Por: Diego Lanese

En los 90, cuando el proyecto de gobierno menemista desarmó el Estado nacional de manera sostenida, las grandes empresas de servicios se valieron de los retiros voluntarios para desprenderse de una gran cantidad de empleados públicos. La idea era “tentar” a los trabajadores para que dejen las dependencias estatales, con dinero en efectivo y otros beneficios.

La actual gestión libertaria, siguiendo aquellas directrices, fue el gobierno que volvió a imponer estos planes, como una parte de la motosierra, que ya terminó con la destrucción de más de 74 mil empleos estatales. Ahora, van por una nueva poda, con el lanzamiento de una segunda etapa del plan de retiro que ya sumó a más de 600 empleados, todos de planta permanente.

Desde el gobierno dicen que la intención es seguir “achicando el Estado”, y todas las miradas se centran en el Ministerio de Descentralización, autor intelectual del nuevo programa de ajuste. Para los gremios, hay una doble preocupación, ya que por un lado las condiciones que ofrece esta etapa parecen poco favorables a los estatales; y por otro, si hay una salida masiva –producto de la necesidad de mejorar los ingresos deprimidos –las entidades quedarán muy limitadas para su actividad, ya que entre despidos y renuncias muchos organismos están con mucha escases de personal.

Las versiones que comenzaron a circular durante el fin de semana hablan que el Ministerio de Descentralización prepara un decreto para habilitar un régimen de retiros voluntarios destinado a empleados civiles de planta permanente de la administración pública centralizada y de organismos desconcentrados, con la expectativa de comenzar las inscripciones durante noviembre.

La medida ampliaría una herramienta que ya fue utilizada durante 2026 en organismos como la ANSES, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración de Parques Nacionales. Esta vez, sin embargo, el alcance sería mayor y formaría parte de la política de revisión de estructuras y dotaciones impulsada por la cartera que lidera Federico Sturzenegger.

El diseño que prepara el Ejecutivo, informaron fuentes de la Casa Rosada, alcanzaría a tres grandes grupos. Por un lado, empleados que ya tienen edad y aportes para jubilarse; por otro, trabajadores en edad jubilatoria que todavía necesitan completar años de contribuciones; y finalmente agentes más jóvenes que decidan dejar la administración. Las compensaciones variarían de acuerdo con cada situación.

La expectativa oficial es superar las mil adhesiones una vez abierto el registro. El programa no abarcaría, en principio, a los organismos descentralizados, pero sí a los desconcentrados que dependen de la administración central.

#GRUPO33 🎙️ NACIONALES NACIÓN ABRIÓ UNA SEGUNDA ETAPA DE RETIROS VOLUNTARIOS PARA VIALIDAD La Dirección Nacional de Vialidad habilitó una nueva etapa de retiros voluntarios para su personal, con tres alternativas de indemnización y pagos que podrán extenderse hasta ocho cuotas. La medida forma parte de la reorganización del organismo. Según datos oficiales citados en la resolución, la DNV redujo su planta de 5.704 a 4.191 empleados entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. #VialidadNacional #GobiernoNacional #Nacionales

— treintaytres (@GRUPOTRESTRES) October 6, 2026

El mecanismo que ahora busca ampliarse ya tiene antecedentes concretos. La ANSES puso en marcha este año una segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para trabajadores de planta permanente.

El organismo acaba de extender hasta el 9 de octubre el plazo para adherir al programa. La modalidad contempla distintas condiciones según edad y situación previsional y mantiene restricciones para determinados casos. La aceptación tampoco es automática: la presentación del trabajador queda sujeta a evaluación y aprobación del organismo.

El primer organismo que puso en marcha un plan así fue la Dirección de Vialidad Nacional. Mediante la resolución 1220/2026, publicada ayer lunes en el Boletín Oficial, se avanza con una nueva fase del retiro voluntario destinado al personal de planta permanente y contratados de la entidad. La puesta en marcha de la segunda etapa del Sistema de Retiro Voluntario da continuidad “al proceso iniciado previamente mediante la resolución 118/2026, en el cual se registraron 609 adhesiones sobre un estimado inicial de 900 agentes”.

A la segunda etapa del programa, explicó la resolución, podrán adherirse los agentes de la entidad “en planta permanente o con contratos por tiempo indeterminado que cuenten con una antigüedad mínima superior a un año”. Entre los parámetros y condiciones que regirán para “acceder al retiro se determinó que quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 64 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos”.

Ante este nuevo avance, desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) criticaron este nuevo avance contra los trabajadores del organismo, que vive un fuerte proceso de ajuste, que podría derivar en otra ola de cesantías masivas. Ante la posibilidad de este plan, desde el gremio salieron al cruce de la iniciativa. “Justamente el 5 de octubre que es el Día del Camino y el aniversario 94 de Vialidad nacional, el gobierno publica esta resolución”, recalcó Fabián Catanzaro, secretario Adjunto del gremio.

Ante la consulta de Política del Sur, el dirigente recordó que este es “el segundo plan de retiros, ya hubo uno por el mes de marzo, con similares condiciones como los actuales”. La condición más importante, explicó el dirigente, es el porcentaje del salario que se abona, pagado en cuotas.

“No son condiciones muy auspiciosas para los trabajadores, es un mecanismo que empieza a expulsarlos de la entidad, ya que la lógica del plan es ‘esto o nada’, bajo amenaza de despidos”, razonó Catanzaro.

En el primera tramo de este plan de achicamiento de la plantilla de empleados de Vialidad Nacional se sumaron unos 600 empleados, y ahora se espera otro tanto. “Si fuera mejores las condiciones, los pagos no fueran en tantas cuotas, muchos trabajadores podrían sumarse, pero para este tramo no creo que superen los 100 o 200 empleados”, adelantó el dirigente. Pese a esto, desde FEPEVINA aseguran que para “los golpeado que viene el organismo, esas salidas se van a sentir, y mucho”.

Los retiros voluntarios que se plantean en el gobierno profundiza la baja de personal, una constante en materia de plantilla pública. Desde su asunción en diciembre de 2023, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido “el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados”, como denunció el Centro de Política Económica Argentina (CEPA) A datos de agosto de 2026, la dotación de personal “se redujo en 74.332 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 21,6 por ciento”.

Analizando por sector, puede observarse que, en términos absolutos, la mayor parte del recorte recae sobre la administración descentralizada (los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera); en segundo y tercer lugar las empresas y sociedades y la administración centralizada (conjunto de órganos y dependencias que integran directamente al Poder Ejecutivo nacional) respectivamente; y en cuarto y quinto lugar, la administración desconcentrada (el conjunto de oficinas y delegaciones del gobierno central para ejecutar funciones en diferentes zonas del país) y otros entes respectivamente.

En términos porcentuales, la mayor parte del recorte “recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente”.

Desde diciembre de 2023, el recorte de personal en el sector público ha sido profundo, con un fuerte impacto en empresas y organismos estratégicos del Estado. El caso más significativo es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.645 despidos. Esta situación no solo implica una pérdida laboral masiva, sino que afecta funciones esenciales que exceden el envío de cartas y paquetes: el Correo garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas desatendidas por operadores privados y cumple un rol logístico clave para el Estado, incluyendo la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos y el soporte de los procesos electorales del país.