La comunidad educativa, integrada por estudiantes, sindicatos docentes y dirigentes, presentó más de 2.000 amicus curiae ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12, en respaldo del amparo colectivo contra la derogación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y el desfinanciamiento dispuesto por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto 2026.  

La presentación estuvo encabezada por la diputada nacional Julia Strada, la legisladora Maru Bielli y Agustín Letcher, uno de los impulsores de la causa, junto a estudiantes de escuelas técnicas que se concentraron en la puerta del juzgado.  

El conflicto de fondo es el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, que dejó sin efecto el artículo 52 de la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional (26.058). Esa norma, sancionada en 2005, garantizaba un piso de financiamiento equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes previstos para cada año fiscal. “En la discusión de las partidas presupuestarias del 2027 vamos a volver a sumar el financiamiento para la educación técnica”, afirmó la diputada Strada.  

El financiamiento era destinado a equipamiento de talleres, insumos, obras y formación docente en las escuelas técnicas de todo el país. Con su eliminación, el fondo pasa a depender de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. “Un gobierno que destruye las PyMEs no necesita una educación técnica financiada”, expresaba Agustin Letcher en la puerta del juzgado en donde presentaron dichas adhesiones. 

Los números que manejan los demandantes son contundentes: el fondo debía recibir cerca de 320 mil millones de pesos, pero sólo se ejecutaron alrededor de 11 mil millones, apenas el 3% de lo establecido por la ley. El recorte afecta a cerca de 1,8 millones de estudiantes.  

También participaron representantes de los sindicatos docentes, el ex senador nacional y ex presidente de YPF Pablo González, el director del CEPA Hernán Letcher y Gerardo Marchesini, ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y uno de los siete demandantes.  

La causa tramita ante la jueza Macarena Marra Giménez, que ya reconoció el carácter colectivo del reclamo al considerar que existe "una afectación común y homogénea" sobre todos los estudiantes de la modalidad. El juzgado debe resolver ahora la medida cautelar que busca suspender los efectos del artículo 30 mientras se define la constitucionalidad de la norma. 

La convocatoria a adherir como amicus curiae había sido lanzada meses atrás y reunió firmas de organismos de derechos humanos, gremios, cooperativas, centros de estudiantes, colegios profesionales e instituciones educativas de distintas provincias.