Por: Federico Cedarri

En el Senado bonaerense avanza a todo vapor la normativa que busca regular el trabajo en las aplicaciones digitales que se dedican a los repartos domiciliarios.

La comisión de Trabajo y Legislación Social, que maneja la senadora cristinista María Rosa Martínez, dio el primer paso la semana precedente sentando en una misma mesa a legisladores, representantes de los sindicatos del rubro y aautoridades del Ministerio de Trabajo que se constituirá en la autoridad de aplicación, según reza la normativa en cuestión.

Se espera que esta semana la propuesta pueda dotarse de despacho y aprobarse en la sesión del Cuerpo convocada para este jueves 5 de noviembre, valiéndose el oficialismo de la mayoría que detenta.

En la Cámara Alta provincial, el peronismo ostenta un quórum propio de 24 manos levantadas que le garantiza a las iniciativas que cuentan con despacho de comisión un trámite express en el recinto.

Si bien entre los representantes sindicales de los repartidores aún anidan importantes reservas en cuento a la chance de cumplimiento efectivo del proyecto en la práctica, el oficialismo acelerará el trámite para que la propuesta pueda ser refrendada por el Senado y pase a Diputados para su tratamiento antes de que finalice el actual período ordinario.

Este expediente fue enviado hace meses por el gobierno de Axel Kicillof al Senado y fue uno de los puntos que el gobernador enumeró en su discurso del primero de marzo pasado, en aquella ocasión aseguró que ingresaría un proyecto que contemplaría la regulación de una actividad caracterizada por una situación de precarización.

El proyecto en cuestión planea la creación del Registro Integral para el Trabajo mediante plataforma digitales con el objetivo prioritario de que se generen las acciones necesarias para que los trabajadores puedan acceder a servicios, información y beneficios.

Contempla, además, como figura jurídica de plataforma de trabajo a cualquier forma organizativa que mediante sistemas automatizados o digitales  promueve la realización de una tarea humana.

Según estipula la iniciativa, las empresas tendrán la obligatoriedad de inscribirse en tal registro y asimismo los trabajadores del sector podrán incorporarse mediante una aplicación móvil cuya confección quedará a cargo del Poder Ejecutivo.

Uno de los aspectos que mayor controversia genera entre los empresarios del rubro pasa esencialmente por la obligatoriedad que tendrán de informar sobre la cantidad de personas activas, situación contractual de personas activas, condiciones generales del vínculo, duración media de la prestación, promedio de horas semanales e ingresos medios.

Otro aspecto coyuntural de la iniciativa lo configura la contratación de seguros de accidentes personales con cobertura integral frente a los riesgos que depare la actividad propia de los repartidores.

En lo que concierne a las pólizas, las mismas serán de carácter obligatorio y contradas con los recursos de las empresas. Deben contemplar situaciones puntuales de muerte accidental, invalidez total o parcial, asistencia médica de emergencia y cobertura de medicación.

La iniciativa del Ejecutivo contempla además en su articulado la situación de las tiendas que no tienen abertura para la atención del público: son aquellas que operan de centros de depósitos desde donde hacen base los distintos repartidores de las principales apps. De acuerdo a lo que establece la propuesta del Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo deberá efectuar la supervisión y relevación de los diferentes establecimientos que realicen sus ventas a puertas cerradas.

La cartera deberá tener como objetivo prioritario la misión concreta de inspeccionar las condiciones de trabajo en que se desempeñan asiduamente los trabadores del sector.

En rigor, la iniciativa también contempla la posibilidad de que los municipios puedan adherir a la ley y que en ese sentido cada comuna quede facultada para llevar adelante tareas de ordenamiento de espacios de descanso y estacionamiento de los vehículos que se utilizan para los repartos.

El expediente presentado por el gobernador bonaerense estipula la obligatoriedad de las empresas de proceder a la instalación de paradores públicos que serán destinados fundamentalmente a que los trabajadores puedan asearse y descansar.