Por: Diego Lanese

La Ley de Emergencia en Pediatría tuvo un recorrido similar a la que garantiza el financiamiento de las universidades. Sobrevivió a los vetos presidenciales, y con amplio consenso fue ratificada por el Congreso, en medio de una importante movilización popular. Tuvo a los trabajadores, profesionales y familias y pacientes del Hospital Garrahan como emblema, pero fue más allá de lo que sucede en el centro de referencia nacional, ya que buscaba fortalecer todo el sistema de atención a menores.

Hace unos días, se necesitaban dos tercios de los votos de la cámara de Diputados para prorrogar un año la norma, pero por pocas manos no se alcanzó el número. Así, la ley quedó derogada o sin efecto, lo que puso en alerta a gremios médicos, que pese a esto aseguraron que en este tiempo la ley “se cumplió muy poco”.  

El golpe del fin de la emergencia vuelve a movilizar a la comunidad del Garrahan, y a las entidades del sistema de salud que denuncian que el gobierno de Javier Milei tiene “una política sanitaria criminal”, y nombraron además de esta decisión el brutal ajuste en el presupuesto2027, el cierre de programas y direcciones, con el Programa Remediar como emblema, que dejó de entregar medicamentos gratuitos luego de dos décadas de trabajo comunitario.

En el marco de la sesión de la cámara de Diputados de la Nación se la semana pasada, se rechazó la prórroga de la llamada Ley de Emergencia Pediátrica y el régimen de residencias nacionales en salud. A pesar de haber alcanzado 125 votos a favor y 116 en contra, la propuesta del diputado Pablo Yedlin (Unión por la Patria de Tucumán) no logró cosechar la mayoría especial de dos tercios de los votos exigida por el reglamento para su aprobación sobre tablas.

Con este resultado, el esquema sanitario nacional enfrenta la expiración de los marcos de emergencia vigentes y la falta de financiamiento directo para la provisión de medicamentos de primera necesidad, ya que tampoco se logró la mayoría especial para la vuelta del Plan Remediar, que entregaba estos insumos de forma gratuita. “El impacto de esta decisión es que el problema que estanos teniendo con la perdida de profesionales, la migración al sistema privado, en un país donde aumenta la mortalidad infantil, se va a profundizar”, alertó María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).

En diálogo con Política del Sur, la dirigenta recalcó además que esta situación muestra que el gobierno “hace lo que quiere pasando por arriba del Congreso y de los ciudadanos, algo que es absolutamente negativo para el marco y la convivencia democrática”.  La FESPROSA acompaño el reclamo de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan en todo este proceso de lucha.

@MFerBoriotti habló sobre el vencimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica: la prórroga obtuvo 125 votos a favor y 116 en contra, y no alcanzó la mayoría especial. La ley casi no se aplicó. La lucha sigue. https://t.co/pY2DG1RIxl

— FESPROSA (@FESPROSAsalud) October 23, 2026

“El gobierno tiene una mirada al costado respecto a la salud de la población, y estamos empezando a vivir las consecuencias, después de torcerle el brazo al gobierno a esta ley con movilización popular, la política sanitaria del gobierno se ratifica como criminal”, resumió Boriotti. Más allá de la derrota legislativa, trabajadores y profesionales del hospital pediátrico y del resto de los centros asistenciales nacionales denunciaron que en el año de vigencia, la ley no fue del todo cumplida. “La ley de cumplió muy poco”, aseguró Boriotti.

Ese primer aumento salarial a la pediatría del sector nacional fue el único avance constatado por los gremios. El resto, según la titular de FESPROSA, “no se cumplió”. “En el resto del país, no se cumplió la extensión de Ganancias para las horas extras y de guardia, no se cumplió el aumento y las condiciones de trabajo para los residentes, la realidad es que el gobierno al igual que con el financiamiento universitario ignoró una norma recontra aprobada en ambas cámaras, con mayorías increíbles”, explicó Boriotti.

Desde que asumió Javier Milei, aseguran desde el Garrahan, el centro pediátrico sufrió un proceso de ajuste muy similar al del resto del estado nacional, potenciado por el ataque a los referentes sindicales, que se opusieron a esta política. Según los datos presentados por la APyT, el hospital sufrió entre 2024 y 2025 una caída de ejecución presupuestaria del 37 por ciento, equivalente a cerca de 53 mil millones de pesos a valores actualizados.

En valores nominales, las transferencias nacionales pasaron de 304 mil millones de pesos a 252 mil millones de pesos, en tanto que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -al que le corresponde financiar el 20 por ciento- también redujo su partida proporcional, de 75 mil millones de pesos a 63 mil millones. Todo esto, además, “sin aplicar ningún ajuste por inflación”.

La motosierra presupuestaria derivó en un vaciamiento de personal “sin precedentes”, tanto en lo que respecta a médicos como a asistentes. En el primero de los casos, “en un solo año renunciaron 400 profesionales de altísimo nivel en nuestro hospital, vaciándose los servicios”, explicó Norma Lezana ante el Congreso. En tanto, en el área de enfermería, la dotación histórica de 2 mil trabajadores cayó a apenas 1.348, sin que se cubrieran las vacantes.

📰 Denuncia de APyT en @tiempoarg: "sin prótesis ni medicamentos oncológicos de alto costo" para niños del Garrahan y gastos sin sustento y judicializados ante la magistrada María Servini, este miércoles 21/10 vence la Ley de Emergencia Pediátrica que @JMilei nunca aplicó. *sigue https://t.co/6AKIeJWNNg

— Asoc. Profesionales y Técnicos - Hospital Garrahan (@APyT_Garrahan) October 19, 2026

A la pérdida de puestos de trabajo se suma la precarización laboral: cerca de un centenar de profesionales fueron traspasados desde enero a contratos de locación de servicios, registrándose casos de trabajadores que acumulan meses sin cobrar. En estos días, el colectivo Soy Garrahan realizó una serie de actividades para poner de manifiesto esta realidad. Junto a la APyT, hubo manifestaciones y actividades frente al nosocomio porteño, para alertar sobre la necesidad del cumplimiento de la normativa.

En la previa al tratamiento de la extensión de la norma, el gremio denunció que, por primera vez en su larga historia, la entidad pediátrica está dando de baja tratamientos de niños con cáncer. La entidad sostuvo la acusación a través de sus redes sociales y también lo hizo su secretaria general, Norma Lezana, ante la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el miércoles pasado fracasó la sesión para prorrogar la ley cuando La Libertad Avanza y sus aliados no dieron quórum para sesionar.