La conflictividad docente bonaerense sumó un nuevo capítulo y ya no pasa solamente por los salarios. Las agresiones dentro de las escuelas, las diferencias entre los sindicatos mayoritarios y los sectores disidentes, la posibilidad de descuentos y una paritaria todavía sin nueva oferta económica configuraron un escenario que volvió a obligar al gobierno de Axel Kicillof a fijar posición.
Este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, diferenció las huelgas convocadas por organizaciones sindicales con representación formal de aquellas impulsadas por agrupaciones disidentes y confirmó que, en estos últimos casos, pueden aplicarse descuentos por los días no trabajados. La decisión, aclaró, corresponde a la Dirección General de Cultura y Educación.
En conferencia de prensa con el ministro de Seguridad @JaviAlonsook y la directora ejecutiva del OPISU @barriosromi brindamos un panorama de la actualidad nacional y provincial y presentamos iniciativas del Gobierno bonaerense: ✅ La situación económica y social sigue empeorando, como lo revelan los indicadores: - La actividad industrial cayó un 3% acumulado interanual en agosto. - En sectores como el textil el derrumbe es del 22,6% interanual en los primeros siete meses de este año. - Los patentamientos de automóviles retrocedieron 11,4% interanual en septiembre. - Con respecto al empleo, incluso seis de los ocho sectores que crecieron destruyeron puestos de trabajo: entre ellos, la minería perdió 8.500 puestos y la intermediación financiera perdió 8.600. ✅ Frente a una recesión ya consolidada, el Gobierno nacional les echa la culpa a quienes les va mal. La verdad es otra: la culpa no es de la gente sino de quien perpetra este plan económico contra los argentinos: el presidente Milei. ✅ En el Gobierno de la Provincia seguimos sosteniendo la obra pública, pese a los recortes con los que el Gobierno nacional castiga a los bonaerenses. En lo que va de 2026 llevamos adelante 87 nuevas licitaciones con una inversión de 741.270 millones de pesos para garantizar las obras que nuestra población necesita. ✅ La peregrinación a Luján fue una muestra masiva de fe y esperanza: 2,7 millones de personas caminaron en paz con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia para garantizar su bienestar y la asistencia que pudieran requerir. Celebramos esta actividad y el compromiso de 6.500 voluntarios que trabajaron en este operativo. ✅ En el Día Mundial del Hábitat repasamos la enorme tarea que realiza el @OpisuPba a lo largo de nuestra provincia: obras para mejorar la calidad de vida en 309 barrios populares de 82 municipios, que alcanzan a una población de 537.748 personas. Es una inversión total de $565.809.000.000, recursos que el Gobierno bonaerense destina a que quienes tienen más necesidades puedan vivir con mayor dignidad.
— Carli Bianco (@Carli_Bianco) October 5, 2026
La definición llega después de una semana atravesada por medidas de fuerza motivadas principalmente por una sucesión de agresiones contra trabajadores de la educación. SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET realizaron el jueves 1° de octubre un paro provincial para reclamar “medidas urgentes y concretas”, luego de episodios denunciados en Trenque Lauquen, Hurlingham, Ensenada, San Miguel, Almirante Brown, Florencio Varela y otros distritos. A esa protesta se sumó la presión de sectores opositores dentro del sindicalismo docente, particularmente SUTEBA Multicolor, que combina el reclamo contra las agresiones con cuestionamientos salariales, laborales y al funcionamiento de las herramientas provinciales de prevención.
Bianco explicó que dirigentes gremiales le transmitieron la existencia de cuatro o cinco situaciones graves durante la última semana y ubicó los episodios dentro de un cuadro más amplio de conflictividad social. “Estamos viviendo en un marco de violencia”, sostuvo, y señaló que la situación también alcanza a trabajadores de hospitales y efectivos policiales. El ministro vinculó ese escenario con las políticas y el discurso del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
“Estas cosas no pasaban hasta el 2023”, afirmó al referirse a la frecuencia y magnitud de los episodios. También cuestionó las expresiones del Presidente contra periodistas, estudiantes y docentes y sostuvo que desde la principal magistratura debería transmitirse un mensaje de orden y convivencia. La explicación política, sin embargo, convive con una demanda más inmediata de los sindicatos: qué herramientas concretas se aplicarán dentro de las escuelas para prevenir nuevas agresiones y proteger a los trabajadores.
La Provincia ya cuenta con mecanismos previos. En 2023, los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense y el Ejecutivo acordaron un esquema de prevención, resguardo y reparación frente a hechos de violencia y acoso. Durante este año también se asignaron mayores responsabilidades a las autoridades distritales y en abril se conformó una mesa interministerial con participación de Educación, Seguridad, Gobierno, Desarrollo de la Comunidad y Niñez.
El conflicto actual volvió a poner bajo examen la aplicación efectiva de esas herramientas. Los sindicatos reclaman especialmente el funcionamiento de las mesas intersectoriales y una coordinación más rápida entre autoridades educativas, organismos locales, Justicia y otros actores de cada territorio.
La violencia fue el detonante de la última huelga, pero la discusión salarial continúa atravesando la relación entre los gremios y el Ejecutivo. El Frente de Unidad Docente Bonaerense —integrado por SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA— participó el 25 de septiembre de una nueva instancia paritaria sin recibir una propuesta económica. Desde entonces reclama que la negociación continúe de manera urgente.
🔴 PARO PROVINCIAL DOCENTE 🔴 👉 #Ayer Nuestras Entidades se manifestaron en cada distrito para decir Basta de Violencia contra los Docentes! https://t.co/rSmIZjDJ7L
— FEB (@LaFEB) October 2, 2026
El último acuerdo otorgó un incremento del 7 por ciento, dividido entre julio y agosto, por lo que septiembre quedó sin una nueva actualización. La presidenta de la FEB, Liliana Olivera, reclamó una recomposición inmediata y pidió que no se demore la presentación de una oferta. El pliego gremial tampoco termina en los ingresos. Incluye reclamos por IOMA, sobrecarga laboral, salud laboral, condiciones de trabajo y mecanismos de protección frente a las agresiones.
La oposición interna de SUTEBA comparte parte de ese diagnóstico, pero cuestiona la estrategia de negociación de la conducción provincial. La Multicolor reclama medidas de fuerza más sostenidas, actualización salarial ligada a la inflación, recuperación del poder adquisitivo, devolución de descuentos anteriores y mayores recursos para educación.
Allí aparece una de las claves de la respuesta de Bianco. El gobierno busca distinguir entre las huelgas dispuestas por organizaciones sindicales reconocidas y las convocatorias impulsadas por agrupaciones que no cuentan, según la Provincia, con la misma representación legal. Los descuentos pueden convertirse así en otro foco de tensión dentro de un escenario sindical ya fragmentado.
La discusión también llegó a la Legislatura. La semana pasada, Diputados dio sanción definitiva a una reforma impulsada por el senador de Unión y Libertad Sergio Vargas que amplía las sanciones contra quienes hostiguen, maltraten o agredan a docentes, trabajadores de la salud y agentes que cumplen funciones en servicios públicos esenciales. La modificación del Código de Faltas contempla arrestos de entre cinco y treinta días o multas y amplía una protección que hasta ahora estaba centrada principalmente en los trabajadores de la educación. Además, prevé un registro provincial destinado a reunir información sobre este tipo de episodios.
La Provincia enfrenta así un conflicto con varias capas superpuestas: episodios de agresión que exigen respuestas inmediatas, sindicatos que reclaman que funcionen los mecanismos ya acordados, una negociación salarial sin nueva oferta y sectores disidentes que buscan profundizar las medidas de fuerza. La respuesta de Bianco agregó ahora una dimensión política nacional a ese escenario. Mientras el Gobierno bonaerense vincula el aumento de la agresividad con el clima social y las políticas de Milei, los gremios mantienen sobre la mesa una demanda más concreta: prevención, respaldo institucional, condiciones laborales y una recomposición salarial que todavía no llegó.