El violento episodio ocurrido en Quilmes, donde un joven acusado de intentar robar una moto fue golpeado, desnudado y atado a un árbol por un grupo de repartidores, reabrió el debate sobre la justicia por mano propia, los límites de la reacción ciudadana frente a la inseguridad y la responsabilidad por la difusión de imágenes de agresiones.

En ese contexto, el abogado y ex funcionario del Ministerio de Justicia Eduardo Dipasquale cuestionó el accionar de quienes participaron del ataque y sostuvo que el hartazgo social frente a los delitos no habilita a reemplazar a las instituciones judiciales. También puso el foco en la circulación de los videos en redes sociales y en la necesidad de establecer reglas claras frente a las nuevas formas de difusión de contenidos.

“No se trata de defender a la delincuencia, sino de que se haga justicia”, remarcó el letrado, quien insistió en que los ciudadanos no pueden asumir las funciones de jueces, fiscales y policías para imponer castigos por su cuenta.

El hecho ocurrió el viernes 9 de octubre en el partido de Quilmes, cuando un grupo de trabajadores de delivery interceptó a un joven de 20 años señalado por un presunto intento de robo. La situación derivó en una agresión colectiva que incluyó golpes, la exposición del joven desnudo y su sujeción a un árbol. Las imágenes fueron registradas y posteriormente se viralizaron en redes sociales.

 

 

 

 

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Para Dipasquale, la gravedad del episodio no se limita a la violencia física. “Lo golpearon, lo desnudaron, lo ataron a un árbol y lo flagelaron como si estuviésemos en la época de la Inquisición”, describió al cuestionar las prácticas utilizadas para castigar al sospechoso y obtener una supuesta confesión.

En esa línea, advirtió que este tipo de conductas puede involucrar distintas figuras penales. Entre los posibles delitos, mencionó la privación ilegítima de la libertad, la tortura, la apología del crimen y la incitación a la violencia colectiva, aunque su eventual aplicación depende de las circunstancias del caso y de la investigación judicial.

El abogado también señaló que el accionar debe analizarse independientemente de la acusación que pesaba sobre el joven. Según planteó, la respuesta frente a un presunto delito debe canalizarse a través de las autoridades competentes, sin que la sospecha habilite a particulares a ejercer castigos físicos.

“Entendemos que la situación está complicada, que los robos lamentablemente son cotidianos y que la gente llega a un estado de hartazgo”, reconoció. Sin embargo, consideró que esa realidad obliga a discutir el funcionamiento de las instituciones y no a legitimar la violencia.

En ese sentido, reclamó una mayor presencia del Estado a través de la Policía, las fiscalías y la Justicia, además de las responsabilidades que corresponden a las autoridades políticas. Para Dipasquale, la falta de respuestas oportunas y la demora de los procesos judiciales contribuyen a profundizar la bronca social, pero no justifican que los ciudadanos se arroguen la facultad de castigar.

“Hay que parar un poco”, advirtió, al alertar sobre el riesgo de que estas situaciones se naturalicen y deriven en episodios todavía más graves. Incluso planteó qué podría ocurrir si una persona sometida a una golpiza de estas características muriera durante el ataque: una posibilidad que, a su entender, expone las consecuencias de dejar la aplicación de la justicia en manos de particulares.

 

La responsabilidad por filmar y difundir las agresiones

Otro de los ejes de su análisis fue la difusión de las imágenes del ataque. Dipasquale advirtió que la circulación de este tipo de contenidos no es una cuestión ajena a la responsabilidad de quienes los publican y llamó a distinguir entre las conductas de los agresores y las de quienes registran o reproducen los hechos.

“Estás demostrando el nivel de crueldad de la situación”, sostuvo al referirse a la filmación de la golpiza. Además, alertó sobre el efecto que puede producir la repetición de las imágenes: su circulación puede contribuir a que una parte de la sociedad considere aceptable la violencia como respuesta frente a la inseguridad.

El letrado planteó que existe una diferencia entre las publicaciones de usuarios particulares y las de los medios de comunicación, que deben evaluar qué contenidos difunden y de qué manera lo hacen. En ese marco, consideró necesario discutir los alcances de la responsabilidad por la publicación de imágenes que exponen agresiones y situaciones de extrema violencia.

Durante su análisis, también hizo referencia a un fallo de una Cámara de Apelaciones en lo Criminal de 2015 sobre detenciones ciudadanas y agresiones posteriores. Según la interpretación que expuso, la retención ilegítima de una persona, el ataque físico y la difusión de las imágenes pueden constituir conductas diferenciadas, cuya eventual responsabilidad penal debe determinarse de acuerdo con los hechos y el derecho aplicable.

En ese punto, el abogado insistió en que la difusión no debe analizarse de manera aislada del contexto. A su criterio, la repetición de los videos puede alimentar la idea de que el castigo físico está justificado y contribuir a reproducir este tipo de prácticas.

 

Inteligencia artificial y falta de regulación

Di Pasquale extendió el planteo a los desafíos que presentan las redes sociales y la inteligencia artificial, especialmente frente a la posibilidad de generar imágenes o videos falsos que se presenten como hechos reales.

El abogado advirtió que la tecnología avanza más rápido que las respuestas normativas y señaló que esa situación dificulta establecer responsabilidades por la utilización de imágenes, tanto en publicaciones personales como en campañas comerciales o contenidos que pueden afectar la reputación de una persona.

Como ejemplo, recordó la utilización de rostros de figuras públicas en publicidades sin su autorización y sostuvo que es necesario establecer mecanismos que permitan proteger la propia imagen y distinguir los contenidos auténticos de aquellos creados o modificados mediante inteligencia artificial.

En relación con ese problema, mencionó su participación en consultas vinculadas con la Asociación Argentina de Actores y señaló que existen iniciativas legislativas sobre la materia, aunque consideró que todavía falta avanzar en reglas que respondan a los problemas concretos que plantea esta tecnología.

“Hay que hacer una legislación sobre eso”, afirmó, al plantear la necesidad de establecer criterios para el uso de imágenes y determinar cuándo existe autorización para su utilización, especialmente con fines comerciales.

El abogado también consideró importante que los medios y las plataformas contribuyan a identificar los contenidos generados mediante inteligencia artificial, de modo que los usuarios puedan reconocer cuándo están frente a una representación ficticia y cuándo ante un hecho real.

 

“La ley está por arriba de todas las cosas”

En el cierre de su análisis, el abogado volvió sobre el caso de Quilmes para advertir que la discusión no debe quedar reducida a una disputa entre quienes condenan la inseguridad y quienes cuestionan la violencia ejercida por particulares.

Su posición, explicó, parte de la defensa del Estado de Derecho: la existencia de delitos y el reclamo de seguridad no eliminan las garantías legales ni habilitan a imponer castigos fuera de los procedimientos establecidos.

“La justicia y la ley y la norma están por arriba de todas las cosas”, sostuvo.

Para el abogado, la demora judicial, la falta de respuestas institucionales y el crecimiento de la tensión social requieren una discusión sobre el funcionamiento del Estado. Pero la salida, insistió, no puede ser la violencia ejercida por ciudadanos que deciden por su cuenta quién es culpable y qué castigo merece.

El episodio de Quilmes, con una agresión registrada y difundida masivamente, vuelve a poner sobre la mesa esa tensión: cómo responder a la inseguridad sin vulnerar derechos y cómo evitar que las redes sociales conviertan el castigo físico en un espectáculo que se reproduce y se naturaliza.