldos de la carrera hospitalaria con los acuerdos paritarios para estatales de las leyes 10.430 y 10.471.

De igual manera, el articulado del expediente original hace referencia a que cada alcalde deberá comunicar al Consejo Regional de Salud y al Congreso Provincial de Salud cuando quiera hacer uso de otras modalidades de personal o reconocer salarios superiores a los que fija la propuesta.

En este punto específico, el massismo salió en defensa de la autonomía municipal. Arguyen que se vulnera ese derecho y que no se especifica de donde saldrá el financiamiento para la equiparación salarial de los sueldos de la carrera hospitalaria con los de los estatales bonaerenses.

En la misma línea, los legisladores referenciados en Sergio Massa ponen en tela de juicio el segmento de la propuesta del Ejecutivo que especifica que los municipios que adhieran a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud tendrán prioridad para la recepción de fondos provinciales.

Los renovadores toman el pedido de sus alcaldes que solicitan que se tome en cuenta para la distribución de los recursos de programas provinciales y nacionales sanitarios el CUD, que se aplica para el reparto de la coparticipación a los municipios.

En este contexto, se presume que el Ejecutivo provincial buscará armonizar la confluencia entre el espíritu de la propuesta con los pedidos de los renovadores para lograr el despacho de Presupuesto e Impuestos y por fin poder tratar el expediente en el recinto con el apoyo de un bloque peronista homogéneo.