Por: Ricardo Carossino

Axel Kicillof construye su candidatura a 2027 sobre dos pilares. Hacia afuera, una alternativa nacional a Javier Milei. Hacia adentro, un armado con los intendentes como columna vertebral y ahí radica el conflicto con la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) que expone el flanco menos pensado de esa estrategia: ¿qué hace el gobernador peronista con quienes sostienen las gestiones locales y reclaman derechos básicos?

El 31 de agosto la FESIMUBO, que conduce Hernán Doval, inició un plan de lucha por tiempo indeterminado, con cortes en las rutas 6 y 205 en Cañuelas. El reclamo apunta a que el Ministerio de Trabajo que dirige Walter Correa ponga en marcha el Consejo del Empleo Municipal, previsto por la Ley 14.656, sancionada en 2014. Es un ámbito consultivo y no vinculante, pero para el gremio es la única vía para discutir salarios con alcance provincial en 135 municipios, algunos con básicos de alrededor de $150.000.

En octubre de 2022, Correa dijo que había que cumplir rápidamente con la ley y aspiraba a convocar el Consejo en el primer trimestre del año siguiente. En enero de 2023 afirmó que era fundamental tenerlo funcionando en 2023. Pasaron más de tres años. Pero desde 2014 hasta la fecha, según aseguró el gremio, “nunca se llegó a reunir la mesa”.

Tras los cortes, el Ministerio definió por resolución las condiciones de convocatoria e integración, pero sin fecha para la primera reunión. La FESIMUBO sostiene que se modifica una ley por resolución y que se invita a gremios sin representatividad. Según sus cálculos, con entre 300 y 350 mil municipales en la provincia, ella reúne el 94% de la representación que exige la norma.

Kicillof no fija los salarios municipales, y el propio gremio lo reconoce. Pero la política no se mide por competencias. Un gobernador que aspira a encabezar la oposición a la "motosierra" necesita que su discurso de defensa del empleo y del Estado presente resista la prueba de su propio territorio. Un ministro acusado por su gremio de querer "desinflar" a la organización y de sacarse fotos con Amadeo Genta en CABA, cuando "los porteños no son empleados municipales", es una imagen incómoda para ese relato.

El vecino inmediato del sindicato del que es referente Garcia en Avellaneda, es nada menos que Miguel Pedelhez, en Lanús, desde siempre asociado a Genta en la COEMA, que por otra parte, parece tener muy buena relación con Walter Correa y que genera las rispideses que como analizan, incluso dentro del MDF, "son innecesarias para Kicillof en este momento de su carrera política". 

Rubén "Cholo" García lo dijo con crudeza: "No hay dónde ir a reclamar en la provincia de Buenos Aires y el ministro se la pasa haciendo política". Y agregó que está bien que Correa quiera ver a Kicillof presidente, pero que mal le hace al gobernador si no atiende a los trabajadores estatales. Es una advertencia política, más que gremial.

RUBÉN CHOLO GARCÍA en Moron, sobre el Consejo del Salario. pic.twitter.com/w7t8WXnXu4

— Fe.Si.Mu.Bo. (@fesimubo) September 23, 2026

La trampa de los intendentes

El nudo es que el Consejo sienta a la mesa a los empleadores, y los empleadores son los aliados de Kicillof. El Movimiento Derecho al Futuro reúne a 41 intendentes, el bloque más grande del peronismo bonaerense. Según el gremio, son los jefes comunales quienes se niegan a discutir, y además usan monotributistas que aportan a ANSES y no al IPS. La FESIMUBO denuncia también el crecimiento del monotributo y las becas como formas precarias de contratación. Para ilustrar el piso salarial, Doval citó a Merlo, que gobierna Gustavo Menéndez, uno de los intendentes del armado del gobernador.

Hay una segunda capa. El límite a las reelecciones podría dejar afuera en 2027 a unos 80 intendentes, entre ellos Menéndez, Espinoza, Ferraresi y Sujarchuk. Kicillof necesita esos votos en la Legislatura y debe negociarlos con el kirchnerismo. Es decir, depende de los mismos jefes comunales a los que un Consejo activo obligaría a discutir condiciones laborales. Activarlo tiene costo con los aliados, y no activarlo tiene costo con los trabajadores.

La interna como telón de fondo

Kicillof suspendió su pelea con Máximo Kirchner con un acuerdo que lo dejó al frente del PJ bonaerense. Esa tregua, que ya terminó, no eliminó las tensiones: la Legislatura sigue siendo escenario de bloqueos y reclamos cruzados. Un conflicto sindical en el conurbano es un echar nafta al fuego, algo disponible para cualquier sector que quiera mostrar que el "líder opositor" no resuelve ni lo que tiene en casa, sin que nadie necesite orquestarlo.

REUNIÓN REGIONAL CONURBANO SUR EN ESTEBAN ECHEVERRIA

SE RATIFICA LA CONTINUIDAD DEL PLAN DE LUCHA TOTAL, PERMANENTE Y PROLONGADO EN TODA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Los Sindicatos de Lomas de Zamora, Avellaneda, Esteban Echeverría, Quilmes, Lanús, Ezeiza y Almirante Brown. pic.twitter.com/qLztVJ3qSw

— Fe.Si.Mu.Bo. (@fesimubo) September 30, 2026

Lo que está en juego

En diciembre de 2025, Kicillof dijo que "no alcanza con el peronismo ni con Buenos Aires". Tiene razón, y por eso el costo de un conflicto aparentemente menor se multiplica. Fuera de la provincia no se lo evaluará por sus intendentes sino por su capacidad de resolver tensiones de base, sin que la política devore a la gestión.

Una fecha cierta, una integración que los gremios reconozcan y una señal de que el derecho a negociar de los municipales no quedó subordinado a la ingeniería electoral costarían poco y descomprimirían mucho. Mientras tanto, cada corte de ruta en Cañuelas o Bahía Blanca es un recordatorio de que el candidato todavía tiene un expediente pendiente en su propia casa.