A través del decreto 612/2026, la Casa Rosada amplió la base utilizada para calcular el límite del 2 por ciento sobre las cuotas solidarias y otros aportes acordados en los convenios colectivos de trabajo. La reglamentación original, establecida mediante el decreto 407/2026, disponía que ese porcentaje se aplicara únicamente sobre el salario básico convencional. Esa definición reducía de manera considerable los recursos recibidos por las organizaciones gremiales.

 

La nueva norma establece que el cálculo también incluirá “las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional”. Quedarán excluidos los premios, bonos, horas extras, aguinaldo, sumas no remunerativas y otros conceptos que no se paguen de manera mensual y habitual.

⭕️ Aportes sindicales: el Gobierno habilitó fondos, pero redujo la base de cálculo

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El Decreto 612/2026 redefinió las contribuciones previstas en los convenios colectivos. Solo se computarán el salario básico y las sumas remunerativas… pic.twitter.com/PJqj3nCcQN

— Grupo La Provincia (@LaProvinciaBsAs) July 20, 2026

El decreto también dejó fuera del tope del 2 por ciento los aportes y contribuciones patronales destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, siempre que sean administrados y registrados de manera separada. La modificación permitirá que los fondos destinados, por ejemplo, al sostenimiento de obras sociales sindicales no queden incluidos dentro del límite general establecido por la reforma.

 

La decisión respondió a uno de los principales reclamos planteados por la CGT durante las conversaciones con funcionarios nacionales. La central obrera había advertido que la reglamentación original ponía en riesgo el funcionamiento económico de los gremios y de sus sistemas de salud.

 

El secretario general de la UOCRA e integrante de la conducción cegetista, Gerardo Martínez, afirmó que durante la negociación lograron preservar “el núcleo central del modelo sindical argentino”: las cuotas solidarias y los convenios colectivos. Martínez también destacó que se eliminó una disposición que buscaba impedir que las empresas actuaran como agentes de retención de las cuotas de afiliación. “Con eso se desmembraba toda la estructura sindical”, advirtió el dirigente.

 

Dentro de la CGT, la modificación fue interpretada como una derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, señalado como uno de los impulsores de las restricciones incluidas en la reglamentación original.

 

La rectificación fue oficializada en la antesala del plan de lucha anunciado por la central obrera, que comenzará este miércoles con una movilización al Congreso junto a organizaciones de jubilados. Aunque la medida alivió parcialmente la tensión con el sindicalismo, la CGT mantiene sus cuestionamientos al Gobierno por la caída del salario, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de empresas y otros puntos de la reforma laboral que afectan derechos individuales y colectivos.

 

La medida representa un cambio político relevante dentro de la estrategia laboral de la administración de Javier Milei. En el diseño original de la reforma, la Casa Rosada buscaba avanzar sobre las denominadas “cajas sindicales” y limitar los mecanismos de financiamiento extra de los sindicatos. Sin embargo, con la nueva normativa, los gremios recuperan margen para negociar mayores contribuciones con las cámaras empresarias dentro de los convenios colectivos de trabajo.

🇦🇷 LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN DERECHO: MARCHAMOS JUNTO A LAS Y LOS JUBILADOS

Movilizamos junto a las y los jubilados en defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna.

🗓️ Miércoles 22 de julio
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En la práctica, la decisión amplía la capacidad de negociación de los gremios y vuelve a colocar sobre la mesa un instrumento clave de financiamiento sindical. Aunque el Gobierno mantiene controles sobre el destino de esos fondos, la CGT y los sindicatos sectoriales recuperan una herramienta que había quedado limitada por la reforma.

 

En la CGT, el límite a los aportes había sido uno de los puntos más cuestionados durante la discusión de la reforma laboral. La central obrera sostenía que esas restricciones afectaban el funcionamiento de las organizaciones sindicales y reducían recursos destinados a prestaciones y servicios para trabajadores. Con el nuevo decreto, ese reclamo obtiene una respuesta favorable, aunque el oficialismo intente presentarlo como una aclaración técnica.

 

La discusión de fondo vuelve a ser la misma: cuánto margen debe tener el sindicalismo para financiar sus estructuras y qué controles debe imponer el Estado para evitar abusos, opacidad o cargas excesivas sobre el sector productivo. El Gobierno apuesta a mostrar que mantiene una línea de control sobre el uso de los fondos, pero políticamente la señal es clara: cedió en un punto sensible. Y lo hizo en un momento donde necesita abrir canales de diálogo con sindicatos, gobernadores, bloques legislativos y sectores empresarios para sostener su agenda de reformas.

 

La reforma laboral sigue siendo una de las banderas del oficialismo, pero este episodio demuestra que incluso un Gobierno que se presenta como inflexible debe recalcular cuando enfrenta resistencias organizadas. La CGT no logró frenar toda la reforma, pero sí consiguió que el Ejecutivo retroceda en un aspecto central del financiamiento gremial. El decreto 612/2026 deja una conclusión política evidente: la pulseada laboral continúa, pero el Gobierno ya no se mueve solamente con lógica de imposición. También empieza a medir costos, negociar correcciones y conceder cuando el equilibrio de fuerzas lo obliga.