La situación médica de una familiar puso en primer plano un nuevo planteo en el caso del ginecólogo Diego Clementi. Su esposa, la jueza civil y comercial de Avellaneda María Elisa Reghenzani, presentó un pedido ante la Justicia para que el profesional pueda aportar sus conocimientos en una compleja cirugía oncológica.

Según explicó la magistrada en diálogo con Política del Sur, se trata de una intervención de alta complejidad y de una especialidad en la que, afirmó, no abundan los profesionales con la formación necesaria. Por ese motivo, la familia solicitó que Clementi pueda supervisar el procedimiento o colaborar en la conformación de un equipo médico con conocimientos específicos.

“Tenemos un familiar muy allegado que está cursando un cuadro muy grave, justo de la especialidad que maneja mi marido. Son muy pocos los médicos que se encuentran especializados en lo que es cirugía oncológica”, explicó Reghenzani.

La jueza señaló que el planteo responde a una necesidad concreta: encontrar una alternativa médica frente a un cuadro delicado, teniendo en cuenta la confianza que la paciente deposita en Clementi y los conocimientos que el profesional desarrolló durante su trayectoria.

“Estamos pidiendo que por favor le permitan a Diego por lo menos supervisar el equipo que puede ocuparse de la operación quirúrgica complicada de oncoginecología que presenta mi cuñada”, manifestó.

Un pedido excepcional ante una situación urgente

El planteo quedó a consideración del juzgado que interviene en la causa. La solicitud apunta a que Clementi pueda aportar su conocimiento científico sin que ello implique, por sí mismo, una autorización general para retomar el ejercicio de la medicina.

La magistrada remarcó que la familia atraviesa un momento de profunda preocupación por la salud de su allegada y por la necesidad de avanzar con una solución médica. En ese contexto, cuestionó los tiempos de respuesta judicial y advirtió sobre las consecuencias que una demora podría tener para la paciente.

“Estamos a la espera de que el juzgado nos conteste, pero como siempre los tiempos judiciales son eternos y la vida de la gente está en juego”, sostuvo.

Reghenzani también describió el impacto emocional que atraviesan ante la imposibilidad de contar con la participación de Clementi en un área de su especialidad.

“La verdad que estamos atravesando una situación terrible, muy triste y muy dolorosa, que no se la deseo a nadie. Y encima con esta imposibilidad de que Diego pueda atenderla justamente en lo que más sabe”, expresó.

La trayectoria profesional de Clementi y su situación judicial

Clementi desarrolló su carrera en el ámbito de la ginecología y la cirugía, con experiencia tanto en el sector privado como en el público. Entre sus antecedentes profesionales se encuentra su paso por el Hospital Escuela Evita de Lanús, donde se desempeñó como jefe del servicio de Ginecología.

Su situación cambió a partir de las denuncias por abuso sexual formuladas por pacientes, que derivaron en un juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de Lomas de Zamora. En diciembre de 2025, el tribunal lo condenó a 14 años de prisión domiciliaria, con tobillera electrónica. La sentencia incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

Durante el proceso, Clementi rechazó las acusaciones y cuestionó la valoración de las pruebas presentadas. En declaraciones anteriores a este medio, sostuvo que distintos peritajes médicos respaldaban su interpretación de las prácticas profesionales examinadas durante el juicio.

La defensa anunció que apelaría el fallo. Esos cuestionamientos forman parte de la posición del condenado y no modifican, por sí mismos, los efectos de la sentencia.

Ahora, el pedido de autorización para colaborar en una cirugía oncológica abre una cuestión puntual que deberá resolver la Justicia: si resulta jurídicamente posible habilitar alguna modalidad de intervención científica o supervisión médica, dentro de los límites de la condena y de la inhabilitación vigente.

Mientras la familia aguarda una respuesta, la preocupación inmediata pasa por la salud de la paciente y por la posibilidad de que se encuentre una alternativa para afrontar una intervención de alta complejidad.

La decisión está en manos del juzgado, que deberá evaluar el alcance del pedido y determinar si existe una vía legal para atender la urgencia planteada.