Por: Diego Lanese
La última reunión de la paritaria de docentes y nodocentes universitarios no generó novedades en materia salarial. El gobierno llevó el jueves pasado la misma oferta que el 1° de este mes, un incremento mensual del 3 por ciento para agosto y septiembre, lo que fue rechazado de plano por la dirigencia del Frente Sindical de Universidades Nacionales, que llegó a la cumbre sin muchas expectativas respecto de la nueva oferta.
Con un plan de lucha escalonado aprobado para los próximos 20 días, los gremios saben que no habrá avances respecto del cumplimiento de la ley de financiamiento del sector, por lo cual prepara para mediados de octubre una nueva marcha federal, la quinta desde que Javier Milei es presidente.
En este panorama, la pérdida del poder de compra de los salarios se sigue profundizando, a medida que avanza el año y queda más lejos el incremento logrado en junio. En este sentido, una nueva actualización de la situación de los salarios realizado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) establece que el retroceso ya supera los 33 puntos, y es el eje de la disputa.
Además, en el Congreso se comenzó a discutir el presupuesto 2027, con noticias poco alentadoras para la educación superior: los recursos proyectas son más de un 30 por ciento más bajos que los reclamados por el Consejo Interuniversitario nacional (CIN) para lograr un funcionamiento adecuado el año que viene.
El gobierno volvió a ofrecer el jueves pasado un 3 por ciento de aumento a los gremios universitarios, lo rechazaron de plano. Ante el nuevo fracaso de la paritaria, el Frente Sindical de Universidades Nacionales llamó a paro por 48 horas, 23 días de protestas en todo el país y convocó a la Quinta Marcha Federal para el 15 de octubre.
En la misma línea, explicaron que las jornadas se realizarán “de forma rotativa y con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica entre el lunes 21 de septiembre y el jueves 22 de octubre”. Igual a como ocurrió en el anterior encuentro paritario, el Ministerio de Capital Humano comandado por Sandra Pettovello mantuvo la propuesta de un aumento del 3 por ciento. Los sindicatos Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y Unión de Docentes Argentinos (UDA), entre otros, la rechazaron por unanimidad.
“Por eso realizaremos esta medida de fuerza y saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”, sostuvo el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci. “Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, finalizó Cagnacci.
En el marco de la jornada que se está realizando, en la que salimos a las calles para visibilizar el conflicto y defender la Universidad, compartimos el Informe de Situación del Sistema Universitario N°15, elaborado en conjunto con el CIICTI. https://t.co/Y91LxE8FW0 pic.twitter.com/xh77dwXhw8
— Fedun (@FEDUNArgentina) September 15, 2026
En tanto, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, aseguró que otorgará el aumento salarial pese al desacuerdo gremial y argumentó, ante la Justicia, que cumple con las medidas cautelares vigentes. Sin embargo, los gremios exigen una recomposición cercana al 32 por ciento, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo, y reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Es que sin esta norma, los salarios quedan rezagados más de 30 puntos, más allá del aumento que se le arrancó al gobierno libertario en junio pasado. Los datos fueron relevados por la FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en CTI (CIICTI), que estableció en su último Informe de Situación del Sistema Universitario que “los salarios perdieron un 25 por ciento de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y necesitan una recomposición del 33,4 por ciento”.
El informe, al que tuvo acceso Política del Sur, advierte además que el financiamiento de las universidades nacionales “acumula una caída real del 21,9 por ciento desde 2023 y estima que el Gobierno debería ampliar en 1,6 billones de pesos el crédito presupuestario vigente para cumplir durante 2026 con lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario”.
Con estos datos, FEDUN y el resto de los gremios llegaron a la cumbre de la semana pasada. Además, los gremios recordaron que el gobierno se presentó a la justicia para explicar qué hace para cumplir la ley de Financiamiento Universitario, y según confirmó en sus redes sociales Alejandro Álvarez se dio “cumplimiento a la medida cautelar”.
Pero los gremios desconocen los dichos del funcionario. Al respecto, Daniel Ricci, titular de la FEDUN, prometió que continuarán las medidas de fuerza en la educación superior sino ven un cambio de actitud. En relación a las protestas, este martes los sindicatos junto con la comunidad educativa armó una jornada nacional bajo el nombre de "La Universidad en la Calle". Dicha acción incluyó clases públicas y actividades en universidades, plazas y espacios públicos de todo el país, junto al conjunto del Frente Sindical de las Universidades Nacionales.
— FATUN (@fatunoficial) September 21, 2026
Paralelamente, el conflicto se trasladó al Congreso de la Nación, donde los rectores continúan con el reclamo de 11 billones de pesos frente a los 7,3 billones asignados en el proyecto oficial, para que se reconozcan dentro del Presupuesto 2027. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y agrupaciones estudiantiles advirtieron que, de mantenerse este recorte en el Presupuesto 2027, el inicio del ciclo lectivo del próximo año corre serio peligro. Para tener en cuenta el ajuste que generó el gobierno, un reporte pone el foco en los recursos que dejaron de llegar a las casa de estudio.
Así, las transferencias a las provincias y la inversión en bienes de uso, que incluye la obra pública, registraron las mayores reducciones durante los primeros ocho meses de 2026. El informe del IARAF también muestra fuertes bajas en subsidios, fondos fiduciarios y recursos destinados a universidades.
El gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN) acumuló hasta agosto una caída real del 32 por ciento respecto del mismo período de 2023, en el marco de la política de reducción del gasto implementada por el gobierno nacional para sostener el superávit fiscal. El ajuste no tuvo el mismo impacto en todas las partidas. De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), algunos componentes registraron reducciones muy superiores al promedio.