Por: Diego Lanese

Este martes, los trabajadores de PAMI iban a movilizarse a la sede central del organismo, para denunciar la situación de ajuste que se vive en la obra social de los jubilados y pensionado. Además, reclamaban por mejoras salariales, en el marco del ajuste que el gobierno aplica en las paritarias estatales, dejando el salario como ancla inflacionaria.

La protesta le arrancó un aumento significativo para los empleados, lo que dejó sin efecto del plan de lucha, pero no las quejas por la realidad que se vive en uno de los presupuestos más grandes del país. Es que la deuda con los prestadores, que viene aumentando desde que inició la gestión libertaria, pone en crisis la atención médica, la dispensa de medicamentos y estudios claves como la diálisis, ya que no hay margen para sostener los servicios en este contexto.

Las consecuencias de esta política empiezan a verse, en especial en materia sanitaria. En la previa al paro levantado, la dirigencia de ATE difundió datos sobre el exceso de muertes esperadas, un concepto que comenzó a popularizarse en pandemia, y que sirve para mediar cuando se producen fallecimientos fueron de lo proyectado. En el caso de los adultos mayores, son unos 45 mil, según los datos del gremio.

El tema genera alarma, en especial en un contexto de desfinanciamiento de la obra social, que perdió buena parte de sus recursos al dar de baja el impuesto PAIS.

Los datos de ATE en la previa al paro, que finalmente se levantó, muestran el impacto del ajuste en el PAMI, que viene sufriendo una baja en los recursos, lo que redunda en una caída de las prestaciones. En este contexto, el gremio denunció “más de 45 mil muertes por encima de lo esperado”. “Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud”, señaló Rodolfo Aguiar, titular de ATE, y alertó que en los últimos dos años “murieron 45 mil jubilados más de los esperados por el deterioro en su calidad de vida, la falta de medicamentos y las dificultades de acceder al sistema de salud”, según un reporte al que tuvo acceso Política del Sur.

El exceso de mortalidad es una medición que busca valores fuera de lo esperable en materia de muertes en un determinado momento de una población. El concepto se comenzó a usar con frecuencia en pandemia, para medir el impacto del coronavirus en las muertes de un país.

Esta no es la primera vez que se denuncia un aumento de los fallecimientos por el ajuste. En julio pasado, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) afirmó que en el 2024 “hubo unas 20 mil muertes de adultos mayores por encima de las estimaciones esperables”. 

La entidad atribuyó el hecho al “ajuste despiadado” en el sistema de salud público. En ese momento FESPROSA difundió un documento donde alerta sobre el aumento de muertes esperadas en jubilados, y aseguró que “el ajuste mata”. Según el reporte, al que tuvo acceso Política del Sur, en 2024 “murieron 21.276 jubilados por encima de lo esperado”.

ÚLTIMO MOMENTO!!
ATE RECIBE AUMENTO DE 14,1% Y BONO DE $180.000 EN PAMI!!

SUSPENDEMOS LA MEDIDA DE FUERZA, PERO EXIGIMOS REABRIR LAS NEGOCIACIONES POR SER INSUFICIENTE!!

Después de MESES SIN PARITARIAS y un extenso CONGELAMIENTO SALARIAL en la obra social, finalmente logramos… pic.twitter.com/AA8eRvSVc5

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 7, 2026

Ante el ajuste sobre el PAMI, ATE iba a realizar un paro este martes con movilización a la sede central de la obra social. La idea era denunciar la situación que atraviesa la obra social, que incluye “una deuda con prestadores de más de 500 mil millones de pesos, cambios en la cúpula directiva, falta de prestaciones a sus afiliados y salarios de sus trabajadores por debajo de la canasta básica”.

El plan de lucha surtió su efecto, ya que en la previa a la protesta se confirmó que los trabajadores de la obra social de los jubilados recibirán un aumento de 14,1 por ciento y un bono de 180 mil pesos. Ante esta situación, la dirigencia estatal decidió suspender las medidas de fuerza pero exige “reabrir inmediatamente las negociaciones”.

“Después de meses sin paritarias y un extenso congelamiento salarial en la obra social, finalmente logramos arrancar un incremento”, informaron desde ATE: “La propuesta es insuficiente, pero tenemos que destacar que los trabajadores de la obra social hayan aceptado el plan de lucha que definimos desde ATE hace un mes y se plegaran a cada una de las medidas de fuerza en todo el país”, agregaron.

Los aumentos definidos en la paritaria son de 2,4 por ciento para junio, 2,2 por ciento en julio, 1,9 por ciento en agosto (estos tres retroactivos a abonarse con los haberes de septiembre), 1,9 por ciento en septiembre, 1,8 por ciento en octubre, 1,6 por ciento en noviembre y 1,5 por ciento en diciembre. El malestar incluye la magra paritaria que se firmó hace unos días para los estatales nacionales.

La respuesta sindical al acuerdo combina una tregua con una advertencia. ATE resolvió dejar en suspenso la medida de fuerza y la movilización que tenía prevista hacia la sede nacional del organismo, pero reclama que las autoridades vuelvan rápidamente a sentarse a negociar.

La decisión de suspender las protestas fue presentada por el dirigente como una “muestra de buena fe”, condicionada a la apertura de una nueva instancia paritaria. El objetivo declarado por ATE es iniciar un proceso de recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. Además, piden que se revierta la situación de los prestadores, cuya deuda pone en peligro los servicios que reciben los jubilados, y que derivan en las excesivas muertes denunciadas.

A los reclamos de clínicas y sanatorios, de las farmacias y los centros de diálisis se suman en esta semana los odontólogos, quienes manifestaron que en este momento la atención es normal, “pero con cautela”, ante la falta de actualización de los valores de las prestaciones desde hace más de dos años. “Percibimos 372 pesos per cápita mensualmente. No tenemos respuestas ante las consultas y los insumos siguen subiendo”, explicaron fuentes del sector consultadas por Política del Sur.

En marzo, distintos prestadores del PAMI comenzaron a advertir retrasos en los pagos, entre ellos odontólogos, ópticas, acompañantes terapéuticos y otros profesionales. La situación había provocado suspensiones de servicios en distintas provincias.

🚨 CONFIRMADO | ATE suspende el paro en PAMI tras acordar un 14,1% de aumento y bono de $180.000.@rodoaguiar exigió reabrir negociaciones y advirtió: "Si no hay respuestas la semana que viene, retomamos las medidas".

📻 #ResumenDelDia con Marcelo Baio | AM 1030 pic.twitter.com/bHdmtGbsyM

— Radio Del Plata (@RadioDelPlata) September 8, 2026

En mayo, el conflicto alcanzó nuevamente a la atención odontológica. La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) anunció la suspensión de prestaciones por incumplimientos en los pagos por capitación y retrasos vinculados a prótesis odontológicas.

Durante agosto, la tensión volvió a crecer. Más de 25 clínicas y sanatorios privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa anunciaron una suspensión de 24 horas en la atención a afiliados del PAMI, en reclamo por el atraso de los aranceles y las dificultades para sostener las prestaciones.

La medida alcanzaba a unos 300 mil afiliados de la región. En paralelo, el mes pasado, más de 200 centros de diálisis advirtieron sobre el impacto de recortes y congelamientos en los pagos. Según la entidad que nuclea a esos prestadores, la situación ponía en riesgo la continuidad de los tratamientos de unos 4700 afiliados del PAMI y existía una brecha cercana al 50 por ciento entre los costos de los centros y los valores reconocidos por la obra social.

Uno de los puntos centrales de la discusión se orienta en los recursos que dejó de recibir el organismo después de la eliminación del impuesto PAIS, que estuvo vigente hasta fines de 2024 y tenía entre sus destinos el financiamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Se estima que existe una diferencia de alrededor de $1,2 billones entre los recursos que hubiera recibido este año a través de ese tributo y la compensación prevista por el Gobierno nacional. De acuerdo con esos cálculos, durante 2026 hubieran ingresado unos 2,8 billones de pesos provenientes del impuesto PAIS, mientras que la asistencia contemplada para reemplazar esos fondos rondaría los 1,6 billones de pesos.

En los últimos meses, clínicas y sanatorios de distintas provincias advirtieron por demoras en los pagos y dificultades para cubrir los costos de atención con los valores reconocidos por PAMI. En junio, el Ministerio de Economía recurrió a bonos para cancelar obligaciones con proveedores, entre ellos farmacias.