Por: Diego Lanese

En la última asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la delegación gremial argentina realizó una batería de denuncias contra el gobierno de Javier Milei.

Con la reforma laboral como insignia, los reclamos ante la entidad fueron respaldados por una amplia variedad de entidades, lo que fue estacado por las centrales obreras argentinas, que con la CGT a la cabeza se quejó de las iniciativas de la gestión libertaria, que no sólo empeoran las condiciones del trabajo, sino que directamente atacan las organizaciones gremiales.

La variedad de pruebas y el respaldo regional fe tan contundente que se consideró un “gran triunfo” que la OIT haga referencia a estas denuncias. Esta semana, el capítulo internacional del repudio a las políticas laborales volverá a activarse, en este caso en los Estados Unidos, donde se realizará una audiencia vinculada a las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo.

La misma fue motorizada por una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que aseguró en su presentación que la reforma “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral y en beneficio de la más fuerte”.

Además, señalaron que la ley restringe el derecho de huelga y la libertad sindical, al tiempo que debilita mecanismos de protección para trabajadores informales y mujeres. También organismos de salud lograron una citación a los funcionarios del gobierno para que den cuenta de las medidas que restringen la atención y el acceso a los tratamientos, entre otras cuestiones.

La CIDH convocó para hoy martes 4 de agosto, a las 15 horas de Argentina, a una audiencia en la que el Estado nacional deberá responder a una denuncia presentada por el FreSU contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno a través de la Ley 27.802. La exposición se realizará en Washington, en el marco del 196° Período de Sesiones Ordinarias del organismo.

“La presentación en la CIDH se centra en el embate que estamos teniendo los trabajadores y sus organizaciones desde que asumió Milei, que empezó con un ‘bombardeo legislativo’, con reformas que van en desmedro de los derechos adquiridos de quienes vivimos de trabajar y de nuestros colectivos”, adelantó Clara Clevalier, titular de CONADU y una de las encargadas de representar al FreSu en la audiencia de la semana próxima.

En diálogo con Política del Sur,  remarcó que “uno de los puntos que expresamos es que estas reformas incrementan la desigualdad y le empeorar la vida a las personas, en particular de las mujeres y las diversidades, ese es un punto importante en la presentación”.  Además de Chevalier, la delegación estará integrada por Rodolfo Aguiar (ATE), Pablo Biró, del gremio de pilotos (APLA), y Francisco Rabini (SIPREBA). También estará Mariana Amartino y Matías Cremonte, de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), y Diego Morales por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“El objetivo es hacer esta presentación para que el gobierno tenga que compadecer, esperando que tenga hacer una presentación y que haya una respuesta de la CIDH”, agregó la dirigente universitaria. Sobre las expectativas, Chevalier subrayó que se busca  “ir tejiendo a nivel internacional, continuando el trabajo que hicieron las centrales en la asamblea anual de la OIT, para armar mojones en la normativa mundial sobre la gravedad que tiene este proceso argentino, que tantos derechos está vulnerando y tanto está afectando nuestras vidas”.

AHORA!!
EL MARTES EL FRESU LLEVA AL ESTADO ARGENTINO A LA CIDH Y DEBERÁ DAR EXPLICACIONES POR LA REFORMA LABORAL REGRESIVA!!

Esta audiencia en Washington tiene una IMPORTANCIA TRASCENDENTAL para el movimiento obrero porque permitirá PONER AL ESTADO ARGENTINO BAJO LA LUPA… pic.twitter.com/FB2jYODUvX

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) July 31, 2026

Como marcaron desde le FreSu, la presentación en la CIDH es una “continuidad” de lo realizado en la cumbre de la OIT. En la asamblea anual, la normativa laboral del gobierno argentino queda bajo la lupa luego de la presentación realizada por las centrales obreras, que coincidió con un fallo clave de la Corte Internacional de las Naciones Unidas (ONU), que consagró la protección del derecho de huelga, que choca con varios punto claves de la reforma laboral libertaria.

Además, en la OIT se aprobó un convenio sobre trabajo decente en aplicaciones digitales a contramano del sentido de un capítulo relacionado en la nueva ley. La CIDH es un órgano jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos y en la Argentina tuvo una actuación destacada cuando una delegación visitó la Argentina el 6 de septiembre de 1979 y se reunió con familiares de detenidos-desaparecidos y referentes de los organismos de derechos humanos en plena dictadura.

Al momento, el Ejecutivo no confirmó cuál será el funcionario que representará al país ante la CIDH, aunque según fuentes oficiales, podría asistir Carlos Foradori, representante argentino ante organismos internacionales, quien ya defendió la posición oficial durante la última conferencia anual de la OIT. Como dato anecdótico, el funcionario saltó a la fama luego de que el servicio exterior británico revelara que en 2016 firmó un acuerdo por las Islas Malvinas con ese funcionario en aparente estado de ebriedad.

En un documento, el FreSu destacó que toda la política laboral del gobierno libertario “combina el shock con la represión” y denuncia que “las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con el único objetivo de “evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”.

También señaló que las represiones a la protesta social registraron “un ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores”. La presentación menciona como antecedente el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido durante una manifestación realizada en marzo de 2025.

Según los denunciantes, ese episodio constituye uno de los ejemplos más significativos de las políticas represivas implementadas desde diciembre de 2023 y forma parte de un patrón de violencia estatal que, sostienen, afecta derechos humanos y restringe el espacio cívico. Además de exponer sobre los efectos de la reforma laboral, el FreSU adelantó que durante la audiencia denunciará situaciones de persecución política contra organizaciones y dirigentes gremiales.

Por su parte, representantes del Estado argentino deberán comparecer ante la CIDH para responder a los planteos y defender la posición oficial respecto de la legislación cuestionada. Las organizaciones promotoras de la denuncia sostienen que el proceso de reformas impulsado por el Gobierno “combina el shock con la represión” y advirtieron que la nueva legislación implica una reducción de derechos históricamente reconocidos por la normativa laboral argentina.

📅 4/8 — Audiencia ante la CIDH (CELS, Buenos Aires)

El FreSU llevará el reclamo de las y los trabajadores argentinos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.

— FESPROSA (@FESPROSAsalud) July 29, 2026

En tanto, ayer lunes hubo una audiencia donde el gobierno también tuvo que dar explicaciones ante la CIDH. En este caso se trata de reclamos por las condiciones de acceso integral a la salud en la Argentina, que según un grupo de entidades “están en grave retroceso y deterioro” a partir de distintas medidas que el gobierno nacional ha tomado desde su asunción y profundizado durante sus casi tres años de gestión.

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS, la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP), la Fundación Huésped, la Fundación Soberanía Sanitaria y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), que se presentaron ante la CIDH para exponer las consecuencias del ajuste fiscal sobre el sistema sanitario.

Como ejes centrales para que la CIDH “evalúe, abordaremos el desfinanciamiento extremo del Programa Remediar, el resurgimiento de enfermedades a partir de la eliminación o la falta de control de vacunas, la reducción de coberturas en medicamentos, pensiones y tratamientos que afecta a personas con discapacidad y con infecciones de trasmisión sexual, y las preocupaciones que genera el proyecto regresivo de reforma de la Ley de Salud Mental”.