Para este jueves, cuando el gobierno intente aprobar la ley que permite vender tierras a extranjeros casi sin límite, se espera una verdadera multitud en las inmediaciones del Congreso para rechazar la iniciativa. “Las Malvinas son argentinas, la tierra también”, sintetiza el espíritu de a protesta, que en pocos días fue ampliando su base de sustentación, y logró un importante consenso respecto de las graves consecuencias de permitir la extranjerización, que de hecho varios reportes aseguran ya está en marcha.

Los avances del gobierno de Javier Milei sobre la soberanía no se limitan a esta propuesta, alertan. En materia fluvial y marítima, desde hace rato que hay una avanzada sobre el sector, desregulando varias actividades, lo que abre el juego a la presencia cada vez más marcada de capitales privados y del exterior. El último caso fue la decisión de modificar las condiciones de pilotaje, que generó un paro en los principales puertos agroexportadores.

A esto se le suma la decisión de modificar la Ley de Cabotaje, para permitir la circulación de embarcaciones de bandera de otros países en los ríos argentinos, incluyendo tripulación foránea. Estas dos cuestiones son criticadas por los gremios, que aseguran que de concretarse estas reformas “será la eliminación de la bandera argentina de nuestros ríos”.

Desde el gobierno aseguran que la reforma busca eliminar regulaciones que consideran innecesarias, agilizar el funcionamiento del sistema y mejorar la competitividad del sector, con el objetivo de reducir costos logísticos y favorecer el comercio exterior. Los sindicatos, en cambio, afirman que los cambios afectan derechos laborales y alteran el esquema bajo el cual se desarrolla actualmente la actividad.

La disputa por la desregulación de la actividad mercante, tanto en ríos como en mares, se intensifica en los últimos meses, y apunta a un modelo de apertura que quiere imponer la gestión libertaria. Esto ya se había intentado con el decreto 340, pero la justicia lo desactivó. Luego, la concesión de la Hidrovía dio un paso en la apertura a los capitales extranjeros, que ahora se intenta completar con dos propuesta polémicas: cambios en el régimen de pilotaje y reforma de la ley de Cabotaje.

Por la primera cuestión, vinculada a los prácticos que hacen maniobras en los puertos del país, ayer martes se paralizaron las actividades en el 80 por ciento de las terminales de todo el comercio exterior del país, dejando a más de 150 buques mercantes inmovilizados en puertos.

Este conflicto laboral se intensificó este martes luego el ejecutivo libertario amenazó con presentar una denuncia penal contra el gremio de los trabajadores de cabotaje e inhabilitarlo de por vida. Ya fue intimado por la Prefectura Naval a reanudar las labores so pena de medidas punitivas. Ante las amenazas de las autoridades los pilotos y trabajadores de los prácticos respondieron que radicalizarán su medida de fuerza laboral que ya está costando de dos a tres millones de dólares diarios.

Al final, el gobierno retrocedió, dio de baja el decreto 690/2026 y se levantaron las medidas de fuerza. Pero el caso mostro cómo la gestión libertaria intenta avanzar en un rubro clave para la economía.

𝗟𝗔 𝗧𝗜𝗘𝗥𝗥𝗔, 𝗟𝗢𝗦 𝗠𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗬 𝗟𝗢𝗦 𝗥𝗜́𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗔𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜𝗡𝗢𝗦

Este jueves 6 de agosto volvemos a las calles porque la soberanía no se negocia. pic.twitter.com/7M8Hs65WNH

— SICONARA (@siconaraok) August 4, 2026

Además, días atrás, se conoció la intención de realizar cambios en la Ley de Cabotaje, una decisión que Milei explicitó en su visita a la Sociedad Rural. Se trata de una reforma del decreto ley 19.492/44, que el oficialismo intenta cambiar bajo el argumento de “modernizar el sistema de navegación comercial mediante una mayor apertura a embarcaciones de bandera extranjera y una desregulación del transporte fluvial y marítimo”.

El proyecto es promovido por legisladores de La Libertad Avanza junto a bloques aliados y forma parte del paquete de reformas económicas con el que el Ejecutivo pretende reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino. Según pudo saber Política del Sur, la iniciativa introduce “modificaciones relevantes para el transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos”.

Entre los principales puntos se destacan  “la autorización para que buques de bandera extranjera realicen operaciones de cabotaje mediante permisos temporarios; y la flexibilización de las exigencias sobre la tripulación nacional, eliminando la obligación de contar con personal argentino durante los primeros 90 días de operación”.

Luego de esto se establecerá “un esquema gradual hasta alcanzar un mínimo del 75 por ciento de tripulación local al cabo de un año”. Además, se eliminan los aranceles de importación para barcos nuevos o de hasta 20 años de antigüedad, con el objetivo de “ampliar la oferta de embarcaciones disponibles”.

La nueva avanzada contra la marina mercante encuentra a los gremios otra vez en la vereda de enfrente, dispuestos a resistir su aplicación. Así lo adelantó Mariano Vilar, titular del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). “Desde nuestra organización estamos en contra del proyecto que está circulando, que responde a los intereses del gobierno”, le dijo el referente en dialogo con Política del Sur. Uno de los puntos que más tensión genera es la eliminación “la bandera argentina de nuestros ríos y nuestros mares”, a partir de una “apertura indiscriminada del cabotaje con embarcaciones y tripulaciones extranjeras”.

Para Vilar, esto es “un golpe de muerte a lo que queda de la marina mercante, y un golpe de suerte para el desarrollo de la Argentina”. “Un país que pretende desarrollarse sin una independencia logística, sin soberanía económica, no lo va a poder hacer, porque vamos a tener un soporte vital como son las marinas mercantes cedidas a intereses extranjeros, que van a imponer sus propios objetivos”, agregó el dirigente.  Por esto, se espera que haya mucha resistencia entre los gremios, que ya combatieron el decreto 340 que desregulaba el sector, y que era parte de esta ofensiva que hoy se vuelve a intensificar con esta medida.

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— Mariano Moreno (@MorenoPatrones) July 30, 2026

Por su parte, desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo también expresaron sus críticas al anteproyecto que comenzó a circular por estas horas, y alertaron que “no se limita a ‘modernizar’ o simplificar el régimen de navegación”, sino que “produce un cambio estructural”.

En un análisis meticuloso de la propuesta, el gremio que lidera el capitán Mariano Moreno sostuvo que la iniciativa “reduce progresivamente la exigencia de empleo argentino, permite aplicar la legislación laboral de la bandera extranjera y debilita la intervención sindical en la determinación de las dotaciones”. Al mismo tiempo, agregaron, “contiene medidas económicamente favorables —combustible exento, importación de buques sin arancel y estímulos a la inversión— que podrían fortalecer a la marina mercante si estuvieran reservadas a armadores, buques, trabajo y tributación verdaderamente nacionales”.

Sin embargo, “el propio articulado permite que buena parte de esos beneficios alcance a buques con ‘tratamiento de bandera nacional’ o a estructuras que operen mediante banderas extranjeras”. “La combinación genera una contradicción central: se promueve formalmente la actividad naviera, pero se debilitan la bandera argentina, el empleo nacional, la industria naval y la soberanía sobre los fletes”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur.

El proyecto anunciado por el gobierno es parte de una iniciativa que deroga o transforma muchas otras leyes, y que afecta a muchas actividades. Esta incluye, según el Centro de Patrones, un capítulo de “delegación" de la ley que le otorga al gobierno “facultades extremas para hacer y deshacer a su antojo”.

Ante esto, marcaron que si la propuesta entrara en vigencia, “el Poder Ejecutivo tendría durante seis meses una habilitación extraordinaria para modificar o derogar numerosas normas legales vinculadas con la regulación económica y administrativa, siempre que invoque que esas modificaciones se encuadran en las bases del artículo 346 y en la emergencia declarada”. “No sería una delegación ilimitada, pero sí una de las delegaciones legislativas de mayor amplitud en materia económica y regulatoria, precisamente porque alcanza incluso a la modificación y derogación de leyes dentro del ámbito definido por el propio Título X”, concluyó el gremio.