En paralelo a los pedidos de estatales y judiciales, los gremios de docentes bonaerenses elevaron un pedido al gobierno de Axel Kicillof para que convoque a una negociación paritaria con el fin de definir un aumento salarial para el último trimestre del año. A través de una carta dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, las autoridades del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) expresaron la necesidad de una “convocatoria paritaria urgente, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los salarios”.

 

Según argumentaron los gremios de docentes bonaerenses SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, el reclamo remite a la continuidad con el acuerdo alcanzado en julio, donde el Ejecutivo bonaerense aceptó incorporar la cláusula de reapertura de las negociaciones para septiembre. En rigor, el pedido para retomar las discusión por una suba salarial ya había sido efectuado esta semana por los gremios de estatales y judiciales bonaerenses, quienes alertaron por la pérdida del poder adquisitivo en el último año y el aumento sostenido del costo de vida que deterioraron los ingresos.

🙋 Los docentes bonaerenses pidieron al Gobierno provincial una nueva convocatoria a paritariashttps://t.co/VPYqdr6P0W

El FUDB presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo tras conocerse la inflación de agosto y reclamó discutir salarios y otros temas laborales. pic.twitter.com/wcljuQMbHI

— Central de Noticias - Olavarría (@cdnolavarria) September 11, 2026

Es preciso mencionar que, el último acuerdo alcanzado por la Provincia con los gremios estatales, que otorgó una suba acumulada del 7 por ciento, con un 5 por ciento depositado en los haberes de julio y otro 2 por ciento en los de agosto. En este marco, los docentes bonaerenses calificaron de “imperioso” continuar con el tratamiento de requerimientos tales como el estado de alcance del desarrollo de la campaña “Cuidemos a los y las que enseñan”, para prevenir agresiones a los educadores, y la titularización de la educación agraria.

 

Asimismo, desde el FUDB pusieron el foco en que la negociación paritaria de este mes permita “avanzar en defensa del régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) y en la garantía de prestaciones de salud por parte del IOMA.

 

En tanto, el gobierno de Axel Kicillof oficializó la renovación de los representantes de los trabajadores estatales y docentes en el directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El movimiento garantiza lugares para UPCN y SUTEBA dentro de la estructura que conduce Homero Giles, en un momento atravesado por reclamos prestacionales, protestas de afiliados y cuestionamientos opositores.

 

Por el personal administrativo, Silvina Claudia Di Yorio fue nombrada directora titular y Raúl Horacio Antonetti, suplente. Ambos fueron propuestos por UPCN Seccional Provincia de Buenos Aires y tendrán mandato durante los próximos cuatro años. El movimiento se produjo después del vencimiento del período de Antonetti como titular y de la vacancia que había quedado en la suplencia tras la renuncia de Di Yorio en 2023. La nueva conformación fue formalizada mediante un decreto firmado por Kicillof y los ministros Nicolás Kreplak y Carlos Bianco.

 

En la representación docente, el Ejecutivo había convocado a SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) para presentar candidatos y acreditar su cantidad de afiliados. Solamente SUTEBA y FEB entregaron la documentación requerida.

 

Luego de analizar los antecedentes y el nivel de representatividad de cada organización, la Provincia resolvió adjudicar el lugar a SUTEBA. José Luis Nogueira fue designado director titular y Karina Carbonetti, suplente, con mandatos computados desde el 9 de mayo de 2026. Nogueira pidió desempeñar sus funciones ad honorem, condición incorporada expresamente al decreto.

#Dato: @ATEBuenosAires denuncio que @BAeducacion les aplico varios descuentos en los sueldos de los docentes y auxiliares por paros que se desarrollaron durante julio y agosto del 2026 y exige la devolución de ese dinero a los trabajadores bonaerenses pic.twitter.com/iXnzYaRcug

— Ezequiel Jahir Oslé (@Turcolibia) September 14, 2026

La incorporación de los nuevos representantes encuentra al Instituto lejos de un escenario de normalidad. Durante los últimos meses se multiplicaron las denuncias por retrasos en honorarios, reintegros pendientes, interrupciones de tratamientos, problemas en las autorizaciones y conflictos económicos con clínicas, profesionales e instituciones dedicadas a la discapacidad.

 

Como se viene informando, los reclamos dejaron de estar concentrados en una sola ciudad. La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Trenque Lauquen registraron problemas diferentes, pero vinculados por un mismo factor: la incertidumbre sobre la continuidad de servicios esenciales. Familiares de personas con discapacidad y acompañantes terapéuticos denunciaron demoras de varios meses en los pagos. Centros de día y hogares especializados también advirtieron que los desembolsos parciales resultaban insuficientes para sostener transportes y tratamientos.

 

En Bahía Blanca, el Instituto de Rehabilitación Integral (IREL) llegó a suspender prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La atención fue restablecida después de un pago parcial de IOMA, aunque las familias alertaron que el conflicto podía repetirse si no se regularizaban las transferencias.

 

La tensión también alcanzó a los médicos platenses. La Agremiación Médica Platense reclamó durante el año montos correspondientes a prestaciones, diferencias arancelarias y gastos administrativos, y llegó a anunciar una suspensión de la atención. IOMA respondió con pagos parciales y sostuvo que parte de las facturas cuestionadas todavía se encontraba dentro de los plazos establecidos por convenio.

 

El titular de IOMA sostuvo que buena parte de la controversia surge de la diferencia entre las prestaciones autorizadas mediante el circuito administrativo habitual y aquellas que ingresan a través de amparos judiciales. Según su explicación, las coberturas reconocidas directamente por el Instituto conservaron sus condiciones, mientras que la disputa se concentra en servicios ordenados judicialmente con valores, cargas horarias o modalidades diferentes.

 

Esa respuesta no cerró el conflicto. Prestadores y familiares señalan que, más allá del origen de cada autorización, las demoras ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos. También cuestionan los tiempos de auditoría, la actualización de los aranceles y la falta de previsibilidad para sostener equipos profesionales.

 

El gobierno bonaerense encuadra parte de los problemas dentro de la crisis general del sistema sanitario. Kreplak informó que IOMA registró un incremento del 37 por ciento en consultas y prácticas y del 30 por ciento en medicamentos de alto costo respecto del período anterior.  La Provincia atribuye ese salto al traslado de pacientes que cuentan con doble cobertura, pero dejaron de utilizar PAMI o empresas de medicina prepaga debido al encarecimiento de los planes y las dificultades de atención. Según los cálculos oficiales, esa demanda adicional representa cerca de $6.000 millones mensuales.