Por: Diego Lanese

Cuando el presidente Javier Milei se definió como “un topo que viene a destruir el estado desde adentro”, las predicciones de sus intenciones quedaron expuestas. Incluso quienes consideraban su campaña con la motosierra como “algo electoral” tuvieron que admitir que el ajuste libertario sería “a fondo”, y que sobre todas las cosas se mantendría toda su gestión.

Porque a casi tres años de llegar a la Casa Rosada, el mandatario insiste con achicar la estructura pública al extremo. Para eso utiliza esencialmente dos medidas: el despido de personal y la asfixia presupuestaria. Con estas herramientas, muchas dependencias quedaron virtualmente paralizadas, sin poder cumplir con sus funciones mínimas.

A esta estrategia le suma una tercera, que comenzó a ganar preponderancia en este tiempo: transferir funciones a las provincias. A partir de un modelo confederal similar al de Estados Unidos, el gobierno de La Libertad Avanza quiere que las jurisdicciones se hagan cargo de áreas como salud y educación –completando la descentralización comenzada en los 90 o incluso antes –y de tareas como el mantenimiento de la red vial.

Con estos pasos, se busca además garantizar el equilibrio fiscal, y se rompe con la articulación nacional, ya que cada provincia negocia a su conveniencia recursos y atribuciones para hacerse cargo de estas actividades, desligando al Estado nacional de toda responsabilidad. El caso del sistema de salud deja al descubierto la intención de desviar recursos para el armado de estructuras de financiamiento político.

El traspaso de funciones del Estado nacional a las provincias este tercer año de gestión libertaria parece completar la motosierra iniciada por los despidos –directos e indirectos –y el ajuste presupuestario. Esta semana, la provincia de Río Negro confirmó que se hará cargo del mantenimiento de dos rutas hasta ahora bajo órbita nacional, además del llamado Tren del Valle, de acuerdo a lo rubricado por el gobernador Alberto Weretilneck con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según se informó, esa provincia financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, mientras que Vialidad Nacional mantendrá la jurisdicción nacional y la supervisión técnica. Según se supo, ya se firmó el traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan y San Luis, mientras Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian por su lado. Otras provincias rechazaron esto, como el gobernador Osvaldo Jaldo de Tucumán.

“Es traspaso de tareas a las provincias no hace más que profundizar la crisis institucional y operativa que tiene Vialidad Nacional”; alertó Fabián Cattanzaro, secretario Gremial y de Prensa de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA). Ante la consulta de Política del Sur, recordó que a través del decreto 253 se habilitaron estos traspasos a las provincias, como la que se concretó con el gobierno de Río Negro. “Nos sacan el elemento en el cual trabajamos, nos afecta mucho a los trabajadores y la entidad”, agregó Cattanzaro.

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— FePeViNa Prensa (@fepevinaprensa) August 13, 2026

A esta realidad se le suma una reestructuración de la estructura de Vialidad, que centraliza todas sus acciones en su casa central. Para FEPEVINA, esto deja a los distritos operativos “prácticamente vaciados y sin funciones reales, lo que confirma lo que se viene denunciando, que el proceso de ajuste y vaciamiento se está profundizando”.

Esto pone más de 3 mil puestos de trabajo. El convenio que se firmó con Río Negro también prevé un mecanismo para resolver las obras y los contratos nacionales en curso, y deja abierta una eventual concesión con cobro de peajes. En breve, se esperan nuevos traspasos si hay acuerdo con los gobernadores. Además del achicamiento de Vialidad Nacional, FEPEVINA rechaza esta medida por su impacto en la traza del país.

Al respecto, Cattanzaro  marcó que “rompe el concepto de federalismo de la Argentina, además de que muchas provincias que se pueden hacer cargo de las obras pueden dirigir las tareas a su antojo, y eso rompe con la idea de política federal vial, dejando en manos de los intereses sectoriales los trabajos”.

Esto va a ir en detrimento de los usuarios viales, según se aseguró. No sólo por el tema del mantenimiento, sino porque se avanza en la política de concesiones masivas, la segunda herramienta usada por el gobierno de La Libertad Avanza para limitar el accionar de Vialidad Nacional, a través del vaciamiento y el ajuste.

En tanto, en sistema sanitario la idea de retirar al Estado nacional está presente desde el inicio de la gestión, cuando se intentó degradar al Ministerio de Salud. Si bien esto no se efectivizó, el ajuste de recursos es tal que sólo este año se eliminaron partidas por 20 mil millones de pesos, cerrando direcciones y programas, como el Remediar, que ahora intenta ser financiado por las provincias.

“El gobierno intenta el plan de privatizar y que cada municipio o provincia organice la salud como si fueran estados independientes, cuando sabemos que los recursos en nuestro país pueden ser muy desiguales”, dijo esta semana Norma Lezana, de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, en el marco de una jornada de lucha en el aniversario 39 del nosocomio. En el mismo, presentaron un informe donde denunciaron que se usan 60 mil millones de pesos recaudados por el centro pediátrico para comprar instrumentos financieros, como hacen con recursos de Vialidad Nacional que se “ahorran” por el traspaso a las provincias.

“El balance del Hospital Garrahan muestra que hay 40.899 millones de pesos en bonos de deuda del Estado que vencen dentro de 13 años, más 17.208 millones de pesos que están en un fondo de inversión”, explicó el reporte de los profesionales, al que tuvo acceso Política del Sur.

"39 años del Garrahan: los mismos que lo defendieron del vaciamiento vuelven a dar pelea. Denuncian recortes, gestión discrecional y persecución a sus referentes. Y responden con compromiso: campaña de alimentos y juguetes y festival el 13/9 en Parque Lezama". 💓 pic.twitter.com/pFtt4A3Nv5

— Asoc. Profesionales y Técnicos - Hospital Garrahan (@APyT_Garrahan) August 27, 2026

En el caso del conflicto universitario, los recursos que el gobierno pretende evitar de transferir no está claro donde están, como en el caso vial o de la salud, pero que hay una intención de completar la reforma de descentralización de los 90 –que incluía la municipalización del sistema, que generó mucha resistencia y finalmente se frenó –en la educación superior.

“Este proyecto de derecha tan radical considera que el Estado no tiene que involucrarse si quiera en la educación, ni siquiera de los niveles obligatorios”, le dijo esta semana a Política del Sur la titular de la CONADU, Clara Chevalier. El gremio y los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales realizan esta semana un nuevo paro de 48 horas, en reclamo de cumplimiento de la ley de financiamiento del sector, que debe aportar los recursos necesarios para recuperar los salarios de docentes y nodocentes, además de garantizar los recursos para el normal funcionamiento.

Incluso la gestión libertaria de educación no respecta lo firmado hace poco más de dos meses, en un acta acuerdo que incluía el giro de unos 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios, que hoy están en una situación crítica. Esta medida parece completar el largo camino de descentralización iniciado en la dictadura militar, que se profundizó en los 90 y hoy tiene el embate final, el más profundo y más decidido.