Hoy se conoció el resultado de la licitación por el 90% de AySA. El consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX ofertó US$340,2 millones y superó a Roggio, que ofreció US$285 millones. Ambas ofertas quedaron por debajo de los US$450 millones que calculaba el Ministerio de Economía. Ya tiene precio una empresa que presta servicio a 14 millones de personas, pero ese precio se fijó sin que los usuarios supieran qué se estaba vendiendo.

La información que nunca fue pública

Durante todo el proceso intentamos saber cuánto valía AySA y cuál era su pasivo ambiental. No fue posible. La valuación del paquete accionario no se hizo pública y el Data Room quedó reservado a los oferentes privados. Pedimos esa documentación por la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y, ante la falta de respuestas, acudimos a la justicia federal con un amparo colectivo. Los usuarios, que son quienes van a pagar el servicio durante los próximos 30 años, siguen sin acceso a esos datos.

Los datos que sí son públicos

Lo poco que se sabe obliga a hacerse preguntas. En primer lugar, Rowing integra el holding Equo Capital, presidido por Walter Román. Según los registros de la Cámara Nacional Electoral, dos empresas de ese mismo holding, Direct Group y Lógico, aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025. Corresponde a la Cámara Nacional Electoral analizar si esos aportes se ajustaron a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Como ciudadanos, lo mínimo que podemos pedir es que se esclarezca.

En segundo lugar, el grupo ganador espera una nueva categorización de usuarios por zonas que, según información del ERAS, le generaría un flujo de caja extra de US$93 millones por año. Ese dato es central y debería conocerse antes de la firma del contrato. Quien compra ya sabe qué ingresos adicionales le esperan. Quien paga la factura todavía no sabe cuánto va a pagar.

En tercer lugar, como informó La Nación, Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y proveedor del insumo con el que AySA potabiliza el agua desde 2009, también es socio en el control de Edenor. AySA es el mayor consumidor de electricidad del AMBA y, por lo tanto, el principal cliente de esa distribuidora. De confirmarse la adjudicación, un mismo grupo quedaría a ambos lados de esa relación comercial.

Lo que corresponde

El agua es un derecho humano y un servicio esencial. Su traspaso a manos privadas exige las máximas garantías de transparencia, y eso incluye lo que todavía no se hizo: publicar la valuación y el inventario de pasivos ambientales, y dar a conocer el esquema tarifario antes de firmar el contrato. La adjudicación definitiva todavía requiere la revisión final de la Comisión de Evaluación. Es el momento de que esa información salga a la luz.

Por Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia de Buenos Aires