Por: Diego Lanese

En recientes declaraciones en un programa de streamig del gremio SATSAID, José Luis Lingeri no estuvo con vueltas, y dijo que las obras sociales viven “una situación casi terminal”. Su vos es palabra autorizada en materia de seguridad social, ya que fue ex superintendente de Servicios de Salud, la entidad a cargo de regular y controlar la seguridad social, por lo que es considerado “el ministro de Salud de la CGT”.

Según Lingeri, el sistema se sostiene casi exclusivamente por los aportes de trabajadores y empleadores, en un contexto de retracción estatal. Esto puede verse no sólo en los datos de los últimos presupuestos, donde el estado nacional se retrajo en sus obligaciones sanitarias, sino en los movimientos que hay en torno del sector.

Hace unos días,  Claudio Stivelman dejó la titularidad de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), lugar que ocupa ahora Horacio Guevara, hasta ahora gerente general del organismo. Más allá de la interna del oficialismo, los cambios muestran la falta de un plan claro para garantizar la atención de los trabajadores, que en muchos casos deben afrontar una suba de los gastos vinculados a la salud. Incluso muchas entidades dejaron de prestar algunos servicios, y obligan a sus afiliados a volcarse al sector público, que está sufriendo el aumento de la demanda. Un nuevo ajuste en el presupuesto y la crisis del PAMI no hacen más que complicar esta realidad.

La situación de las obras sociales sindicales no es nueva pero viene creciendo en la agenda de los sindicalistas. Son muchos los que vienen alertando sobre el desfinanciamiento, que comienza con la baja del empleo formal, principal forma de generar recursos para las entidades.

Varias veces en el año la CGT puso en grupo en el cielo por esta situación, y alertaron sobre el problema que genera en la atención de millones de trabajadores. hace unos días, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, advirtió al ministro de Salud, Mario Lugones, que las obras sociales sindicales atraviesan “una situación que compromete su funcionamiento” y reclamó una respuesta del Estado frente al deterioro del sistema de salud.

En una nota enviada este martes, Fernández, en su carácter de presidente de la Obra Social Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros, expuso ante el funcionario la situación de la entidad y planteó que la crisis afecta al conjunto de las obras sociales sindicales.

“Las obras sociales son los agentes naturales y principales actores del sistema. Sin embargo, dichas entidades se encuentran en un estado económico sumamente crítico que compromete su existencia y amenaza con un cambio radical en la cobertura de salud para más de la mitad de la población de nuestro país”, sostuvo el dirigente en el documento, al que tuvo acceso Política del Sur. Fernández reclamó así una “escucha activa” por parte del gobierno y una participación política que permita atender las necesidades de los trabajadores y sus familias.

🔴 Renunció Claudio Stivelman a la Superintendencia de Servicios de Salud. Según el comunicado del organismo, lo reemplazará Horacio Guevara, actual gerente general, quien dará continuidad a las políticas vigentes. Cambio de nombres en un área clave de la gestión Lugones. https://t.co/iX6TLzmP9r

— Confidencial.ar (@ConfidencialAR) October 6, 2026

El reclamo de Fernández apuntó directo a Lugones porque la superintendencia está en pleno proceso de reestructuración, luego de la salida de su titular. Mediante el decreto 1152/2026, se confirmó la salida de Stivelman, y se estableció que Guevara asuma ese cargo. El comunicado oficial dijo que el funcionario dejó el cargo “luego de haber cumplido una etapa al frente del organismo dentro del proceso de transformación y reordenamiento del sistema de salud iniciado”, pero no mencionó motivos concretos.

Guevara es ingeniero y viene del sistema privado, donde se desempeñó durante más de una década como director de Gestión del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se lo identifica como un dirigente cercano al cuestionado ministro Lugones, lo que refuerza su influencia sobre el organismo que controla a las obras sociales y las prepagas.

Según el Gobierno, tendrá la tarea de “impulsar la libertad de elección de los beneficiarios” y “promover la competencia entre los distintos agentes del seguro de salud”, es decir, de profundizar el rumbo que ya traía la gestión anterior. Stivelman había asumido el 28 de junio de 2025, en reemplazo de Gabriel Oriolo, y estuvo al frente de la SSS poco más de un año. Guevara será el cuarto superintendente de la era Milei, después de Enrique Rodríguez Chantore, que duró 45 días, Oriolo y el propio Stivelman. Es, además, uno de los cargos más inestables del área de Salud, junto con la Secretaría de Discapacidad, que quedó en manos de Pablo Di Liscia tras la renuncia de Alejandro Vilches.

En medio de esta situación, en las entidades se encendieron las alarmas por una medida de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) vinculada a tratamientos de alto costo que podría terminar con un aumento de su valor, y por ende de lo que deben pagar las obras sociales mediante la cobertura.

Se trata de la disposición 5461/2026, que establece una tasa “sobre el despacho a plaza calculada sobre el valor FOB de la mercadería, con una alícuota general del 1,5 por ciento y una reducida del 1,25 por ciento para operaciones de mayor volumen”. Esto pude encarecer los tratamientos, fuente de mayores gastos de las entidades. Sin pagar esa tasa, informaron fuentes consultadas por Política del Sur, no se autorizará la entrega de los medicamentos. esto puso en alerta a los pacientes, en especial con alguna discapacidad, y a los gremios.

Ante el malestar generalizado, la propia ANMAT salió a aclarar los alcances de la iniciativa, y desmintió “una suba arancelaria”. Según la información suministrada a la misma agencia, la norma “no creó ni aumentó tasas, sino que fijó un tope máximo a las alícuotas existentes con el objetivo de corregir distorsiones en operaciones de importación de gran volumen y brindar previsibilidad al sector”. La aclaración indicó además que el esquema arancelario de la ANMAT históricamente no contempla exenciones para los sujetos obligados al pago de tasas por operaciones de comercio exterior.

🔴 ANMAT AUMENTA ARANCELES Y SE PREVÉ UN NUEVO IMPACTO EN EL COSTO DE LOS MEDICAMENTOS La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que conduce Luis Eduardo Fontana, publicó la disposición 5461/2026, que actualiza los aranceles que pagan laboratorios y empresas por registrar y tramitar medicamentos y productos médicos. La norma entra en vigencia el 1 de septiembre y establece, además, un tope máximo de $12 millones para trámites de comercio exterior de especialidades medicinales y de $5 millones para productos médicos. Los incrementos aprobados oscilan entre 0,92% y 271,30% según el trámite. El mayor salto se dio en el registro de medicamentos genéricos, que pasó de $1,07 millones a $4 millones. Las vacunas aumentaron 155,2% y los productos biológicos 119,6%, alcanzando ambos los $10 millones por trámite inicial. Sigue en el hilo 👇

— REALPOLITIK (@RealpolitikOK) September 4, 2026

A este panorama desalentador se le suma la crisis del PAMI, que reporta a la seguridad social, que pone en tensión a los hospitales y centros asistenciales estatales, que deben afrontar la atención de afiliados que perdieron la cobertura o que no pueden acceder a prácticas por la crisis de financiamiento. Esta semana, los médicos de cabecera del PAMI suspendieron por cuatro días la atención, lo que complica más la cosa.

Como se viene alertando, la crisis que afecta la atención por la obra social nacional en esas clínicas empieza a recalentar el sistema de salud público, tal como sucede en Mar del Plata, donde el gobierno de Axel Kicillof denunció una situación de “virtual colapso” el Hospital Interzonal hacia finales de agosto a partir de la crisis del Sanatorio Belgrano, que dejó de prestar servicios a  mil afiliados que tenían ahí su cápita.

Lo mismo pasa con los trabajadores que quedan sin cobertura por despidos o informalidad. Fuentes del gremio médico CICOP le confirmaron a Política del Sur que el aumento de la llamada “demanda espontánea” en los centros asistenciales bonaerense es “de más del 35 por ciento. Ese panorama se multiplica en numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires, donde el Colegio de Médicos salió a denunciar precariedad laboral.

“Los valores actuales de las cápitas y honorarios no acompañan la evolución de los costos necesarios para sostener los consultorios, entre ellos alquileres, insumos, personal administrativo y servicios”, señalaron.