Por: Diego Lanese

Luego que la Corte Suprema de Justicia mantuviera la cautelar vigente, los docentes y nodocentes universitarios aumentaron la expectativa de conseguir en el corto plazo una nueva recuperación salarial. El acta acuerdo firmado en junio entre los gremios, los rectores y el gobierno generó un aumento de más de 20 puntos para este año, y quedaron pendientes cerca de 30 por ciento del retroceso de los ingresos, que se dio entre el 2024 y el 2025. Es que la Ley de Financiamiento Universitario está en plena vigencia, y debe cumplirse, según la dirigencia.

En los últimos días, el gobierno dio señales contradictorias de lo que piensa hacer en este conflicto, que sigue abierto. Por un lado, sus abogados reclamaron nuevamente que se baje la cautelar del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y dijo que mantendrá el cronograma de aumentos según el acta acuerdo.

Pero por otro lado, se hizo lo que se llama una “reserva presupuestaria” de los recursos para pagar el aumento que establece la ley. Ante estas cuestiones ambiguas, los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales pidieron formalmente adelantar la paritaria, y criticaron esta postura sin definición de la gestión libertaria.

Por su parte, el CIN solicitó que el Fuero Contencioso Administrativo dicte una sentencia definitiva sobre la aplicación de la normativa ante el incumplimiento del gobierno nacional sobre la cautelar que la Corte Suprema de Justicia dejó firme hace un mes.

Luego de conseguir un aumento del 24,33 por ciento en dos cuotas hace un mes, los gremios tienen todos los cañones apuntados a los casi 30 puntos que se perdieron en 2024 y 2025, y que quiere recuperar “cuanto antes”, por lo que pidieron la reapertura de paritarias. El acta firmada en junio tiene previsto que el 15 de septiembre se reanude la discusión trimestral, pero antes quieren que se cumpla la ley.  Por eso el gobierno decidió pedir otra vez la baja de la cautelar.

A través de un documento enviado por la Procuraduría General del Tesoro a la justicia, se pide en nombre de la secretaría de Educación que “se levante la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que puso en vigencia la Ley de Financiamiento Universitario”. En su escrito, al que tuvo acceso Política del Sur, se argumenta que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que no existía sentencia definitiva  como requisito de procedencia del recurso extraordinario federal que fuera interpuesto por esta parte contra la medida cautelar en cuestión”.

Además, se confirmó que los aumentos a otorgar serán los del acta firmada a principios de junio, y no hará caso a lo que establece la normativa, que obliga a pagar por todo lo perdido en estos años de gestión libertaria. Según el escrito, se confirmó que el Poder Ejecutivo Nacional “transferirá a las universidades nacionales los fondos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24.33 por ciento del modo en que allí se detalla (el acta cuerdo), lo cual contempla la situación salarial de los años 2025, 2026 y un tramo de recomposición por los salarios del año 2024”.

Además, se adelantó que “se continuará negociando una recomposición salarial correspondiente al desfasaje del año 2024, con fechas y criterios de actualización allí establecidos”.

Ante el incumplimiento del #Gobierno a la #cautelar que la #CorteSuprema dejó firme, los rectores del @CINoficial solicitaron que el fuero contencioso administrativo dicte sentencia definitiva sobre la aplicación de la Ley de #FinanciamientoUniversitariohttps://t.co/RkQrgYAOku pic.twitter.com/w3XsarC5Sm

— Periferia (@periferiacts) July 21, 2026

Pero de la misma manera, en el Ministerio de Economía tienen reservados los cercad e dos billones de pesos que se necesitan para cumplir la ley. Fuentes del Frente Sindical le confirmaron a Política del Sur que la secretaría de Hacienda “hizo la reserva presupuestaria de los recursos para pagar el aumento inmediatamente, aunque no usa esos recursos”. Esto, que contradice el escrito de la procuraduría, muestra la indefinición que existe en el gobierno respecto al tema.

“En este sentido el gobierno se contradice, si la cautelar está vigente como dice en la presentación, debe cumplirla”, agregaron las fuentes consultadas. La postura ambigua del oficialismo es lo que alerta a los gremios. Es que el pedido de fondos para afrontar el pago según la ley está realizado, pero en su escrito los abogados del Estado no lo establecen además de insistir con la baja de la cautelar y de hablar que pagarán lo que dice el acto, en la misma presentación marcaron otras medidas que se tomarán.

Por ejemplo, dijeron que “se convocará a paritarias con el sector docente y nodocente, que no podrá exceder los tres meses calendario”, confirmando la reunión de septiembre. Además, que habrá “una actualización presupuestaria para gastos de funcionamiento que abarca inclusive a los hospitales universitarios”. También que pagarán “la actualización del 50 por ciento de becas estudiantiles y fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y nodocentes”.  De la pérdida salarial no se habla.

Ante esto, esta semana desde Frente Sindical de las Universidades Nacionales presentaron un requerimiento formal ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU) para reclamar la apertura de la negociación paritaria y el cumplimiento de la norma. La presentación se produce tras “la ratificación de una medida cautelar por parte de la Corte Suprema y en medio de un conflicto salarial que se profundiza desde el inicio de la gestión de Javier Milei”.

En ese marco, los gremios sostuvieron que el Ejecutivo “debió haber cumplido con la legislación vigente y avanzar con la convocatoria a la negociación salarial, un reclamo que consideran prioritario ante el deterioro de los ingresos de las y los trabajadores de las universidades nacionales”. El pedido lleva la firma de todas organizaciones que conforman el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, espacio que desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei “viene denunciando la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes como consecuencia de la inflación y de la política de ajuste implementada por el gobierno nacional”.

Los sindicatos afirman que la falta de actualización salarial y la ausencia de convocatorias paritarias “profundizaron la crisis que atraviesa el sistema universitario, afectando tanto las condiciones laborales de sus trabajadores como el funcionamiento de las instituciones de educación superior”.

 

 

 

 

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Asimismo, sostienen que el reclamo por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario forma parte de una agenda que busca garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades nacionales, en un contexto marcado por la reducción de partidas presupuestarias y el conflicto entre el Gobierno y la comunidad universitaria.

Con esta nueva presentación ante la SPU, el Frente Sindical volvió a reclamar “una respuesta oficial que permita reabrir la negociación paritaria y dar cumplimiento a la normativa vigente, al tiempo que reiteró la necesidad de adoptar medidas que frenen el deterioro salarial que, según advierten, afecta a miles de trabajadores del sistema universitario argentino”.

Por su parte, el CIN, que reúne a los rectores de las universidades públicas del país, pidió que la Justicia habilite la feria judicial para avanzar con una sentencia definitiva en la causa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El planteo fue presentado ante el juzgado contencioso administrativo federal, que se encuentra de turno durante la feria. La intención es que el expediente no permanezca paralizado y que se resuelva el fondo de la discusión, luego de que la Corte Suprema dejara firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir parcialmente con la ley.

La cautelar, confirmada por el máximo tribunal a fines de junio, ordenó al Poder Ejecutivo aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles. Sin embargo, según sostienen las universidades, esos incrementos todavía no fueron efectivizados. El escrito fue impulsado por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en representación del CIN. Allí cuestionó la demora del Estado en cumplir tanto la ley como las resoluciones judiciales.