Por: Diego Lanese

Desde el inicio de la gestión libertaria, la Dirección de Vialidad Nacional está bajo en la mira del ajuste. En los tres primeros años, el achicamiento de los recursos para el mantenimiento de las rutas bajo jurisdicción nacional están en uno de sus puntos más bajos en una década, y en 2027 el panorama no será mejor.

De la mano de la paralización de la obra pública, la dependencia nacional está virtualmente paralizada, según denuncian los propios trabajadores. en este sentido, en estos días se conocieron algunos datos vinculados a los recursos para el año que viene, y el impacto de la falta de mantenimiento en materia de accidentes.

En este sentido, uno de los gremios del sector aseguró que en 10 años, el presupuesto vial se achicó más del 80 por ciento, lo que disparó los accidentes viales, producto del mal estado de los caminos. Además, por el ajuste –que incluye la redirección de millonarios fondos destinados originalmente para sostener el buen estado de las rutas –otra de las entidades de empleados habló de “ruticidio”.  El aumento de la siniestralidad está apalancado en la baja de los recursos de Vialidad Nacional, en el marco del plan motosierra que ajusta el presupuesto de la mayoría de las dependencias.

Según el último informe elaborado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), el presupuesto 2026 de Vialidad Nacional refleja “una caída real cercana al 84,7 por ciento respecto de 2017”, además de una sub-ejecución “superior al 50 por ciento en los últimos dos años”.

Para este año, se espera que haya un nuevo ajuste, según el proyecto que ya se analiza en el Congreso. “Es un presupuesto el del año que viene que convalida el ajuste, que tiene un puñado de obras que casualmente están pensadas para hacerse sobre la red que está concesionada, es decir, en apoyo a las empresas privadas, un curro hermoso”, criticó Fabián Catanzaro, secretario Adjunto del gremio, sobre estos datos que se fueron conociendo esta semana. Respecto de este modelo, el dirigente amplió la posición del gremio sobre esta política: “Las empresas cobran el peaje, pero las obras las hace Vialidad Nacional”.

Además, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 establece en su artículo 67 un régimen de “incentivos impositivos para los nuevos concesionarios de rutas nacionales y obras viales de ampliación”, que contempla una reducción de impuestos para la realización de obras. “Esto está vinculado a la etapa II de la Red Federal de Concesiones, que son 6 mil kilómetros de rutas pero que son de bajo tránsito, por eso necesitan darles un incentivo a las empresas, porque no les da la cuenta, entonces ponen este artículo polémico, para que ganen con eso lo que no pueden ganar por tarifa”, subrayó Catanzaro.

¿Inversión 100% privada? El mecanismo de financiamiento es con crédito del BICE y garantía del FOGAR eso demuestra que el respaldo financiero para el negocio de las concesiones lo pone el ESTADO. Maquillan con otro nombre lo que sigue siendo apoyo público al capital privado. https://t.co/TF7jUiENyJ

— Sevina Sindicato (@SindicatoSevina) September 15, 2026

La baja en los recursos tiene especial impacto en un aumento de la siniestralidad. A partir de un muestreo de accidentes en todo el país, FEPEVINA elaboró un trabajo en el que registra, durante julio de este año, “una sucesión de siniestros viales graves sobre rutas nacionales”.

En ellas, el denominador común es que “ocurrieron en corredores con deterioro estructural documentado: calzadas con ahuellamiento y baches profundos, banquinas descalzadas, señalización e iluminación deficientes, alcantarillas colapsadas y tramos de montaña, (terraplenes y desmontes) sin tratamiento invernal”. En total, se relevaron 22 casos en este informe, al que tuvo acceso Política del Sur, que confirman cifras de otros trabajos.

Estos casos dejaron 29 víctimas fatales, entre ellas un niño de 12 años, además de 20 heridos. “Este cuadro se inscribe en un contexto de desfinanciamiento del mantenimiento vial”, denunció FEPEVINA, que confirmó además que “entre el 70 y el 75 por ciento de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo, el peor registro en los 93 años del organismo”.

Según explicó Catanzaro, este informe de siniestralidad no busca ser un reporte completo de los casos, sino un muestreo de lo que pasó durante el período en que se dieron las vacaciones de invierno. “En los informes tratamos de mostrar un poco lo que pasa en las rutas”, le dijo Catanzaro a Política del Sur. En él, lo que establecemos es “una especie de correlación entre la siniestralidad y el mal estado de las rutas”, que se sigue deteriorando a medida que avanza el ajuste en la gestión libertaria.

En este sentido, el dirigente remarcó que “en algunos tramos de rutas, en julio cuando hicimos el muestreo ya habíamos igualado las mismas muertes que en todo el año pasado”. En otros casos, como la Ruta 5, ese valor ya se triplicó. “Esto no es un invento nuestro, la Fundación Estrellas Amarillas tiene datos similares, tiene una proyección de lo que puede pasar en el corto plazo”, agregó Catanzaro. El estado de las rutas presenta varios casos notables. En Santa Fe, por ejemplo, “el 53 por ciento de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia está en mal estado y solo entre enero y abril de 2026 se contabilizaron 34 muertes sobre esos corredores”.

El Estado sigue financiando concesiones "privadas", desfinanciando a las provincias y destruyendo a Vialidad Nacional. ¿Hasta cuándo vamos a permitir este negocio financiero?@fepevinaprensa https://t.co/QsLI2Sc0WB

— Sevina Sindicato (@SindicatoSevina) September 17, 2026

En tanto, otro gremio se refirió a la situación del organismo, y hablaron de “ruticidio”. Se trata del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que emitió una dura posición y alerta ante la evaluación oficial para incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas. Desde el gremio calificaron el proceso como un "ruticidio" y acusaron al Poder Ejecutivo de ejecutar un vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional para justificar la privatización y el cobro de peajes en más de 9 mil kilómetros de la Red Vial Nacional.

La denuncia más contundente del documento gremial apunta a la administración de los fondos específicos del sistema vial (SISVIAL). Según documentación oficial reconstruida por el sindicato entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron 1.503.252 millones de pesos destinados por ley a la infraestructura vial. De ese total, solo se ejecutaron 394.406 millones de pesos en obras. Así, al 31 de mayo de 2026, más de $1 billón de pesos permanecían inmovilizados en plazos fijos y títulos públicos.

Posteriormente, el propio Ejecutivo admitió que parte de esos recursos eran administrados por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal. De esta manera, el STVyARA rechazó de forma categórica que la infraestructura vial sea evaluada bajo criterios de rentabilidad económica privada. Alertaron que el esquema oficial amenaza con aislar a los pueblos originarios, pequeños productores y economías regionales cuyos tramos no junten el caudal de tránsito suficiente para sostener el negocio de una concesión privada.