Por: Diego Lanese

Una verdadera multitud se movilizó este jueves al Ministerio de Economía para reclamar medidas para aliviar la situación de millones de personas endeudadas. Como parte del plan de lucha acordado, las tres centrales obreras decidieron tener un rol protagónico en el pedido de soluciones ante este drama, que se extiende desde las clases más golpeadas por este modelo hasta los asalariados y la clase media.

La presencia de los gremios marcó el pulso de una jornada donde este nuevo sujeto social, el endeudado, fue respaldado por las estructuras de los trabajadores. Es que no sólo son parte de ese universo que entra cotidianamente en morosidad, sino que además el tema está cada vez más vinculado al techo que se impuso al salario. La relación de las deudas familiares y los bajos ingresos es inocultable, y la presencia sindical lo ratifica.

“El endeudamiento es una política de gobierno. Hoy movilizamos al Ministerio de Economía contra un modelo que empuja a las familias argentinas a endeudarse para comer, pagar el alquiler y sostener los servicios básicos. Basta de usura” sostuvo la CGT al respecto, cuyos miembros del triunvirato Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello encabezaron la columna que marcó, junto a referentes de la conducción como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, lo que marca la importancia que se le dio a la protesta, bajo una idea central: el salario no alcanza.

Eso articula las luchas, y parece tener como destino final un nuevo paro general. Varios sectores insisten en visibilizar el tema de los ingresos, y proponen una serie de soluciones, comenzando con mejorar sustancialmente el salario mínimo.

La “pandemia de los endeudados” es la consecuencia más terrible de la baja salarial, que se basa en la estrategia de la Secretaría de Trabajo de congelar las paritarias, con un techo del 1-2 por ciento mensual, respecto de la inflación. “La situación económica está golpeando cada vez con más fuerza a las familias trabajadoras y también a las empresas que producen y generan empleo”, alertaron los gremios que marcharon este jueves en un documento entregado a la cartera que comanda Luis Caputo.

A la caída de los ingresos y el deterioro del consumo, recalcaron, “se le suma el costo elevado del endeudamiento que sufren familias y pymes que está haciendo que cada vez sea más difícil llegar a fin de mes, pagar las cuotas y sostener las actividades productivas”. Por eso, entre los reclamos que llevaron en su texto, al que tuvo acceso Política del Sur, se dio prioridad a la puesta en marcha de “un programa económico que estimule la inversión productiva y el crecimiento con una matriz económica diversificada y multisectorial para lograr la trilogía virtuosa del desarrollo, la producción y el trabajo”.

Es decir, cambiar el modelo libertario, que utiliza el salario como ancla inflacionaria, y mantiene liberados el resto de las variantes económicas, comenzando con los precios de los alimentos y las tasas de financiamiento personal.

🗣️“VENIMOS A PEDIR RESPUESTA A ESO QUE DICEN QUE ES UN PROBLEMA ENTRE PRIVADOS”

Marchamos junto a las dos CTA, UTEP y organizaciones sociales para decir basta al modelo económico del Gobierno nacional que conduce Javier Milei y que instrumenta el ministro Luis Caputo, que está… pic.twitter.com/HQtF0Rm8nR

— CGT (@cgtoficialra) August 20, 2026

El retraso de los ingresos es algo que los diversos espacios sindicales vienen alertando, y apunta especialmente al retraso del salario mínimo, que es un termómetro muy importante en materia de política de aumentos. El dato que este año no se llamado todavía al Consejo del salario, que decide el valor del ingreso base, muestra el desinterés de corregir esto por parte del gobierno de Javier Milei. Esta semana, se confirmó que esta entidad tripartita se reunirá el próximo viernes 28 de agosto, de forma virtual, para definir los nuevos montos del haber mínimo, vital y móvil y establecer los valores mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

El encuentro fue convocado a través de la Resolución 1/2026 –publicada este jueves en el Boletín Oficial– donde se indicó que de la reunión participarán “ad-honorem” representantes de los empleadores y de los trabajadores. En el primer artículo de la resolución se convoca “a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil a reunirse en sesión plenaria ordinaria el 28 de agosto a las 12.30 mediante plataforma virtual”. La segunda sesión, en tanto, se convocó para las 14 de ese mismo viernes.

Actualmente el salario mínimo está muy lejos de cualquier expectativa de ingresos. Por eso, la diputada pampeana Varinia Lis Marín presentó una propuesta para transformar el artículo 140 de la Ley 24.013 de Empleo, que rige actualmente las relaciones laborales. De acuerdo a la propuesta legislativa, a la que tuvo acceso Política del Sur, este ítem de la ley establecerá que “todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador, tendrán derecho a percibir una remuneración no inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil que se establezca de conformidad a lo preceptuado en esta ley”.

El cambio radica en que este ingreso “para trabajadores de jornada completa en ningún caso podrá ser inferior al valor de la última Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes correspondiente al gran Buenos Aires publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”. Con este sencillo cambio, se debería aumentar el actual valor varias veces.  El proyecto de ley está en la actualidad en la comisión de Legislación del Trabajo para su análisis técnico.

En sus argumentos se recuerda que la propuesta aspira a “recuperar la eficacia de un instrumento que debe ser crucial para los derechos salariales de los trabajadores argentinos”. “El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador retribución justa y Salario Mínimo Vital Móvil, entre otros derechos reconocidos”, se resaltó en la propuesta.

El debate sobre la distancia entre el mínimo y el costo de vida se profundizó en los últimos meses al contrastar la disparidad de las cifras actuales. “Estimamos que el salario mínimo debe necesariamente vincularse a los índices de indigencia y pobreza elaborados por el INDEC, ya que resulta injustificable la existencia de trabajadores, máxime si se encuentran en condiciones de formalidad, por debajo de esos umbrales”, insistió en sus argumentos el proyecto de ley.

Desde el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU Federal) exigimos un Salario Mínimo Vital y Móvil de 3.065.161 pesos.

Desde que Milei es presidente las patronales se quedaron con 69,3 billones de pesos de las y los trabajadores, y se necesitan 8 salarios mínimos vigentes para vivir. pic.twitter.com/fdD9njIfH1

— FreSUFederal (@FreSUFederal) August 18, 2026

Este mes, el salario mínimo trepó a 376.600 pesos mensuales, con un valor hora jornalizado de 1.883 pesos. Este es el último aumento fijado por la resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo. Por su parte, el último registro oficial del INDEC correspondiente a junio situó la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro personas en 1.531.472,91 pesos. Es decir, que para cumplir la reforma de la ley de empleo que pretenden los legisladores del peronismo, se debe cuadriplicar el valor actual. Incluso este valor de referencia está lejos de lo pretendido por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que en la presentación de esta semana pidió un mínimo de 3.065.161 pesos.

El monto propuesto por el espacio sindical equivale a más de ocho veces el piso vigente desde agosto, fijado oficialmente en 376.600 pesos. El planteo fue presentado durante una conferencia de prensa realizada frente al Palacio Pizzurno, en el marco de las protestas universitarias por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según explicó el FreSU, su cálculo toma datos de precios del INDEC pero construye una canasta propia a partir de los conceptos contemplados en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Esa definición continúa vigente en la legislación laboral. El índice sindical estimó para julio 653.231 pesos en alimentación; 609.613 pesos en vivienda; 279.529 pesos en educación; 146.631 pesos en vestimenta; 373.934 pesos en salud; 665.055 pesos en transporte, esparcimiento y vacaciones; y 337.168 pesos en previsión social. La suma de esos componentes arroja los 3.065.161 pesos reclamados.