Por: Ricardo Carossino

La admisión del secretario de Seguridad de Morón, Damián Cardoso, sobre la existencia de una “zona liberada” en El Palomar durante los cambios de guardia matutinos de la Policía Bonaerense no es solo un dato operativo. Llega en un momento de máxima fragilidad política para el intendente Lucas Ghi y reabre, una vez más, el debate sobre quién controla realmente el territorio en el Conurbano.

Según fuentes vecinales consultadas por Política del Sur en el mismo barrio del intendente, los mayores atracos no estaban sucediendo a las siete de la mañana, sino a las siete de la tarde cuando empieza a oscurecer. Desde hace dos meses, las calles de ese barrio son tierra de nadie.

Esto tuvo su epicentro de bronca en la misma casa de Ghi, en Dinamarca y D´Amico cuando un nutrido grupo de vecinos se agrupó en la puerta del intendente para reclamarle seguridad y medidas urgentes, que claramente ponen contra las sogas al jefe comunal hoy aliado al Movimiento Derecho al Futuro, y enfrentado al Nuevo Encuentro aliado de La Cámpora.

No tenemos por qué resignarnos a un Morón con pozos sin tapar, luces que no se arreglan y centros de salud sin insumos. Los problemas de nuestros vecinos y vecinas necesitan respuestas hoy.

En tiempos de crisis como el que vive la Argentina hoy, el gobierno local tiene que estar… pic.twitter.com/mifaIvK9xj

— Martín Sabbatella (@Sabbatella) September 9, 2026

El hecho que detonó la confesión ocurrió el martes 9 de septiembre en la puerta del Colegio Emaús, en la calle Santiago Brian al 900. Un hombre que llevaba a su hija al jardín fue baleado por delincuentes que intentaron un asalto. El horario —alrededor de las 7 de la mañana— coincidía exactamente con el relevo de los patrulleros del Comando de Patrullas. Cardoso reconoció en Radio Rivadavia (medio aliado a La Libertad Avanza) que “ese es un fenómeno que se produce con el comando de patrullas” y aseguró que el municipio lo modificó hace siete meses. La coincidencia geográfica no pasó desapercibida: El Palomar es el barrio donde vive el intendente.

Ghi enfrenta su segunda interpelación en el Concejo Deliberante. Esta última fue aprobada con los votos del sector kirchnerista que responde a Martín Sabbatella, precisamente por la inseguridad. El intendente, que no puede renovar su mandato, opera como un clásico “pato rengo”: conserva el cargo pero ha perdido capacidad de disciplina interna y de proyección política. En ese contexto, cualquier episodio de violencia en su propia zona de residencia adquiere una lectura que trasciende lo policial.

Desde diciembre, Ghi anunció el lanzamiento de una policía municipal integrada por personal retirado de la fuerza. El proyecto busca reforzar la presencia en la calle y competir, en los hechos, con el despliegue de la Bonaerense. Un funcionario municipal de segundo orden, en diálogo off the record con este medio, planteó una hipótesis que circula en los pasillos del municipio: la aparente “liberación” de El Palomar en los últimos meses podría leerse como un mensaje. “No parece una interna peronista porque Ghi hoy no tiene esa relación de poder. La verdad es que tiene el certificado de defunción (política) listo. Parece más una interna policial. Esta nueva policía municipal pisa los territorios en los que la Bonaerense opera de manera clandestina y eso molesta a los jefes de calle”, señaló la fuente.

🚔 Queremos un Morón donde cada vecino y vecina se sienta acompañado y cuidado.

Por eso dimos inicio a la Escuela de Policía Municipal: un nuevo paso para seguir construyendo esta nueva fuerza que en diciembre ya estará siendo protagonista de una ciudad más segura, con más… pic.twitter.com/sD5xajEYWb

— Lucas Ghi🇦🇷 (@LucasGhiOFICIAL) August 28, 2026

La Provincia, por su parte, mantiene el discurso oficial. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, ha negado reiteradamente la existencia de zonas liberadas. En febrero de 2025, tras el crimen de Kim Gómez, afirmó que “no hay zonas liberadas”, que los móviles tienen GPS y que la cobertura territorial ha mejorado.

Los números, sin embargo, muestran un Conurbano tensionado: entre 2020 y 2025 se registraron más de 5.000 homicidios en la provincia; los ataques a policías de la Ciudad que viven del otro lado de la General Paz se dispararon; y partidos como La Matanza, José C. Paz y Quilmes, concentran las mayores tasas de violencia y las denuncias más recurrentes de ausencia policial.

El caso de Morón no es aislado. Vecinos de distintos barrios del oeste y del sur reiteran la misma queja: patrulleros que no aparecen, cambios de guardia que dejan huecos y una sensación de que ciertos espacios se gestionan con reglas distintas a las del resto de la ciudad.

Lo que expone El Palomar es la intersección de tres crisis simultáneas:

1 - La primera es operativa: la dificultad de la Bonaerense para sostener cobertura continua en un territorio densamente poblado y conflictivo.

2 - Un intendente debilitado que intenta construir una fuerza propia mientras enfrenta interpelaciones impulsadas por sectores de su propio espacio.

 

 

 

 

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3 - La tensión latente entre una policía municipal naciente y una estructura bonaerense acostumbrada a administrar el territorio con lógicas propias para financiarse y para hacer inteligencia.

Ninguna de estas lecturas puede aseverarse como verdad única. Lo que sí queda en evidencia es que el episodio del Colegio Emaús no es un simple caso más de robo y tiroteo. Es el síntoma de un municipio donde la inseguridad se ha convertido en el escenario privilegiado de las disputas de poder, y donde la frontera entre la falla operativa y el mensaje político se vuelve cada vez más difusa.