Por: Diego Lanese

El gobierno nacional y los gremios que representan a los trabajadores de la Administración Pública Nacional volverán a sentarse a discutir salarios este martes 25 de agosto.

La convocatoria oficial reunió a ATE y UPCN a partir de las 14, en la Dirección de Análisis de las Relaciones Laborales del Sector Público, en la Ciudad de Buenos Aires. En la previa del encuentro, ATE fijó una posición que anticipa una negociación compleja: el sindicato reclamará una suma fija de 400 mil pesos para recomponer los ingresos y exigirá que las futuras subas superen la evolución de los precios.

La discusión hasta ahora se viene desarrollando sin mayores novedades, y el oficialismo logra firmar aumentos a su medida gracias a la postura de UPCN, que lidera el referente de la CGT Andrés Rodríguez.

Esta discusión se da con una nueva amenaza de fondo contra el empleo estatal: por estos días circulan rumores de un intento de cambiar el convenio colectivo que rige las relaciones laborales.

Las versiones son un nuevo ataque a los empleados, en este caso a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Pese a que la figura de quedó “tocada” por los fracasos legislativos, Federico Sturzenegger quiere reformar el régimen general del personal público.

En definitiva, lo que se pretende desde la cartera es modificar las condiciones de ingreso, evaluación, ascensos, movilidad y remuneraciones dentro de la Administración Pública Nacional. Para eso, se debe modificar el convenio colectivo, algo que no será sencillo.

Desde los gremios se mantienen alerta con este nuevo avance contra el empleo público, aunque aseguran que no tiene mayores detalles de la propuesta, pero sospechan que “no traerá nada bueno para los trabajadores”.

Como suele hacer con este tipo de propuestas, el oficialismo dejó trascender en medios algunos de los puntos centrales de la propuesta, para ver cómo es recibida.

Oficialmente, no se informó respecto al proyecto para modificar el convenio estatal, que establece todas las condiciones laborales de los trabajadores del estado y de los organismos descentralizados.

El esquema que analiza el gobierno, marcaron los rumores que circulan en estos días, apunta a aumentar el peso de las evaluaciones de desempeño sobre los ascensos y las remuneraciones, revisar los mecanismos de ingreso y permanencia, facilitar la movilidad entre dependencias y modificar los criterios que podrían derivar en desvinculaciones.

Sin embargo, la evaluación de desempeño no es una novedad dentro del empleo público nacional. El Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), vigente desde 2008, ya establece una carrera administrativa y profesional basada en distintos niveles y grados, y contempla requisitos vinculados con evaluación, capacitación y desempeño para avanzar dentro del escalafón.

El propio Estado define actualmente al SINEP como “el sistema que regula la carrera administrativa y profesional de buena parte de la Administración Pública Nacional”.

El Gobierno convocó a paritarias mañana a las 14: ATE exige suma fija de $400.000 y negociaciones sin techo

“Si el Gobierno insiste con ponerle tope a las negociaciones, será imposible lograr un entendimiento. Para empezar a recuperar parte de los salarios perdidos, se necesita…

— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) August 24, 2026

En definitiva, los cambios que pretende el gobierno nacional deben hacerse en el marco de la paritaria del estado, que además de definir las escalas salariales fija las condiciones de trabajo.

En ese punto, incluso desde el oficialismo entienden que “será complejo” acordar con los gremios, especial con ATE, con quien se tiene una relación conflictiva desde el inicio de la gestión libertara.

Política del Sur consultó a diversos dirigentes y fuentes de la administración pública para saber cómo ven estos nuevos avances sobre el trabajo estatal. En primer lugar, la mayoría adelantó desconocer la iniciativa, por lo menos de formalmente. “Sabemos lo que circula en los medios”, dijo uno de estos dirigentes consultados.

Lo cierto que con esta primera mirada, desde la entidad tiene una mirada contraria a cualquier iniciativa de este tipo del gobierno. “Nada de lo que la gestión libertaria pueda interesar modificar del  Estado le dé al trabajador estatal mayores derechos o beneficios”, agregó otro referente.

El ejemplo que se pone de inmediato para sostener esta idea es la Ley de Modernización Laboral, que si bien no incluye en sus cambios a los estatales muestra “la mirada regresiva que tienen respecto al empleo”. “No tienen nada bueno para ofrecer, eso seguro”, insistieron.

En estos momentos, destacaron dirigentes consultados, hay algunos convenios que se están cambiando, en mesas creadas para discutir una modificación integral de la carrera administrativa.

Desde ATE señalaron que las negociaciones abiertas actualmente corresponden a organismos estatales regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, como PAMI y ANSES, y no a la administración pública central. Algunos de los cambios que se buscan introducir están vinculados a determinadas promociones el régimen vigente, que exigen evaluaciones satisfactorias y actividades de capacitación.

En estos casos, hay cierto consenso en avanzar en la discusión. Respecto a la nueva reforma, podría conseguir apoyo si apunta a algunas cuestiones que se ven positivas. “Si quieren mejorar la carrera de los estatales hay muchas cosas que acompañaríamos eventualmente”, admitió otro dirigente consultado por Política del Sur.

Entre estas cuestiones, se nombró por ejemplo “los concursos para los cargos jerárquicos, o las evaluaciones para garantizar el pase a planta permanente una vez constituido el examen de ingreso, son cosas que si se ponen en agenda estamos dispuestos a apoyar”. 

Para avanzar en estas cuestiones se tiene que reformar el convenio colectivo. El SINEP fue homologado mediante el Decreto 2098/2008 como resultado de un acuerdo entre el Estado empleador y las organizaciones sindicales, en el marco de la Ley 24.185 de negociación colectiva del sector público.

Sus cláusulas no pueden ser modificadas unilateralmente en los contratos alcanzados, sino mediante un nuevo acuerdo colectivo entre las partes.

En cuanto a la paritaria, los delegados de ATE en el INDEC difundieron su informe del mes de julio, respecto del salario pretendido para que una familia tipo acceda a una canasta de bienes y servicios, que sus cálculos estableció en torno de los 2.558.677 de pesos para cubrir “los consumos mínimos”.

Así lo determinó el Observatorio del Salario ATE-INDEC, que presenta la actualización correspondiente a julio de 2026 de sus ejercicios sobre salario mínimo necesario y pérdida del poder adquisitivo.

El informe muestra que, “lejos de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, el programa económico continúa trasladando los costos del ajuste hacia los hogares”.

En julio, una familia integrada por dos adultos y dos hijos en edad escolar necesitó 2.558.677 de pesos para cubrir sus consumos mínimos: 876.365 pesos para alimentación y 1.682.312 pesos para otros bienes y servicios básicos.

Al mismo tiempo, el IPC aumentó 2,1 por ciento en julio, por encima del 1,9 por ciento registrado en junio, acumulando 19,3 por ciento en los primeros siete meses del año y 33,8 por ciento interanual. Para el observatorio, “la persistencia de los aumentos convive con salarios que no alcanzan, pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo y un creciente endeudamiento de las familias”.

El salario testigo de SINEP Nivel D, Grado 0 perdió aproximadamente 30 por ciento de su poder de compra desde la asunción de La Libertad Avanza. Para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 sería necesario un aumento inmediato del 42 por ciento.

“En una perspectiva más amplia, el salario que en diciembre de 2015 era de 10.191 pesos debería alcanzar actualmente 1.782.225 de pesos, pero llega apenas a 756.396 pesos: una pérdida del 57,3 por ciento del poder adquisitivo”.

El informe también aborda el endeudamiento de los hogares y rechaza el discurso que responsabiliza a las familias por su situación: “No es mala administración: es insuficiencia de ingresos”.

Cuando el salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas, las familias recurren al crédito para llegar a fin de mes.