Por: Federico Cedarri

El oficialismo realiza gestiones febriles a contrarreloj para garantizar la realización de la primera sesión ordinaria pos receso invernal para el próximo jueves 27 de agosto. En rigor, el titular del Cuerpo Alejandro Dichiara busca cumplir con la premisa que se trazó a comienzo de año: la concreción de al menos una sesión de la Cámara Baja por mes.

Para confeccionar un potencial temario afloran en el horizonte distintas iniciativas que reúnen consenso entre una mayoría de fuerzas y que ya despuntan despachos de comisión.

Entre ellas se destaca una propuesta de la diputada de Fuerza Patria Lucía Padulo que fue votada afirmativamente en la comisión de Medio Ambiente que preside la massista Sofía Vannelli, y que establece que los desarrollos inmobiliarios residenciales, comerciales e industriales que se encuentren inmersos en ecosistemas naturales o modificados incorporen corredores biológicos y reductores de velocidad.

La propuesta tiene como objetivo primordial preservar la flora y fauna autóctona, y además garantizar la libre circulación de las especies. De igual modo, los emprendimientos que se lleven adelante tendrán la obligación de recomponer los impactos ambientales que se generen durante el transcurso de la obra.

La propuesta deja establecida la existencia de multas equivalentes al 2,5% del valor total del desarrollo inmobiliario para quienes incumplan el precepto de la preservación ambiental.

Otro expediente que también cuentan con el requisito indispensable de al menos un despacho de comisión para ingresar al Orden del Día, es uno cuya autoría  recae en la camporista Mayra Mendoza: impulsa un Programa provincial de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos.

La propuesta encuentra su fundamento en el caso de Ema Bondaruk, una adolecente que se suicidó en 2024 como consecuencia de la difusión de imágenes íntimas en un establecimiento educativo sin su expreso consentimiento.

También tiene chances de ingresar a un hipotético temario un proyecto de ley con media sanción de la Cámara Alta, de la senadora abadista Nerina Neumann, que propende la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Régimen Federal de empleo protegido para personas con discapacidad  a fin de mejorar las condiciones de trabajo y garantizar asimismo la continuidad de las fuentes de financiamiento.

En la misma línea, está en condiciones de subirse al Orden del Día otra propuesta con origen en el Senado bonaerense, del camporista Emmanuel González Santalla, que impulsa la adhesión provincial a la ley 24.901 que constituye el Sistema de prestaciones básicas de atención integral para las personas con discapacidad.

La iniciativa tiene como fin asegurar la asistencia, habilitación, rehabilitación, promoción, protección y una cobertura integral para aquellas personas con discapacidad.

Una propuesta que tiene despacho favorable de la comisión de Legislación General, que maneja el massista Rubén Eslaiman, es la de la cañuelense Ayelén Rasquetti, que también reporta en el Frente Renovador: la iniciativa promueve que las petroleras tengan la obligación de avisar con 72 horas de antelación cuando dispongan una suba de combustibles.

La iniciativa es rechazada no solamente por las empresas del rubro sino también por los diputados libertarios, del PRO y el radicalismo.

Por el momento, continúa sin discutirse en el ámbito de la comisión de Presupuesto e Impuestos el pedido de los intendentes de libre disponibilidad de los recursos del fondo municipal. En rigor, la propuesta del abadista Diego Garciarena cuenta con moción de preferencia para ser tratada una vez que obtenga despacho de comisión, pero aún Presupuesto e impuestos, presidida por el cristinista Juan Pablo De Jesús, no la ha incluido en la hora de ruta de la agenda del Cuerpo

El expediente pide concretamente la libre disponibilidad del total de los recursos anuales asignados a municipios, distribuidos de acuerdo al CUD, y con el contralor de una Bicameral legislativa.