Por: Diego Lanese

Con un alto acatamiento, que pudo sentirse en todo el país, los gremios universitarios cumplieron la semana pasada un nuevo paro de actividades, en el marco del largo conflicto para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento del sector, que tiene más de 300 días de aprobada y ratificada, sin que la gestión libertaria se decida a ponerla en plena vigencia.

Pese al acta acuerdo firmado a principios de junio, el conflicto siguió creciendo, y se volvió a tensionar, luego que fracasara la audiencia llamada por la justicia, donde rectores, representantes de docentes y nodocentes y funcionarios no avanzaran en ninguna mejora.

Pese a la orden judicial de poner en vigencia la ley, se sigue dilatando esta medida, que debería generar un aumento de salarios, vinculado a la pérdida salarial del 2024 y 2025. Los datos sobre el retroceso en materia de sueldos es una de las cuestiones que se llevará a la paritaria, que se reabrirá este martes en medio de tensión, y con la amenaza de nuevos paros en el horizonte, incluyendo la idea de una marcha federal con toda la comunidad educativa.

Bajo el brazo, la dirigencia llegará con una actualización de los puntos que retrocesos de los ingresos: Según el último informe de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), los salarios perdieron casi 24 por ciento, luego de un nuevo retroceso en julio registrado a partir de datos oficiales.  “El gobierno debe dar respuesta de forma urgente”, dicen desde el Frente Sindical, que va a la cumbre con el ánimo de darle al oficialismo “una advertencia”.  

La paritaria del sector universitario estaba prevista para el 15 de septiembre, según el acta acuerdo firmada en junio entre el gobierno y los gremios. Pero se adelantó al 1° de mes en medio del recalentamiento del conflicto, que incluye el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La idea original de la cumbre es analizar lo que pasó en materia de pérdida salarial en el trimestre junio-junio-agosto, pero la dirigencia va más allá, y pedirá por la normativa, que establece una rápida recuperación de lo retrocedido en materia de ingresos en los dos primeros años de gestión libertaria.

Para esto, llevará los últimos datos elaborados por FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), que cada mes en números el deterioro que atraviesan los docentes y nodocentes universitarios. Según el último relevamiento, al que tuvo acceso Política del Sur, los salarios cayeron un 2,1 por ciento en términos reales durante julio y acumulan una pérdida del 23,8 por ciento desde noviembre de 2023.

El informe señala que durante julio los salarios universitarios no tuvieron incrementos nominales, mientras que la inflación fue del 2,1 por ciento. De esta manera, con excepción de junio de 2026, los trabajadores del sector vienen perdiendo poder adquisitivo en términos reales hace 21 meses. En lo que va del año, la caída promedio alcanza al 2,8 por ciento y, para recuperar el poder de compra que tenían en noviembre de 2023, los sueldos deberían aumentar un 31,2 por ciento.

Para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023, los salarios deberían aumentar un 31,2%.

Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad. Seguimos luchando en defensa de la Universidad Pública.https://t.co/4yxC4X0Ob8 pic.twitter.com/AXbFFPX6c9

— Fedun (@FEDUNArgentina) August 26, 2026

Lo cierto es que el informe expone que la diferencia entre salarios e inflación “se profundizó desde el inicio de la actual gestión”. De acuerdo con el estudio, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 “los precios acumularon una suba del 328,8 por ciento, mientras que los salarios universitarios aumentaron un 226,8 por ciento”.

Es decir, quedaron 102 puntos porcentuales por debajo de la evolución de los precios. Además, el reporte advierte que el nivel salarial del sector “se encuentra por debajo de los valores de 2002 y 42 puntos por debajo del máximo registrado en 2011”. El relevamiento también proyectó el impacto acumulado del ajuste sobre la masa salarial. Si se mantiene la ejecución presupuestaria y la inflación esperada para 2026, en tres años el gobierno le habrá quitado a los trabajadores universitarios 4,57 billones de pesos a valores constantes de 2026, en comparación con la masa salarial de 2023.

A su vez, el presupuesto de las universidades nacionales acumularía una caída real del 24,4 por ciento en ese período. El informe advierte, además, que el financiamiento universitario pasará de representar el 0,712 por ciento del PBI en 2023 al 0,512 por ciento en 2026. En términos acumulados, las universidades nacionales perderían 5,44 billones de pesos, cifra que el estudio compara con casi un año completo de financiamiento del sistema. A esto se suma el deterioro de los recursos destinados a educación, ciencia y tecnología.

En este escenario, el relevamiento también señala fuertes pérdidas salariales en otros sectores vinculados al sistema científico y educativo. Los salarios de investigadores de CIC-CPA y becarios del CONICET acumulan descensos de hasta 40,5 puntos, mientras que los trabajadores del empleo público perdieron un 32,1 por ciento de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

Los datos se conocen mientras las universidades continúan reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. En este contexto, este martes habrá nuevo cumbre paritaria del sector. La reunión fue convocada por el Ministerio de Capital Humano y se realizará a las 11 en el Palacio Pizzurno, con la participación de representantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, rectores y autoridades universitarias.

El objetivo, aseguraron desde el espacio gremial, será “avanzar sobre la situación salarial y presupuestaria del sistema universitario, en un contexto marcado por reclamos sindicales y judiciales contra el Ejecutivo”. Uno de los principales puntos de conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario, cuya sanción ya supera los 300 días. La norma había sido aprobada por el Congreso, posteriormente vetada por Javier Milei y La situación judicial también continúa vigente.

El 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Estado y dejó firme la medida cautelar dictada inicialmente por el juez federal Martín Cormick y luego confirmada por la Cámara de Apelaciones. El fallo obliga al Gobierno a avanzar con la implementación de la legislación mientras continúa el conflicto entre las partes.

El 1/9 se reúne la paritaria
El gobierno aún adeuda:
-31,2% de aumento salarial en una cuota.
-Presupuesto para el funcionamiento de las Universidades y los hospitales universitarios.
-Aumento de becas estudiantiles.
Más de 300 días de incumplimiento de la Ley de financiamiento pic.twitter.com/aP6esEO4Tw

— AGD-UBA (@UbaAgd) August 31, 2026

Con los paros de la semana pasada, le dijo a Política del Sur la titular de CONADU Histórica Francisca Staiti, se intentó “advertirle al gobierno que el conflicto continúa, que debe dar respuesta urgente a lo que exigimos, que es nada menos que el cumplimiento del acta compromiso firmada el 10 de junio, sobre todo con lo que tiene que ver con presupuesto y fondos para los hospitales universitarios, que no se cumplió”.

Además, los gremios reclaman avances en las mejoras para las becas estudiantiles, que permanecen congeladas, con la única excepción de las becas Manuel Belgrano. “Lo importante es que en unidad seguimos defendiendo a la universidad pública, y vamos todos juntos a la paritaria del próximo martes a exigir al Gobierno que cumpla”, resaltó Staiti.

Además, recordó que en las distintas instancias se viene  dilatando cualquier respuesta. “El gobierno intenta todo el tiempo dilatar la situación, pidiendo una nueva audiencia, pero los rectores insistieron en que se cumpla la medida cautelar y se aplique la ley como corresponde”, agregó la titular de CONADU Histórica. En la discusión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió además que se establezcan multas contra los funcionarios que considera responsables del incumplimiento y que se investigue una posible desobediencia judicial.

En agosto, Cormick convocó a una audiencia entre el Gobierno y las universidades, instancia en la que, según las instituciones, hubo un compromiso oficial de cumplir con la ley que finalmente no quedó incorporado al acta. El Ejecutivo, por su parte, sostiene que ya comenzó a realizar pagos vinculados con la norma y reclama que se levante la cautelar.

Entre sus argumentos menciona el acuerdo paritario de mayo, que contempló un incremento salarial del 21 por ciento y otro 3 por ciento previsto para octubre. Desde la Casa Rosada también cuestionaron que los sindicatos mantuvieran los reclamos judiciales pese a lo que, según el Gobierno, había sido acordado previamente.