El presidente Javier Milei presentó ante legisladores de La Libertad Avanza, y luego formalizó por cadena nacional, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa, que el Ejecutivo ya remite al Congreso, busca derogar en lo sustancial la reforma de 2012 —sancionada durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner— y reinstalar, actualizada y endurecida, la lógica monetarista de mandato único que caracterizó a la entidad en los años noventa.

El proyecto forma parte de un paquete más amplio que incluye el llamado “grillete fiscal” y una reforma del mercado de capitales, y llega en un momento en que el FMI —cuya directora gerente, Kristalina Georgieva, se reunió con Milei días atrás en Buenos Aires— viene reclamando explícitamente “reformas legales más amplias” de la Carta Orgánica para “fortalecer la independencia” de la entidad.

 

Mandato único: la moneda por encima de la producción y el empleo

El eje central del proyecto es la eliminación del esquema de objetivos múltiples incorporado en 2012, que había ampliado las finalidades del Banco Central para incluir, junto con la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El texto oficial reduce ese mandato a uno solo: preservar el valor de la moneda. 

Se trata de una definición que reproduce, casi textualmente, la redacción original de la ley de 1992 —y en el fondo, del propio espíritu fundacional del BCRA de 1935, previo a las sucesivas ampliaciones de sus funciones a lo largo del siglo XX—, pero llevada a un extremo doctrinario: para el equipo económico, la incorporación de objetivos de empleo y desarrollo “debilitó la política monetaria y favoreció la inflación”.

Es la traducción institucional de una premisa que Milei viene sosteniendo desde antes de ser candidato: que la autoridad monetaria no tiene nada que coordinar con el aparato productivo, porque cualquier función distinta de la estabilidad de precios es, por definición, una fuente de emisión y de “captura” por parte de “la política”.

 

Prohibición taxativa de financiar al Estado

El segundo punto —el más determinante en términos operativos— es la derogación del artículo 21 de la Carta Orgánica vigente, que regula los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro. Ese mecanismo, utilizado de manera recurrente por sucesivos gobiernos para cubrir el déficit fiscal mediante emisión, queda prohibido de modo explícito, junto con la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario y el financiamiento —directo o indirecto— a los tesoros provinciales y municipales.

La reforma de 2012 ya había eliminado, en su momento, la asignación específica de reservas para el pago a organismos multilaterales, lo que le permitió al Ejecutivo disponer de esos recursos con mayor libertad; el proyecto de Milei deroga también ese mecanismo por completo.

Criminalización de la asistencia monetaria

El tercer punto es el que más se aparta de los antecedentes de reforma de bancos centrales de la región: el proyecto propone que la violación de la independencia del BCRA —es decir, cualquier maniobra que fuerce financiamiento monetario al fisco— constituya un delito con pena de prisión, alcanzando tanto al directorio de la entidad como al Poder Ejecutivo y a los legisladores que avalen ese tipo de decisiones. No se trata solamente de una restricción normativa sino de la introducción de responsabilidad penal individual como mecanismo disuasivo, un salto cualitativo respecto de los resguardos institucionales habituales (mayorías agravadas, informes al Congreso, auditorías) que suelen usarse en experiencias comparadas de autonomía de bancos centrales.

 

Blindaje de las autoridades: remoción con dos tercios

El proyecto mantiene el mecanismo vigente de designación de las autoridades del Banco Central, pero endurece de manera sustantiva el procedimiento para removerlas: se exigirán dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso. El objetivo declarado es blindar al directorio frente a la “influencia del Poder Ejecutivo de turno” —incluyendo, en teoría, futuros gobiernos que quisieran revertir el esquema—, elevando el umbral político necesario para modificar la conducción de la entidad muy por encima de las mayorías legislativas ordinarias.

 

Una pieza de un paquete económico más amplio

El propio Milei encuadró la reforma como parte de un conjunto de tres iniciativas: junto con la Carta Orgánica del BCRA, el Ejecutivo impulsa el “grillete fiscal” —una regla que, ante un resultado fiscal deficitario sostenido durante varios meses, obliga al Congreso a corregir las cuentas públicas en un plazo acotado y, de no hacerlo, activa de forma automática un “shutdown” o cierre temporal de la administración pública, con paralización de actividades no esenciales, contrataciones y adjudicación de contratos— y una reforma del mercado de capitales. La lectura oficial es que las tres piezas conforman un mismo dispositivo: consolidar el equilibrio fiscal, impedir por ley cualquier forma de financiamiento del gasto vía emisión, y reorientar el sistema financiero hacia la intermediación del ahorro privado.

 

La lectura de fondo

El proyecto no es solamente una reforma técnica de gobernanza monetaria: es la codificación legal de un diagnóstico según el cual la inflación argentina de las últimas décadas tiene una causa única —la asistencia monetaria al Tesoro— y una solución única —clausurar por ley esa posibilidad, con sanción penal incluida. Esa lectura monocausal deja fuera de escena el problema central de la inestabilidad argentina: la restricción externa, es decir, la insuficiencia crónica de divisas que genera una economía con una estructura productiva desequilibrada, exportadora de bienes primarios e importadora de bienes industriales de mayor valor agregado, agravada por el condicionante de la deuda externa y la fuga constante de divisas.

En ese marco, el financiamiento monetario del déficit no es la causa primera de la inflación sino, muchas veces, el síntoma de una economía que no logra resolver su cuenta externa ni financiar su desarrollo con crédito de largo plazo.

Convertir a la autonomía absoluta del Banco Central en la piedra angular del programa —renunciando explícitamente a cualquier función de empleo o desarrollo— implica trasladar todo el peso del ajuste macroeconómico a la política fiscal y cambiaria, sin margen alguno de coordinación monetaria activa, en una economía que sigue sin resolver su restricción estructural de divisas. Es, en ese sentido, es una reforma que blinda un modelo de ajuste permanente y  pero  que no  resuelve el problema nucleo de la economia argentina.

El proyecto será tratado por el Congreso en un contexto legislativo condicionado por la correlación de fuerzas surgida de las elecciones de octubre, con el oficialismo apostando a que la reforma se consolide como uno de los pilares centrales de su estrategia económica de cara a 2027.