Por: Ricardo Carossino

Hay operaciones periodísticas que necesitan una gran investigación para instalar una sospecha. Y hay otras que parecen depender, antes que nada, de una palabra. En este caso, esa palabra fue “funcionaria”. Clarín publicó que Albertina Mangini, detenida en una causa por presunto lavado de dinero, era una “funcionaria de Kicillof”. El título llevaba además la firma de Daniel Santoro. El problema es que, según la respuesta oficial del gobierno bonaerense, Mangini es empleada del Poder Judicial provincial y no tuvo relación laboral con el Ministerio de Justicia del Ejecutivo.

La diferencia no es semántica. Es política. Presentar a una empleada judicial como integrante del gobierno de Axel Kicillof construye una asociación que no surge necesariamente de los hechos: delito, funcionaria, gobernador. El lector recibe así una cadena de significados antes de llegar a los detalles de la causa. Kicillof reaccionó este miércoles y acusó a Clarín y Santoro de haber publicado “maliciosamente” la información, reclamando una rectificación.

Pero hay un segundo dato que vuelve políticamente relevante la elección del encuadre. La causa por la que Mangini fue detenida aparece vinculada periodísticamente con Sur Finanzas, una financiera que desde hace meses forma parte del expediente político, judicial y mediático que rodea a Claudio “Chiqui” Tapia y a la conducción de la AFA. Clarín viene dedicando una cobertura intensa a ese frente: desde las denuncias contra Sur Finanzas hasta el llamado “frente judicial” que, según el propio diario, compromete a la conducción de la asociación.

Ahí aparece la hipótesis que merece ser investigada. La pregunta no es solamente por qué Clarín eligió asociar a Mangini con Kicillof, sino porqué esa asociación resulta particularmente conveniente en este momento. Kicillof mantiene una alianza política visible con Tapia. El gobernador designó al dirigente futbolístico al frente del CEAMSE y avanzó además en acuerdos vinculados con el Estadio Único de La Plata. Distintas reconstrucciones periodísticas describieron a Tapia como un actor con capacidad de armado político nacional y como un aliado de la proyección presidencial de Kicillof.

En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una “funcionaria de Kicillof”.
La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 19, 2026

El dato comercial tampoco es menor. La pelea entre Clarín y Tapia tiene antecedentes concretos alrededor de los derechos de televisación del fútbol de ascenso y del negocio audiovisual. La ruptura o renegociación de esos vínculos fue señalada por distintos medios como uno de los componentes de la creciente confrontación entre el grupo y la conducción de la AFA.

Por eso, una información sobre una causa que toca tangencialmente el universo de Sur Finanzas puede adquirir otro valor cuando se la presenta como un problema de “funcionarios de Kicillof”. La operación narrativa consigue dos objetivos simultáneos: golpear al gobernador y, por extensión, instalar una asociación política entre Kicillof, Tapia y el entramado financiero que rodea a la AFA.

Eso no prueba que la publicación haya sido concebida específicamente para favorecer intereses comerciales de Clarín en su disputa con Tapia. Esa conclusión exigiría evidencia que hoy no está disponible públicamente. Pero sí permite formular una pregunta legítima: ¿por qué convertir un vínculo laboral inexistente con el Ejecutivo provincial en el eje del título?

DETIENEN A UNA FUNCIONARIA DE KICILLOF POR UN LAVADO DE $27 MIL MILLONES USANDO DATOS BIOMÉTRICOS DE EX PRESOS

Lectura rápida
La fiscal Betina Lacki ordenó detener a Albertina Mangini, acusada de integrar una organización que habría utilizado datos biométricos de personas… pic.twitter.com/O0P82d7Wqg

— Clarín (@clarincom) August 18, 2026

La respuesta política puede estar justamente ahí. Si el objetivo fuera informar sobre la investigación judicial, alcanzaba con describir el cargo real de Mangini y explicar la causa tal como hicieron La Nación e Infobae. En cambio, colocar “Kicillof” en el centro del título modifica el significado de la noticia.

Y cuando una palabra transforma una empleada judicial en una supuesta funcionaria del gobernador, el problema deja de ser solamente qué se publicó. Pasa a ser también qué se quiso hacer significar. En tiempos de guerra abierta entre el poder político, la AFA y los grandes grupos mediáticos, esa diferencia no es un detalle de edición. Es, precisamente, la noticia.