jueves 17 de septiembre de 2026 - Edición Nº2843

Gremiales | 18 sep 2026

ANALISIS

La UOM en estrado de ebullición: La intervención disparó acusaciones y una interna feroz

Las autoridades judiciales del gremio presentaron una auditoria donde hablaron de algunas irregularidades durante la gestión de Abel Furlán, en medio de las versiones que lo vinculan a un departamento en San José 1111. El dirigente contragolpeó con una presentación donde rechaza cualquier delito y pide el fin del mandato judicial. En medio de esto, las disputas internas enfrentan a las seccionales, en un clima de enfrentamiento inédito en estos tiempos.


Por: Diego Lanese

Desde que Ángel Perelman comenzó el acercamiento de la flamante  Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a la figura de Juan Domingo Perón, la historia del gremio y el peronismo caminaron caminos paralelos. Lo mismo el movimiento obrero argentino, que fue conducido por décadas por las principales figuras metalúrgicas, como Augusto Timoteo Vandor, José Ignacio Rucci o Lorenzo Miguel. La desindustrialización posterior a la dictadura militar, consolidada en los 90, mermó las filas del principal sindicato industrial del país, pero su potencia simbólica sigue vigente.

Por eso, que hoy la UOM esté intervenida, por tercera vez en su historia por primera vez en democracia, es toda una señal de época. La decisión judicial de correr a Abel Furlán no sólo generó polémica, sino una amenaza para el resto de los gremios. Además, abrió la puerta a un período de mucha ebullición interna, que hoy está en zona de confrontación.

Es que viejas rencillas se sumaron a los nuevos alineamientos, y configuraron una lucha de poder que amenaza con “libanizar” la organización interna. Además, las autoridades dispuestas por la justicia no dan señales de una salida democrática de esta situación, y se sumaron a las sospechas sobre la participación de la dirigencia en diversas irregularidades, incluyendo la compra de un departamento en San José 1111. Esto despertó la reacción de Furlán y su interno, que presentó un descargo y un pedido de normalización, que hasta el momento no tuvo respuesta.

La decisión de la justicia de poner a Alberto Biglieri al frente de la UOM generó un verdadero terremoto interno en el gremio, además de una fuerte polémica en todo el movimiento obrero argentino. La intervención por 180 días avanza con su mandato, y en este tiempo creó las principales paritarias, gracias a la actuación de un grupo de ocho dirigentes nombrados para ser parte de la mesa de negociación. Además, hace unos días se presentó un informe reservado donde se detallas algunas de las cuestiones más sensibles en materia de manejo del gremio

El punto central es el contrato de la UOM con USEM, una empresa de servicios que fue creada tres meses antes de tener vínculos con el gremio. Además, se detectaron incompatibilidades, la más importante vinculada a María Soledad Calle. El informe sostiene que, durante el período analizado, mantenía una relación laboral con la UOM y, al mismo tiempo, integraba la estructura societaria de USEM  como directora suplente y accionista. Calle es sindicada como la pareja de Furlán, y además quien compró uno de los departamentos vecinos al de Cristina Fernández de Kirchner.

Según las versiones que circulan, se están adquiriendo estas unidades –otra es adjudicada al senador Mariano Recalde –para armar una especie de bunker donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria. Calle es militante de La Cámpora, y por su relación con la UOM y su ex secretario general, la justicia investiga si se usaron fondos del gremio para esa compra.

Además, la intervención alertó que USEM recibió millonarios pagos por sus servicios. Según los datos contables incluidos en el documento, al que tuvo acceso Política del Sur, la empresa recibió 2.466.334.995 de pesos entre 2024 y 2026, correspondientes a un período de 31 meses de contratación con la UOM.

La presentación judicial de la intervención de la UOM expone “una serie de interrogantes sobre la administración del gremio y su obra social, especialmente en torno a la contratación de USEM y el manejo de recursos vinculados con procesos financieros sensibles”. Ante esto, Furlán hizo una presentación ante la justicia para explicar alguno de los puntos, y pedir que se active el proceso de elecciones, ya que a mitad del tiempo entregado a las autoridades actuales –unos 180 días –no hay novedades respecto de los comicios.

El escrito que presentaron los abogados que representan al Consejo Directivo que lideraba Furlán denuncia la intervención de gremios “a partir de resoluciones de jueces afines al oficialismo”. Entre los puntos más críticos figura una denuncia por la reposición por parte de la intervención de dos personas para integrarse a la obra social metalúrgica (OSUOMRA) que ya habían formado parte de esa estructura durante la gestión de Antonio Caló en el gremio.

En la misma línea se menciona “la designación de Ariel Raúl Sosa en el Gabinete de la intervención” así como “su inserción previa en estructuras empresarias vinculadas a Red BASA/Grupo Olmos y al gerenciamiento de prestaciones relacionadas con UOM, en cuanto tales circunstancias, analizadas conjuntamente, resultan relevantes para ponderar la orientación asumida por la intervención respecto del modelo de administración y gestión de la organización”.

Furlán llegó a la conducción del gremio gracias a un movimiento meteórico en el congreso nacional del gremio, en marzo del 2002. Lo hizo al conseguir el apoyo de la mayoría de los secretarios generales, desplazando a Caló, que tuvo que resignar su puesto. Ex diputado nacional,  Furlán tejió en el Congreso buena relación con Máximo Kirchner, quien habría dado el respaldo final para dar el golpe sobre el ex titular, que en 2011 había armado la CGT Alsina, leal a Cristina Fernández de Kirchner, cuando Hugo Moyano rompió lanzas con la entonces presidenta.

Pero este antecedente no salvó a Caló de la movida auspiciada por el kirchnerismo. Esto dejó heridas internas, que resurgieron y se potenciaron a partir de la intervención. Las seccionales del gremio se fueron agrupando según su postura, en torno a Furlán o a la vieja estructura de Caló. Y desde ese nuevo esquema, empezaron los pases de factura.

Un caso es el de Adrián Pérez, de la UOM Quilmes, quien fue miembro paritario en la negociación salarial reciente. Su detención en un control policial fue atribuida a su participación en esa discusión. “Una jugada interna”, dicen en el gremio respecto de la denuncia que circulaba con dos armas de fueron y otros elementos, según puso saber Política del Sur

Otro caso de esta pelea interna se dio hace unas semanas, cuando hubo fuertes versiones de una nueva intervención, en ese caso la seccional La Matanza. La regional está al mando de Esteban Cabello, que asumió su nuevo mandato este año junto al propio Furlán, y fue muy crítico de la situación interna de la UOM, bajo dominio judicial.

Según los rumores, la justicia investigaba una maniobra similar a la nacional, con la designación de una empresa para el manejo de los servicios de salud, creada para tal fin. Lo cierto que en la seccional negaron todo lo que se rumoreó en julio: “Es todo un invento, hablamos con la intervención y dijeron que no hay nada.

Es mentira”, le dijeron a Política del Sur fuentes del sector, que recordaron un viejo enfrentamiento con el grupo BASA/Grupo Olmos cuando asumió Cabello, que le quitó el manejo de esos servicios. Allí estaría la base de las versiones. Lo cierto que la interna sigue avanzando en momentos que la crisis de la industria metalúrgica sigue generando despidos, suspensiones y empresas que cierran sus puertas.

La pelea por controlar el “gremio insignia de la industria argentina” está en crecimiento, y nadie sabe qué puede pasar, desmintiendo aquella frase de Rucci: “Gracias al sindicalismo argentino, tenemos un movimiento obrero politizado que sabe lo que quiere y a dónde va”. En la UOM, eso está en plena discusión.

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